Tardanza procesal ¿la justicia injusta?

Mucho se ha debatido en los últimos años, -promovida la discusión sobre todo por el desarrollo de las tecnologías y comunicaciones, el apuro con el que avanzan necesariamente las relaciones jurídicas en la vida cotidiana, y el Boom de la defensa de los Derechos Humanos, entre los que se encuentra el debido proceso-, respecto de la necesidad de efectuar una radical modificación dentro de lo que conocemos como sistema procesal chileno. Ello, por cuanto es estimado que, en el actual estado de cosas, los procesos –que constituyen la vía por medio de la cual el ciudadano común entra en contacto con el órgano jurisdiccional del Estado para dar solución a sus conflictos privándose de la utilización de métodos autocompositivos- más que dar pronta solución a los asuntos que son sometidos al conocimiento de la judicatura civil, hacen que los mismos se transformen en expedientes que quedan finalmente atascados entre los engranajes de un aparataje procesal mal aceitado.

No es secreto para nadie que haya debido relacionarse con el sistema judicial civil chileno de una u otra forma –como parte en su amplio sentido, como representante procesal, o como ente juzgador-, el hecho de que los fallos tardan en ser dictados demasiado más de lo que la prudencia –y por que no, el afán de justicia- hacen aconsejable. Es así como un fallo de primera instancia –siendo optimistas- puede llegar a ser dictado en sede civil en un plazo de tres años. Luego de eso, claro esta, por si el largo litigio en primera instancia ha parecido poco, aparece la eventual apelación –que de eventual no tiene mucho, pues siempre la parte que no queda conforme con el fallo se sentirá “agraviada”-, cuya tramitación extenderá el proceso, en promedio, por otros dos años más. Tras ello, tenemos la eventualidad de una casación. Si logramos ejecutar una sentencia al sexto año, nos encontraremos dentro del plazo promedio de tramitación de las causas, que según informes previos a la elaboración de los primeros proyectos de reforma procesal civil, así como a estadísticas entregadas por el INE, fluctúa entre los 5 y 7 años. Claramente el plazo pudiera extenderse más, y también pudiera ser que desde la presentación de la demanda hasta el cúmplase, éste fuera menor a lo proyectado por el promedio. Pero si lo pensamos, para quien busca la declaración de una obligación en su favor para su posterior ejecución, tres años de todas formas no pasan rápido, ni constituyen un lapso de tiempo razonable.

La pluralidad de factores que confluyen en este sentido, y que generan la descrita situación de tardanza en la administración de justicia, resulta tan extensa como variada, y requeriría de un estudio particular y pormenorizado pues mucho hay que decir al respecto, y mucho falta por aclarar en cuanto a factores publicitariamente especulados, que generan en la población impresiones muchas veces erradas y poco técnicas, que terminan dando origen a diversos mitos que muchas veces asustan al usuario del sistema, el cual opta por no recurrir al aparato jurisdiccional estatal.

Al margen de lo expuesto, sí resulta responsable el sindicar de manera preliminar como principales factores que generan congestión en nuestros juzgados civiles, sin perjuicio de un estudio más acabado sobre el particular, a la alta demanda del sistema por parte de instituciones bancarias y de Retail que buscan ejecutar obligaciones de sus deudores, la cada vez más amplia radicación de competencias en los juzgados de letras, la sobrecarga de los magistrados en labores administrativas que los alejan de su función legal como lo es el conocimiento y juzgamiento de los asuntos civiles, entre otros.

Ahora bien, cabe preguntarnos en mérito de lo anterior, ¿Cuál es la consecuencia de todo lo que hemos expuesto? ¿De qué manera influye esta lentitud en la resolución de los conflictos sobre los propios ciudadanos? Y a mayor abundamiento, ¿Cuáles son las consecuencias, desde el punto de vista jurídico, que arrastra esta ralentización de la resolución de conflictos sobre el ciudadano, considerado éste como persona? En otras palabras, ¿Qué tan profundamente se ven afectados los derechos de las personas por esta situación? Las consecuencias y efectos son variados y más complejos de lo que en principio pudiera pensarse.

En primer lugar, debemos concurrir al análisis de esta problemática desde el punto de vista constitucional. La Constitución Política de nuestra República, como Carta Fundamental en nuestro país, entrega los parámetros según los cuales debemos analizar la totalidad de las situaciones jurídicas, desde un punto de vista general y abstracto. El artículo 19, que garantiza a todas las personas una serie de Derechos Fundamentales, en su numeral tercero, señala la tan importante garantía del Debido Proceso. La misma, se encuentra contemplada también por diversos Tratados Internacionales vigentes en Chile, de los que podemos señalar el Pacto San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros que tratan la materia que nos convoca. Ellos, al tratarse de materias propias de Derechos Humanos, y al encontrarse por tanto dentro de la hipótesis propuesta por el artículo quinto inciso segundo de nuestra constitución, pasan a ser parte del ordenamiento jurídico constitucional interno, pasando a tener tanta validez como las disposiciones que dicta nuestro propio Congreso.

