Tasas procesales ¿avanzando hacia el fin del la gratuidad en materia civil?

 

Una de las primeras cosas que hacemos, al comenzar a estudiar el Derecho Procesal Civil, es ni más ni menos que empaparnos del conocimiento relativo a lo que los principios que informan todo proceso, en términos generales, significan e implican tanto en la teoría como –de manera somera al menos- en la práctica. Surge entonces, en nuestras primeras aproximaciones al tema, la inevitable duda: ¿Qué es un principio procesal? Siguiendo la opinión del profesor José Quezada Meléndez, puede ser definido como aquellos que “orientan y regulan la coordinación de los actos procesales, generando el procedimiento”. Podemos decir entonces que son, en general, el pilar sobre el cual se sustenta la amplia estructura de la inmensa edificación denominada “proceso”, entendido este como el vehículo que utilizaremos para llevar un determinado derecho consagrado en la ley, a ser declarado por un juez para que este se manifieste en los hechos de manera material.

Es así como comprendemos, en un sentido amplio y en una primera aproximación, cuáles son las bases sobre las que se sustenta en nuestra legislación el proceso civil, de manera que virtualmente podamos moldear a modo de maqueta mental una concepción más o menos aproximada a lo que un procedimiento en sí significa –a lo cual todo estudiante de primer año, en general, se encuentra ajeno, pues no se ha visto enfrentado al mismo al momento de iniciar el estudio-. Las llegamos a comprender en nuestro estudio, de una manera tan profunda, tan internalizada y tan absoluta –por estricta instrucción de los profesores de la cátedra- que nos resulta difícil concebir un proceso que no contemple alguno de ellos, o bien contemple alguna de sus contrapartes –recordemos que para muchos autores, los principios formativos del procedimiento son concebidos en binomios contrapuestos, tales como oralidad y escrituración, o mediatez e inmediatez-.

De esta forma, entre los principios que estudiamos, asoma el llamado “Principio de Gratuidad” del proceso. Los jueces en nuestro país son funcionarios públicos, y como tales, reciben un sueldo del Estado, mas no reciben el pago de honorarios por su desempeño en la resolución de los conflictos procesales sometidos a su conocimiento por parte de los usuarios del sistema –las partes-. Estas, si bien deben cubrir las costas procesales, que implican los honorarios de sus respectivos abogados, y los costos de notificaciones y otros trámites, sin perjuicio del pago de ciertas multas a las que eventualmente pudieran ser condenados bajo determinados supuestos, o la rendición de una caución, no deben realizar actualmente desembolso alguno en relación al hecho de acceder a la justicia.

Así, se pone en práctica lo preceptuado en el artículo primero de nuestra Carta Fundamental, que asegura que las personas son iguales en derechos, así como en el artículo 19 número 3, que segura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Lo anterior nos es absolutamente familiar y no constituye novedad alguna. Salvo por el hecho de que actualmente se encuentra en discusión, un proyecto de ley que pretende complementar el Proyecto de Reforma Procesal Civil que se encuentra en el Congreso ya desde hace un tiempo: la incorporación de Tasas Judiciales, que, de ser aprobado, vendría a dar un vuelco en esta materia como en otras, a todos los conocimientos adquiridos en las primeras cátedras de Introducción al derecho Procesal, y a que hasta ahora nos hemos asido con extremo rigor y rigidez.

¿Qué significa aquello? En la práctica, implicaría el hecho de que, el costo de movilizar todo el aparato jurisdiccional para que este se ponga en funcionamiento y cumpla con su labor de impartir justicia, ya no sea cubierto por el Estado, sino por las propias partes de la causa.

