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Transgénicos: ¿En dónde nos encontramos?

transgenicos

Por: Nicolás Pinochet

“Para algunos, son una fórmula para potenciar la agricultura; para otros, un peligro para la salud y la biodiversidad. En lo que todos coinciden: que la situación actual de la legislación chilena sobre transgénicos es insuficiente y es necesario tomar una postura clara frente al tema”

(La Tercera, 17 de abril de 2011)

La ciencia ha puesto al derecho cada vez más en aprietos, y es que las estructuras rígidas de la ley muchas veces no van a la misma velocidad que los avances científicos, estos últimos han creado diversos dilemas y debates públicos que siempre terminan por llegar de manera inevitable a la discusión legal. Los avances de la biotecnología y específicamente la discusión que ha generado el consumo de los transgénicos no han estado ajenos a lo anterior.

Un transgénico (u organismo modificado genéticamente) es un organismo vivo que ha sido creado artificialmente manipulando sus genes, aislando segmentos de ADN de una especie para introducirlas en la de otra y de esta forma producir en dicha especie las características que se desean.

El caso de los transgénicos (y quizás la ciencia en general) constituye una situación de regulación normativa de las más complejas, pues el avance científico nos plantea un escenario –para muchos, sino todos- desconocido, de lo cual surge cierto temor, tal vez infundado pero lógico, de lo anterior destacamos dos aspectos, en primer lugar, es difícil imaginar que el avance de la investigación genética y su aplicación no generen riesgos al medioambiente y a las personas y en segundo lugar, es reconocida la incertidumbre científica  sobre las consecuencias efectivas que los transgénicos puedan ocasionar (o por lo menos llevan a conclusiones contradictorias). A pesar de lo anterior no podemos limitar los avances de la ciencia (por lo menos a nivel de investigación) por aquel miedo a lo desconocido, pues pese a todo, la ciencia continuará avanzando y el derecho detrás de ella deberá trabajar por alcanzarla.

En la actualidad la regulación de los transgénicos es algo que resulta imperioso, principalmente porque el avance científico se debe en gran medida al financiamiento privado de diversos proyectos de investigación, donde lo que se busca es la obtención de rentabilidad económica de los resultados obtenidos por dichos proyectos en el corto y mediano plazo[1], Lo cual ha permitido que hoy en día  diversos productos de origen transgénico se encuentren en el mercado, tal vez incluso sin saberlo.

De esta manera a nivel internacional estas materias han sido tratadas durante los últimos años, de forma que podemos encontrar la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos y Genoma Humano de 1997. En Europa se encuentra el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Biomedicina de 1997, y sus protocolos adicionales (Prohibición de clonación de seres humanos; Sobre investigación biomédica, sobre trasplantes y sobre los test genéticos con fines de salud[2]). Y diversas normas nacionales que permiten la comercialización de transgénicos.

Así las cosas surge la pregunta ¿Qué sucede en Chile con los transgénicos? Como muchas veces se ha comentado nuestro país presenta una situación particular (el famoso “The Chilean way”), sucede que mientras está permitido sembrar semillas transgénicas en el país, se prohíbe la venta de ellas en el territorio nacional, sin embargo, está autorizada la importación de estas semillas (como el maíz), situación paradójica que nos obliga a importar aquello que producimos.

Es necesario mejorar la legislación existente, y para aquello hay que tener en cuenta el principio precautorio al momento de pensar en una legislación adecuada. Hoy en el discurso nacional hay múltiples opiniones, hay quienes plantean que los transgénicos deben ser autorizados sólo para fines de investigación, otros incluyen la comercialización de productos transgénicos, y quizás algunos se nieguen rotundamente a la utilización de transgénicos.

Pero como menciono, es necesario tener presente el Principio Precautorio el cual “aspira a orientar las medidas a tomar cuando se sospecha que determinados productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, pero todavía no se cuenta con una prueba definitiva de tal riesgo” (Andorno, Roberto. Universidad de Tübingen). Y es que el caso de los transgénicos calza perfectamente, este principio no busca estancar los avances de la ciencia, sin embargo es poco sensato permitir la comercialización de sus productos hasta no tener resultados más certeros sobre sus efectos, por este motivo hay que fomentar los proyectos de investigación relacionados a la transgenia y principalmente a establecer cuáles son los efectos que genera en el hombre y el medioambiente.

Así las cosas, y teniendo en cuenta lo que las leyes[3] regulan en la actualidad parece ser que el legislador se inclina a optar por autorizar la utilización de transgénicos tanto para proyectos de investigación, como para su comercialización (sólo con fines de exportación, pero permitiendo la importación).