Ahora bien, la indiscutible tardanza en la entrega de soluciones jurisdiccionales a los conflictos que las partes someten al conocimiento de un determinado juez civil, resulta a todas luces contradictoria a la mencionada garantía. ¿Por qué? ¿Dónde recae la violación a un precepto constitucional en este caso? La respuesta a esto debe responderse a la luz de la aclaración del significado del concepto del Debido Proceso.

En el sentido que nos interesa respecto de esta discusión, el concepto del Debido Proceso debe apuntar –según la Constitución-, hacia un proceso “racional”“justo”, y “legalmente tramitado”. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la respuesta a la interrogante previamente planteada, resulta perfectamente obvia y simple de responder, efectuando un análisis de estos tres conceptos:

1) De ninguna forma puede considerarse como un proceso Racional, aquel que demora en su tramitación un lapso de tiempo tan largo que deja a las partes en un constante estado de incertidumbre jurídica. Si el Derecho regula la forma en que debe concurrirse a tribunales a resolver los conflictos que se presenten en la sociedad, resulta claro y obvio suponer que el mismo ordenamiento jurídico entiende que, naturalmente, las personas no han de vivir en el conflicto, sino que este constituye la excepción, de la misma forma como en sede del derecho civil patrimonial se entiende que la regla general no es el permanecer obligados a un acreedor, sino que esto constituye una situación transitoria y que las relaciones obligacionales nacen para extinguirse. Así, los conflictos se originan, se someten a conocimiento del juez e, idealmente, se resuelven.

2) Tampoco resultaría propio señalar que, en este orden de cosas, un proceso tan engorroso sea Justo. Mucho se ha discutido sobre la verdadera significación del concepto “justicia”, y no resulta propio el enfrascarse en dicha disquisición en esta ocasión –dado claro está, que un concepto que reúne tanto elementos jurídicos como valórico-morales será siempre discutible dado el contenido impregnado de subjetividad que lo conforma-. Sin perjuicio de lo señalado, es posible sostener que en abstracto, y circunscrito al concepto en estudio, una vaga noción de justicia procesalmente hablando, apunta hacia el sentido del ejercicio de la potestad jurisdiccional para dar solución a una problemática, de la forma más equitativa, dando a cada uno lo suyo, y generando en las partes la sensación de que se ha hecho presente la potestad del Estado de dar correcto juzgamiento pronunciándose sobre los asuntos en que se le ha solicitado su presencia e intervención.

Sin embargo, nada está más lejano a dar la impresión de un aparataje jurisdiccional presente, solícito y despierto ante las necesidades de los ciudadanos, que una justicia engorrosa y tardía. Precisamente, la visión del ciudadano ante una justicia ineficaz resulta negativa, impide el correcto ejercicio de los demás derechos de la persona –puesto que el afectado decide no intentar resolver el conflicto, pues ve como problema mayor el acercarse a un tribunal y enfrascarse en un litigio, que el asunto que lo aqueja realmente- y da una impresión de abandono.

3) Finalmente, en lo que a un proceso Legalmente Tramitado respecta, también resulta propio efectuar algunas observaciones. Un proceso legalmente tramitado lo constituye aquel que se ciñe a las normas del derecho y a los principios que de él se desprenden, bajo la premisa de que el ordenamiento jurídico busca –dentro del entendido que el derecho esta constituido por una manifestación lingüística hipotética ideal- lograr su eficacia y aplicación de forma que se de resolución a los conflictos. En este sentido, debemos recordar que en el artículo 76 inciso segundo de nuestra Constitución, se encuentra consagrado uno de los principios procesales fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico: el de la Inexcusabilidad. El mismo, como podemos recordar, establece la obligación por parte de los tribunales de justicia de dar solución a todo conflicto que haya sido sometido a su conocimiento, no pudiendo ampararse bajo ningún argumento para evitar hacerlo, ni aun la falta de ley. ¿Podemos decir que el mencionado principio es respetado en el actual estado de cosas? Resulta ciertamente discutible. La razón es simple: efectivamente se resuelve el conflicto cuando se dicta la sentencia, pero no debe olvidarse el hecho de que durante el tiempo no menor que medió entre la presentación de la demanda y el fallo, los intervinientes permanecieron en una no demasiado conveniente situación de falta de certeza jurídica, dado que el órgano jurisdiccional, excusándose en dilaciones indebidas, no dio solución al conflicto sino hasta un plazo superior a los cuatro o cinco años. Esta tardanza perfectamente puede asimilarse a la no resolución del conflicto, puesto que el pronunciamiento final fue demorado a tal punto, que pudieron haberse causado perjuicios a las partes, quienes tuvieron que mantenerse dentro de la tramitación de un conflicto por un largo lapso de tiempo generándose consecuencialmente grandes gastos económicos –sabemos que nuestra justicia civil el fin y al cabo no es barata- o para las cuales la ejecución de lo resuelto ya no sea tan conveniente o no revista el mismo interés como al momento de concurrir a la justicia en un inicio.