Lo expuesto significaría para las partes el incurrir necesariamente en un gasto adicional, además de los costos complementarios al proceso – tales como honorarios de los abogados, gastos de notificación, entre otros- actualmente considerados, y que, siendo realistas y no utópicos ni dejándonos llevar por un excesivo teoricismo, muchas veces constituyen un impedimento para que el ciudadano común acceda al sistema judicial para resolver un conflicto, porque mayor es el gasto que la ganancia final, aun cuando pudiera sostenerse por algunos que ello debiera estar resuelto por el Privilegio de Pobreza.

El planteamiento de la implementación de un sistema como el precedentemente expuesto, viene impulsado por cuestiones de política pública orientada a la optimización del sistema judicial –aquello en búsqueda de lo que se encuentra insistentemente el proyecto de Reforma al Código de Procedimiento Civil- por medio del incentivo a la ciudadanía al recurrir a instancias alternativas de resolución de conflictos, antes de optar por la judicialización de los mismos. En palabras simples y burdas: lo que se busca es descongestionar un sistema mal concebido, que se encuentra actualmente exigido más allá de sus capacidades por causa de instituciones bancarias y grandes empresas que principalmente recurren a la justicia buscando ejecutar obligaciones, por medio de la carga de costos que el ciudadano común –aquel al que el Estado y el Derecho debieran proteger-, preferirá obviamente no soportar, no tanto por motivos de comodidad, sino más bien por obvio razonamiento de economía doméstica. Más simple aun: se quiere que las personas encuentren demasiado caro recurrir a tribunales, y prefieran solucionar sus conflictos por otra vía alternativa.

¿No suena ello casi a promoción de la autotutela? Puesto que, si bien se entiende que nuestro ordenamiento jurídico contempla vías alternativas de resolución de conflictos, estas pueden no resultar tan efectivas como un juicio, o no investir el poder de convicción suficiente en las partes como para propender al respeto de lo resuelto o acordado en las mismas.

Desde siempre se ha entendido que la labor del Estado es la de promover la paz social, y ello se logra en buena porción por medio de los tribunales de justicia, en los cuales las partes dejan en manos de un tercero imparcial, el conocimiento y la resolución de su pleito. ¿Parece prudente trasladar esta responsabilidad a las partes? Mas aun ¿parece prudente la adopción de un modelo judicial en que el acceso a la justicia se ve limitado por situaciones tan variables como las facultades económicas de las partes? De ser aprobado un modelo como el planteado, ¿no estaríamos realizando una discriminación o diferenciación de las personas en razón de su condición, en este caso, patrimonial?

Cierto es que numerosos Estados han adoptado sistemas similares, sin embargo es prudente no solo aprender de los modelos extranjeros, sino estudiar los inconvenientes que estos han presentado a causa de la implementación de los mismos –que puede notarse fácilmente, que no son precisamente pocos-. En definitiva: menos copiar al vecino, y más analizar la situación personal y particular de cada Estado.

Ciertamente, el tema en cuestión merece un análisis mucho más profundo y un debate exhaustivo. Las aristas a reflexionar son muchas y muy variadas, sin embargo cabe cuestionarse ¿es buena idea seguir poniendo trabas a la ciudadanía en el acceso a un sistema que de por sí ya es percibido como distante, complejo, y tremendamente costoso? ¿Nos traería menos conflictos de los que solucionaría realmente?

A título muy personal, me permito señalar lo siguiente a modo de reflexión final: este tipo de iniciativas, lejos de dar solución a conflictos reales, lo que hacen es dar la impresión de que se ha perdido el norte en materia legislativa y de políticas públicas: actualmente pareciera que la persona es la que debe estar al servicio del sistema –debemos ceder nuestro derecho al acceso a la justicia gratuita y financiada por un Estado cuya labor es la de propender al Bien común y la promoción y logro de la paz social, solo por descongestionar los tribunales- en vez de aspirar a crear un sistema que nos sirva a nosotros. En lugar de dominar la ley como creadores y artífices de la misma que somos, nos dejamos llevar por ideas preconcebidas por otros, que no necesariamente son la solución a nuestros conflictos particulares.

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