Una Revisión a la Responsabilidad por Daño Ambiental en Chile.

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Al empezar a revisar la Responsabilidad por Daño Ambiental en Chile, he de remontarme a que esta especie o clase de daño era ignorado hasta la vigencia de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, hasta ese instante la lesión al medio ambiente o alguno de sus elementos, quedaba sin reparación. La responsabilidad del derecho común sólo alcanzaba a los daños patrimoniales y/o no patrimoniales que derivaban de tal lesión: daño emergente, lucro cesante, daño moral, etc.

La ley  N°  19.300 consagra el principio que se  ha ido  acuñando  en los ordenamientos jurídicos,  el de la responsabilidad ambiental, y que se traduce en la máxima: “el que contamina paga”, modificado levemente, en términos de “quien contamina debe reparar materialmente el daño causado a su costo”‘. Se trasladan los costos de la reparación del daño ambiental desde  la sociedad toda hasta los operadores que causan a propósito del desarrollo de una actividad que cede exclusivamente en su beneficio, es por ello que la ley 19.300 reconoce el principio de responsabilidad por daño ambiental.

El artículo 2 letra e) de la ley 19.300 define el Daño Ambiental como toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componente, en los dichos del profesor Fernández Bitterlich, no es cualquier menoscabo, detrimento, disminución o pérdida ocasionada al medio ambiente lo que puede catalogarse como daño, sino que éste, para que sea tal, debe ser significativo, es decir, importante, trascendente, como lo expresa el Diccionario de la Lengua Española: que tiene importancia por representar o significar algún valor. El concepto de daño no se había incorporado en el texto del proyecto presentado por el Ejecutivo, sino que tiene su origen en la discusión posterior en el Congreso Nacional. Se deduce entonces que todo daño debe ser reparado, pero se produce inmediatamente la primera limitación cuando el daño ambiental que genera la responsabilidad sólo es aquel que sea de carácter significativo, quedando fuera del sistema de responsabilidad por daño ambiental aquellos daños que no superen este umbral.

El profesor Bermúdez Soto señala que el daño ambiental es el presupuesto de la responsabilidad ambiental, es decir, para que surja la responsabilidad es necesaria, primero, la concurrencia de un daño ambiental, solo en virtud de la ocurrencia de éste surgirá la obligación de reparar los perjuicios, que es lo que persigue, como cualquier otra , esta clase de responsabilidad. Lo importante es tener claro que el daño que se busca reparar no es el que sufren los particulares en su patrimonio, vida o salud, con ocasión de un daño ambiental, sino reparar el daño ambiental puro. El daño ambiental implica una lesión al medio ambiente o a alguno de sus componentes, entendido como bien jurídico colectivo y cuyo último titular es el Estado, que por mandato constitucional tiene el deber de preservar el medio ambiente y así asegurar el derecho de todos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Quiere decir que una acción u omisión puede lesionar el medio ambiente y hacer nacer exclusivamente la acción ambiental para obtener la reparación del daño. En este caso sólo estaría comprometido el interés colectivo de preservación del medio ambiente. No obstante lo anterior, la Ley considera la posibilidad que el daño ambiental lesione otros bienes jurídicos, ahora de titularidad individual, causando daño civil a la persona o propiedad de otro. Nace entonces la responsabilidad ambiental y la del derecho común, reconociéndose que ambas responsabilidades son perfectamente compatibles.

Se deduce entonces que con la ley 19.300, rige  en materia ambiental el principio de la reparación integral que ordena que todo daño, cualquiera sea su naturaleza, ha de ser reparado; la responsabilidad ambiental queda sometida al régimen de la Ley Nº 19.300 y, en lo no previsto por ella, a las del título 35º del libro IV del Código Civil.

El artículo 51 inciso 1 de la ley 19.300 hace aplicable el sistema de responsabilidad a “todo el que” cause un daño ambiental, expresión que también utiliza el artículo 3 de la misma ley, es decir el sistema se aplica a todos los sujetos, sean estas personas naturales o jurídicas, con la expresión “todo el que”, se refiere a que quien cause daño está obligado a repararlo. La Ley 19.300 mantiene el sistema general vigente en Chile de manera que el autor del daño ambiental solo contrae la obligación de resarcirlo o repararlo materialmente a condición de haber actuado maliciosa o negligentemente.

El sistema actual de responsabilidad por daño ambiental se funda, principalmente, en dos acciones: la Acción Indemnizatoria, contemplada en el artículo 53 de la Ley de Bases y la Acción de Reparación del Medioambiente o Acción Ambiental, contemplada en el artículo 54 de la misma ley. La Acción Indemnizatoria tiene por finalidad volver las cosas al estado anterior a la afectación mediante una prestación pecuniaria. La Acción Ambiental, cuya importancia para la protección del medioambiente es crucial, tiene por objeto obtener la reparación del medioambiente dañado en forma específica, in natura o material y no mediante una indemnización pecuniaria. Esta reparación consiste en una acción orientada a reponer el medioambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado o en caso de no ser ello posible, reestablecer sus propiedades básicas.

En palabras de Rafael Valenzuela “acción ambiental” es la que tiene por objeto obtener la reparación material del medio ambiente dañado, a expensas del causante del daño ambiental.  Esta reparación es definida por la ley como “la acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas”. 

El artículo 54 de la Ley Nº 19.300 define quiénes pueden ejercer la acción ambiental con el único objeto de obtener la reparación del daño ambiental y la norma prescribe: “Son titulares de la acción ambiental señalada en el artículo anterior, y con el solo objeto de obtener la reparación del medio ambiente dañado, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sufrido el daño o perjuicio, las municipalidades, por los hechos acaecidos en sus respectivas comunas, y el Estado, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado. Deducida demanda por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros. Para los efectos del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, se presume que las municipalidades y el Estado tienen interés actual en los resultados del juicio. Cualquier persona podrá requerir a la municipalidad en cuyo ámbito se desarrollen las actividades que causen daño al medio ambiente para que ésta, en su representación y sobre la base de los antecedentes que el requirente deberá proporcionarle, deduzca la respectiva acción ambiental.

Concluyo resumiendo que la responsabilidad ambiental tiene por primer objeto una prestación de hacer, la reparación material del daño en la medida que sea posible. Sin embargo, cuando tal reparación material, en los términos previstos por la propia ley, no es posible total o parcialmente, se abre paso, por aplicación del  art.  3 de la ley y las  normas de derecho  común,  a la indemnización de daños como una reparación en equivalencia.

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