En la actualidad se encuentra en discusión en el congreso un proyecto de ley que regula los derechos sobre obtenciones vegetales (Boletín 6355-01) que ingresó a tramitación el año 2009. Este proyecto es de mucha relevancia pues establece importantes derechos para los obtenedores vegetales (Persona natural o jurídica que hubiere creado o descubierto y puesto a punto una variedad vegetal). Entre estos llamados “obtenedores” podemos incluir también a los productores de semillas transgénicas.

Básicamente el proyecto se encarga de derogar la actual ley 19.342, y complementar el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocido como UPOV ´91. (Son parte de esta organización empresas como Monsanto (controladora de más del 90% del mercado de la semilla transgénica), Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer).

Hay que tener presente que Chile está suscrito al UPOV ´78, (producto de esto dicto la ley 19.342) y la adhesión al UPOV ´91 no es obligatoria para nuestro país, por estar suscrito con anterioridad. Sin embargo, está en la obligación de adherirse al convenio UPOV ´91, pues el Estado de Chile  al suscribir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos consintió en aquello.

Entre los derechos que se les otorga a los obtenedores (que en definitiva son los creadores de esta nueva especie) se encuentran algunos bastante criticados:

  1. Derecho a la venta, oferta, publicidad, comercialización, importación o exportación del material.

En este punto, considero acertada la opinión de Hernán Larraín quien señalo: “cuando alguien obtiene una patente porque genera una especie vegetal que no existía tiene derecho a una patente intelectual como cualquier persona que crea algo”.

  1. Se requiere de autorización del titular del material para ejercer los derechos del punto a) sobre el producto de la cosecha, variedades derivadas de un material ya protegido y las variedades que no se distingan de la variedad protegida.

En este segundo punto se presenta –a mi manera de ver- uno de los inconvenientes más graves, según el senador Letelier, lo anterior “limita el derecho del agricultor a utilizar una semilla que él ha producido si originalmente utilizo semillas certificadas”. Por mi parte creo que es necesario definir en qué consiste la autorización, pero claro está, que lo ideal es no limitar la actividad de los agricultores nacionales.

Cabe agregar que el derecho del obtenedor (y por lo tanto la limitación expuesta en el punto b) tiene una vigencia de 25 años en especies de árboles y vides, y de 20 años en el resto de las especies.

De esta forma, se discute una importante ley que probablemente se apruebe para cumplir con el compromiso realizado con EE.UU. Sin embargo a pesar de lo relevante de estas normas, nos encontramos en una discusión que se olvida de temas mucho más básicos e importantes. Algunos de estos temas son:

  • Establecer el etiquetado obligatorio de los productos transgénicos
  • Mejorar los controles existentes en la producción de semillas transgénicas, de manera que impida la contaminación de las semillas orgánicas.
  • Mejorar el sistema de procesamiento de las semillas orgánicas
  • Establecer un sistema de responsabilidad ocasionado por la contaminación de cultivos orgánicos.
  • Por último, si se permite el comercio de transgénicos importados, debería permitirse el comercio de transgénicos de producción nacional.

Organizaciones como la Oficina de Alimentos y Veterinaria de la Unión Europea han realizado serias críticas al sistema de producción de semillas chileno, recordemos los casos de contaminación de semillas de maíz en exportaciones a Alemania y recientemente la exportación de miel. Lo cual demuestra que aún quedan muchos elementos por mejorar.

Por lo tanto es necesario contar con una estructura de altos estándares, que asegure los requisitos mínimos para trabajar con transgénicos, de forma que no se perjudiquen las exportaciones chilenas, y por supuesto para cumplir con el principio precautorio. No se trata de limitar los avances de la ciencia, sino de construir una política pública sobre los transgénicos, comenzando por tomar en cuenta las recomendaciones realizadas por organismos internacionales, y respetando –como siempre- los derechos de las personas. Debemos intentar dejar de lado las historias de fantasía que nos llevan a negarnos a los avances, pero por sobre todo es deber de la ciencia entregar fundamentos contundentes que demuestren los efectos de los transgénicos y otorguen la confianza que falta.

[1] Vicente Bellver-Capella, Biotecnologia 2.0

[2] http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164.htm

[3] En general nuestro marco legislativo en materia de transgénicos está dada principalmente por la Resolución Nº1.523 del 2001 del Servicio Agrícola y Ganadero.

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