En segundo lugar, debemos tener en consideración que, el hecho de que los procedimientos se extiendan más allá de lo deseable, aumenta el costo final que el usuario deberá desembolsar por concepto de la tramitación de su causa. Gastos de abogados, receptores, fotocopias, y todo tipo de costas procesales, constituyen una de las principales causas por las cuales muchas veces el ciudadano prefiere no recurrir al sistema civil: resulta más cara la solución que el problema. Y mientras más demore la tramitación, mayor será el gasto. Si bien existen ciertos mecanismos paliativos –beneficios de pobreza, por ejemplo- y de control respecto de los pagos a los abogados –aranceles éticos establecidos por el colegio de abogados-, perfectamente sabemos que uno y otro tienen sus pro y sus contra. Respecto del primero, claro está que quien deja en manos de otro la defensa de un asunto importante –sobre todo si se trata de asuntos patrimoniales, como ocurre con el derecho civil- verá con menos desconfianza a un abogado remunerado por él, pues ciertamente razonará en el sentido de que quien tiene en mente un incentivo económico final, pondrá mayor diligencia en la tramitación de su causa. Ello sin mencionar el hecho de que el sistema de defensa gratuita en nuestro país no es el óptimo, y se encuentra en constante colapso y congestión. Respecto de los aranceles éticos establecidos por el colegio de abogados, la palabra “ética” nos dice todo: resulta para muchos, una simple sugerencia, más no una norma imperativa, y como en derecho privado puede hacerse todo lo que no esté prohibido por ley, muchas veces los aranceles de la defensa no son los más apropiados y concordantes con la realidad económica de nuestro país. Por tanto, en razón de lo expuesto, con una interminable tramitación de las causas se atenta también con el principio de Economía Procesal, el cual no resulta –o no debería resultar- aplicable solo respecto del tribunal, sino también del punto de vista del usuario. Finalmente, pudiera ocurrir que el gasto en que se incurra luego de tan larga tramitación pudiera resultar casi igual a la ganancia obtenida tras el juicio –en la eventualidad de que el fallo le sea favorable-, por lo que no existiría incentivo ante este escenario, para que las personas dejen en manos del tribunal la resolución de sus asuntos.

Por otra parte, también dentro del análisis constitucional del conflicto, debemos recordar que se entrega como labor fundamental del Estado el logro del bien común. Una de las manifestaciones de éste, lo constituye la realización espiritual del ser humano, y una de las formas por medio de las cuales esta se logra es a través de la paz social, que dice estrecha relación con la no perpetuación de disputas de forma indefinida en el tiempo, agravando muchas veces el conflicto en vez de resolverlo, como la ley y la razón ordenan. El Estado, en este caso, se encuentra representado por el poder judicial, quien es el ente encargado de resolver los conflictos que los particulares sometan a su conocimiento, y por ende, esta importante labor recae también en él, traduciéndose en la práctica en el dar solución a los conflictos, pues de lo contrario, se incumple con la mencionada función.

Claramente, luego de lo expuesto, parece razonable y lógico que la consecuencia social sea una sola: un fuerte sentimiento de desconfianza y desprotección ante un aparataje de justicia complicado, caro y lento. Claramente, ante este escenario,  la judicatura civil pareciera no cumplir con los objetivos deseados en todo Estado.

Sabemos que nos encontramos en un momento coyuntural e histórico en cuanto al derecho procesal civil chileno se refiere. Actualmente se encuentra en discusión un proyecto de ley de Reforma al Código de Procedimiento Civil, el cual se espera resuelva gran parte de los conflictos que presenta el sistema actual. Sin embargo, no debemos cegarnos por la necesidad de un cambio, aceptando propuestas sin leerlas, en la desesperación de correr hacia una solución. Por ello el mencionado Proyecto debe analizarse efectuando un juicio crítico en profundidad por medio de ejercicios que nos permitan vislumbrar, al menos desde el nebuloso mundo de la teoría, si se han logrado subsanar con mecanismos eficaces por medio de una técnica legislativa apropiada, los problemas que se presentan hoy y que constituyen una de las principales causas por las cuales se ha pretendido reformar el sistema. De lo contrario, si esta Reforma no significa un verdadero cambio y no implica una notable mejora, no estará bajo ningún punto de vista dotada de fuerza renovadora, sino que de simple norma transitoria hacia un cambio real y eficaz.

 

1 Comentario
  1. german amateur 9 meses

    I loved your blog post.Much thanks again. Cool.

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