¿Una sentencia? Una conclusión. Comentarios a la sentencia de la CIDH Norín Catrimán y otros vs. Chile

Si hay un lugar en Chile donde la ley del más fuerte impera, es en la Novena Región, sobre todo respecto del denominado “conflicto mapuche”. Sea por incendios, daños, ataques tendientes a provocar temores generalizados en la población, e incluso asesinatos alevosos y sin misericordia, provocados por grupos extremistas por causa mapuche.

Pero nos llama la atención una sentencia dictada por la CIDH, de fecha 29 de mayo de 2014, en la cual condena al Estado a reparaciones irrisorias respecto de los demandantes.

Antes de entrar en el fondo del asunto, haremos un breve resumen. Entre los años 2001 y 2002, comuneros indígenas pro reivindicación de tierras, son juzgados y condenados por incendio, conducta y amenazas en el contexto terrorista a altas penas de prisión, con sus accesorias de privación de derechos civiles y políticos. Desde aquel tiempo, los actos de violencia y terrorismo –y lo escribo sin ningún tapujo alguno- han aumentado de forma acelerada, siendo tal vez el caso más relevante el del denominado machi Celestino Cordova, por el incendio de la casa patronal y posterior asesinato del matrimonio Luchsinger-Mckay, siendo condenado a una pena de 15 años de prisión efectiva (Cosa que en este delito, se actuó en grupo, en despoblado y además a oscuras, de forma alevosa y sobresegura del resultado del delito. Justifíquese además que el fin de estos grupos es adrementar a la sociedad, causar temor generalizado, por lo tanto la figura terrorista cabe medio a medio).

Ahora, la CIDH constato “flagrante vulneración del principio de legalidad y de la presunción de inocencia en este caso”, considerando que el Art. 1 de la Ley 18.314, constituía una presunción legal del elemento subjetivo del tipo, y por lo tanto es violatoria al principio de legalidad según el articulado del Pacto de San José. Los jueces, se pasaron por alto el Art. 4 del Código Procesal Penal, el cual describe la presunción de inocencia “Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme”, por lo tanto, el determinar la culpabilidad fehaciente en un delito determinado, en un proceso racional y justo, se debe aportar la prueba ad-hoc en cantidad y calidad, para poder romper dicha presunción.

Consecuencialmente con lo anterior, consideró la CIDH, que también se violó el derecho a un juez o tribunal imparcial. Nuevamente este tribunal cae en el grosero error de desconocer la legislación interna, ya que este principio debe cumplirse a cabalidad en el proceso penal, y es más, si hubiese habido animo por parte de los jueces de manifestar parcialidad, la defensa tenía como método para evitar dicha problemática la implicancia o recusación de dichos jueces.

Respecto de las penas accesorias, la Corte considero que la imposición de estas penas constituye una grave afectación a los derechos políticos y civiles y la libertad de pensamiento. Lo que llama la atención es que consideren que la aplicación de la pena accesoria del Art. 9 de la Constitución, sea contra derecho, considerando que esta se aplica una vez decretada la sentencia condenatoria y no como un “efecto intimidante e inhibidor” como considera la Corte. Sobre los derechos políticos, el aplicar una pena accesoria de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos a líderes y dirigentes tradicionales, vulnera la representación de dichas comunidades respecto de otras. Falso. Toda autoridad dentro de una comunidad indígena se basa en costumbres propias de ella, y la legislación que más interpreta dicha costumbre indígena es la misma Ley Indígena, que le da valor legal a la costumbre.

Respecto de las reparaciones, no queda otra conclusión que considerarlas abusivas y fuera de todo plano legal en el derecho interno. Más aun en el fondo legal, donde la CIDH impone dejar sin efecto las sentencias condenatorias penales, cosa que suena ruidosa y contra nuestro derecho interno, ya que para eso, la parte defensora tuvo su oportunidad procesal incluso para dejar sin efecto dicha sentencia, e incluso solicitar su revisión.

La otra reparación, es aquella tendiente a regular la protección a testigos en lo relativo a la protección de la identidad, dejando claro el fallo que no debe ser utilizado por ningún motivo como un medio de prueba decisivo para fundamentar una sentencia. Otra vez cae en un grosero error este dictamen, ya que para fundamentar un fallo en el proceso penal, no solo se requiere de la prueba testimonial, sino de todo antecedente de hecho, pericial, e incluso de todo antecedente doctrinario y legal que tienda a fundar jurídicamente el fallo condenatorio. Por lo tanto, en ningún caso, la prueba testimonial por si sola podrá ser un medio de prueba decisivo, para sentenciar a un condenado.

Este fallo, nos lleva a la siguiente conclusión: CONSTITUYE UN ATROPELLO FLAGRANTE AL ESTADO DE DERECHO INTERNO. No solo por la forma en que se ha fallado, sino por el desconocimiento y mala interpretación de la normativa interna. Y es más, por tratar a cierto grupo de la sociedad como un grupo privilegiado, nos hace pensar que nuestro estatuto constitucional ha sido fragmentado en mil pedazos, por culpa de un estatuto que, si bien integra nuestro ordenamiento jurídico, no hace más que atentar contra nuestro Derecho.

Por esta sentencia nuestro Estado de Derecho está en peligro, por muy sólido y consolidado que se vea.

2 Comentarios
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