Una o la otra; o no lee, o lee y no entiende.

Luciano Pitronello está siendo tratado como culpable.

En la audiencia de formalización fue decretada en su contra como medida cautelar la prisión preventiva. Medida sistemáticamente incoherente (Presunción de inocencia como principio básico, así consagrado en el CPP), y político criminalmente ilegítima (presunción de inocencia como derecho fundamental).

Raul Guzman, Fiscal regional sur, comentó a los medios (¿de información o de transmisión de la melancolía hacia el sistema inquisitivo?) que planteó la medida en atención a la gravedad de la pena asignada al delito y, a través de un modo de expresión algo confuso, también, por la idea según la cual se estima que una vez formalizada una investigación en contra de un imputado, su situación varía de tal modo que genera un incentivo para sustraerse de la acción de la justicia y de los fines del procedimiento.

El primer elemento mencionado -la gravedad de la pena asignada al delito- merece un breve análisis. En efecto, el Código indica, dentro de la regulación sistémica de la prisión preventiva, que esto es algo a considerar a efecto de acreditar la peligrosidad social de determinado imputado. Sin embargo, como cualquier persona con un mínimo de razonamiento jurídico puede advertir, la pena que un delito imputado tenga asignada es algo a considerar, eventualmente, solo en el caso en que el tribunal, más allá de toda duda razonable, adquiera la convicción de que se ha cometido un hecho punible y que en él hubiere tenido participación la persona enjuiciada.. a efecto, obviamente, de condenarla, y castigarla.

No antes.

Empero, en una incoherencia visiblemente absurda, el Código señala que puede considerarse para tratar a alguien como culpable antes de mediar la certeza y la condena recién aludidas. En este sentido, resulta argumentativamente parasitario repetir aquello que la ley indica afectando la sistematicidad con la que ella misma intenta -sin éxito- dar al texto que regula el Proceso Penal.

Respecto de este parasitario discurso persecutor cabe indicar, además, al menos dos cosas.

Primero, no basta intentar aterrizar esta esotérica idea de peligrosidad social. Además, se requiere, entre otras cosas, demostrar que las otras medidas cautelares que el Código indica son insuficientes (Para el éxito del procedimiento o la seguridad de la sociedad, en este caso). Esto es tarea del Fiscal.

Por otro lado, lo que es más grave (ya que a estas alturas parece ser que no mucho se puede esperar de estos fiscales que ven y comparten con los medios su obsesión por el terrorismo), está el deber del Juez. Quien interviene en este momento procesal es un Juez de Garantía. Destaco no para subrayar que son las garantías fundamentales lo que estos jueces deben proteger, sino para resaltar que de Garantía parecen tener el solo título. ¿Qué otra cosa puede pensarse si la regulación de la prisión preventiva parte repitiendo el texto del derecho a la libertad? Una o la otra; o el juez no ha leído esta norma, o la lee y no la entiende. Esta medida es, más de derecho que de hecho, de ultima ratio. Procede sólo cuando las tantas otras son insuficientes, cuando es indispensable, y cuando se dan los requisitos que en particular se exigen (cuya deficiente redacción merece un tratamiento más extenso).

Difícilmente puede considerarse como insuficiente, sea para la seguridad de la sociedad, sea para evitar la fuga de Luciano, que se decrete su arresto domiciliario, por ejemplo, en conjunto con la sujeción a la vigilancia de una persona y la prohibición o restricción de sus comunicaciones. Así, la medida es improcedente (esperemos que así se tramite durante la Apelación en su contra).

Finalmente, ¿Qué parte del Código regula esto del incentivo que produce la formalización a sustraerse de la acción de la justicia y de los fines del procedimiento? ¿No será que el fiscal, en un lenguaje jurídicamente pobre, intenta manifestar su inquietud por un peligro de fuga?

Y si así lo piensa ¿No será, en consecuencia, suficiente la sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada que informe de esto periódicamente al juez? Que piense lo que quiera. Que imagine hasta donde pueda. Pero que eso lo deje para su tiempo libre. Sus teorías de dudosa dignidad científico psicológica o criminalística no constituyen prueba ni medio suficiente, ni procesalmente sostenible, para tratar a esta persona como quiere tratarla.

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