Tribunales validan disculpas verbales ante violencia intrafamiliar entre Mapuches

Autor: Millecer Bravo

El día 28 de marzo, el diario el Mercurio dio noticia sobre un tema de no menor relevancia, en cuanto a materias relacionadas a la violencia intrafamiliar. Lo particular del caso que dicho medio expuso, resultó ser el hecho de que se trataba del caso de una familia perteneciente a la etnia mapuche, en el cual la defensoría invoca las formas propias que tienen los pueblos para resolver los conflictos, basándose en el convenio 169 de la OIT, y en jurisprudencia  de cinco casos confirmados ante la Corte Suprema, los cuales han sido debidamente seguidos, pudiendo comprobarse la efectividad del acuerdo reparatorio, el cual permitió resolver dichos conflictos mediante disculpas públicas ante las autoridades correspondientes de la etnia.

Aquello tiene cierto grado de aceptación si y solo si se trata de mujeres que no estuvieran en el caso de haber sufrido violencia histórica o reiterada, ni mucho menos mujeres que presentaren lesiones graves. En ese caso, la defensoría comprendería que tal nivel de violencia no permite el progreso de dicha salida alternativa, es por ello que se invoca el acuerdo reparatorio en caso de que no se tratara de casos que deben ser sancionados de manera más severa.

En contrapartida, el fiscal del ministerio público, señala que en sede penal es completamente aceptable pero que según la ley de violencia intrafamiliar este tipo de salida alternativa estaría expresamente prohibida, pues las medidas de reparo que solicita la fiscalía en los casos de suspensión condicional, como por ejemplo tratamiento psicológico, serían imposibles de realizar bajo un acuerdo reparatorio.

Por su parte el SERNAM se pronuncia con el debido reproche, sosteniendo que hay normas más importantes que podrían hacer frente al convenio 169, y que como institución creada para proteger a la mujer, está dispuesta a ser parte en el juicio pro defensa de la víctima, pero se necesita expresamente la venia de esta para pasar a tomar el carácter de parte en el procedimiento.

La discusión que se genera a propósito de lo señalado, es respecto de la real jurisdicción que tienen nuestros tribunales para resolver conflictos entre sujetos a los cuales el Estado a través de la historia les ha ido proporcionando herramientas  para su integración a la sociedad chilena (más que otorgarles un reconocimiento propiamente tal como el pueblo originario que es – esto claramente como visión personal al respecto- ), tales herramientas de integración permiten el pleno respeto para el desarrollo de su cultura.

El profesor Mario Mosquera Ruiz, señala que Jurisdicción es “el poder-deber del Estado que se radica preferentemente en los tribunales de justicia, para que estos como órganos imparciales e independientes, resuelvan de manera definitiva e inalterable, con posibilidad de ejecución, los conflictos de relevancia jurídica que se susciten entre las partes en el orden temporal y dentro del territorio nacional y con efecto de cosa juzgada”.

Sabemos entonces que el encargado de administrar la justicia es el Estado, por lo que es menester preguntarse qué debiese hacer este respecto de materias como las expuestas, que afectan directamente a nuestras etnias originarias.

Todos y cada uno de los tribunales de nuestro país, como es lógico, gozan de  jurisdicción como elemento esencial, por ende pueden todos ellos conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado del caso en cuestión. Pero por otra parte, cuando el Estado da tratamiento y lugar a los pueblos originarios, este no puede pretender insertarlos en sistemas que no son propios de su cultura y tradiciones, aún más, cuando ha ratificado el convenio 169. Este debería  tomar  en cuenta las costumbres o normas internas traspasadas de generación en generación, así también los métodos a los que los pueblos recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Así las cosas, los gobiernos deben asegurar la igualdad de derechos de los pueblos originarios con respecto a los otros habitantes del país, además de promover los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres  tradiciones e instituciones.

De esta manera cabe preguntarse si el Estado debiese crear un aparato jurisdiccional distinto, con características y organismos propios, atendida la naturaleza, no solo del conflicto en cuanto competencia, sino que también de la realidad social concreta de dichos pueblos. Si así fuese podría aplicarse su normativa siempre que tales métodos no transgredan los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente.

Actualmente en cambio, en relación con la normativa vigente, es necesario establecer en la mayor medida posible lo comentado inclusive por la ficha básica sobre el convenio 169, de la biblioteca del congreso nacional, en cuanto a si “ ¿se establece un trato especial en los procesos penales? en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Las autoridades y los tribunales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos para tratar los casos penales. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Deberá, además, darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.

De este modo, serian plenamente aplicables en nuestros tribunales los acuerdos reparatorios en virtud de todo lo ya señalado, pareciendo ser más factible que operaren en base a la naturaleza de los pueblos originarios, manteniendo las diferencias no arbitrarias por respeto a su desenvolvimiento cultural.

Todo esto, además,  daría paso a la mayor incorporación de la Costumbre como una de las fuentes del Derecho Chileno.

Desde otra perspectiva, el conflicto pudiera plantearse ya desde una visión filosófica del derecho en cuanto a la discusión sobre el verdadero reconocimiento de los derechos de las minorías, temática sobre la cual no es menester ahondar en esta ocasión, pero que es tratado en mayor extensión en la obra “El sistema  internacional de los derechos indígenas” de el autor Rodolfo Stavenhagen.

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