Tribunales Ambientales.

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El Mensaje Presidencial que contenía el proyecto de ley que creaba el Tribunal Ambiental, señalaba que el objetivo de dicho tribunal sería:

– Actuar como órgano de control jurisdiccional de las decisiones de la Superintendencia del Medio Ambiente.

– Resolver las controversias contenciosas administrativas en materia ambiental.

– Resolver las demandas por daño ambiental.

Por lo anteriormente dicho, el Tribunal Ambiental estaría dotado de competencias administrativas, relacionadas con el control y revisión de los actos administrativos de la autoridad ambiental. Así se trasladarían al Tribunal Ambiental todas las atribuciones contenciosas administrativas de la Ley 19.300 de las que se desprende, aquellas relacionadas con los actos administrativos del Servicio de Evaluación Ambiental, que se puede establecer de la siguiente forma:

– Conocer las reclamaciones que se interpongan en contra de las resoluciones del Comité de Ministros  o del Director Ejecutivo que resuelve el recurso administrativo cuando se rechace un proyecto sometido al SEIA, o se establezcan condiciones o exigencias en un EIA o una DIA, conforme al artículo 20 de la ley 19.300.

– Conocer las reclamaciones que interponga cualquier persona natural o jurídica en contra de la resolución del Comité de Ministros o del Director Ejecutivo que resuelva el recurso administrativo cuando las observaciones no hubieren sido consideradas en el procedimiento de evaluación ambiental, en conformidad a lo señalado en los artículos 29 y 30 de la ley 19.300.

– Conocer las reclamaciones que se interpongan en contra de la resolución del SEA que la Resolución de Calificación Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 Quinquies de la Ley 19.300.

Pero lo más novedoso que contenía el mensaje, es que sería de competencia del Tribunal Ambiental conocer el reclamo de ilegalidad en contra de los actos administrativos del SEA, competencia que no figuraba en las atribuciones administrativas de la ley 19.300 que se trasladarían ahora al Tribunal Ambiental. Luego del trámite legislativo y el paso por las comisiones del parlamento, se puede advertir que los parlamentarios fueron reticentes a otorgar al Tribunal Ambiental competencias amplias en el contencioso administrativo del SEIA,  ya que asumieron que dotar de ello a este organismo, podría exacerbar la judicialización de proyectos y colapsar el funcionamiento de los Tribunales Ambientales que existen a lo largo del país. Por ello se aumentó a tres el número de Tribunales (Antofagasta, Santiago y Valdivia), también se redujeron a tres sus integrantes, aunque se mantuvo la composición mixta: dos abogados y un licenciado en ciencias con especialización en materias medioambientales. Se mantuvieron los seis años de duración en el cargo y las exigencias de tener al menos diez años de experiencia laboral y la de haberse destacado en la actividad profesional o académica. Estableciendo un sistema de nombramiento único para todos los miembros: designa el Presidente de la República con acuerdo de los 2/3 del Senado, a partir de una nómina confeccionada por el Consejo de Alta Dirección Pública, previo concurso público.

La discusión principal dice relación con la extensión de las competencias de los Tribunales. A mi parecer es importante ampliar el ámbito de sus competencias, fundados en la existencia de una serie de importantes temas que estarían quedando fuera del alcance de los Tribunales y, por lo tanto, no estarían siendo debidamente resguardados, como sucede actualmente con los asuntos pesqueros. Lo mismo sucede con asuntos relativos a la biodiversidad y a los planes de manejo, los que tampoco están siendo conocidos por los Tribunales, lo cual generaría categorías de normas: habrían temas de primera y de segunda categoría. Por ello resulta preocupante la disparidad de soluciones jurisdiccionales en todos los otros temas que no estarían dentro del ámbito sus competencias.

Ligado a las competencias está el tema de la legitimación activa. Analizado por el Senado este asunto, se optó por conferir la calidad de “parte”, en los procedimientos de reclamación, a todos aquellos que se encuentren dentro de las hipótesis de legitimación contempladas en los distintos numerales donde se definen las competencias de los Tribunales, lo que también se vio ampliado por la extensa definición de “acto administrativo de carácter ambiental” dada por el artículo 17 N°8. Por su parte, en los procedimientos de daño ambiental, podrán acudir a los Tribunales las personas naturales o jurídicas que hayan sufrido el o los perjuicios, las municipalidades y el Consejo de Defensa del Estado.

Asimismo, se introdujo por primera vez en la historia legislativa nacional, la figura del “Amicus Curiae” o “amigo de la corte”, a través de la cual es posible que un tercero idóneo, sin tener la calidad de parte e invocando un interés público, pueda presentarle al Tribunal un informe con observaciones, comentarios o sugerencias, debiendo este último tenerlo en consideración al momento de fallar. En cuanto al establecimiento de la figura del “Amicus Curiae” hubo pleno consenso en considerarla como un gran avance, por cuanto a través de esta clave innovación –y la de una legitimación activa amplia– se posibilita y fomenta el acceso de la sociedad civil a los Tribunales Ambientales; y se recoge uno de los indicadores de acceso a la justicia ambiental según parámetros del World Resources Institute (WRI) y de la Iniciativa Acceso que buscar promover el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992.

Una de las principales razones para la creación de un Tribunal Ambiental fue incorporar al ordenamiento jurídico chileno un órgano jurisdiccional de carácter técnico, especializado y de composición mixta que se ocupara del contencioso administrativo ambiental.

Es por ello que a modo de conclusión hoy mencionamos al proyecto Pascua Lama, de Barrick Gold, que es la primera causa que va a revisar el Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, y jurisdicción sobre los conflictos ambientales de la zona central del país, inició el trámite de la reclamación de Barrick Gold y la minera Nevada (filial que administra el proyecto Pascua Lama) en contra de las sanciones que impuso en marzo la Superintendencia de Medioambiente respecto del incorrecto manejo y cuidado de los glaciares en el sector precordillerano de Atacama. El Tribunal debe determinar si la firma está infringiendo o no la Resolución de Calificación Ambiental aprobada en 2006.

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