Sobre el aborto en la legislación argentina

aborto

22 de Junio de 2011


El Código Penal de Argentina, en su artículo 86, inciso 2°, permite la interrupción del embarazo en todos los supuestos de violación.

Esta norma es aplicada ampliamente por sus tribunales de justicia, sin embargo, hace días se conoció del pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en un caso del cual impidió abortar a una joven con discapacidad tras ser violada. El Comité señaló quese vulneraron sus derechos, y ordenó al Estado que la indemnice y tome medidas para evitar que se repitan infracciones similares.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó la decisión de un juez de primera instancia de permitir un aborto en el caso de una adolescente abusada sexualmente en Bariloche, fallo en el cual se estima que no interviene en la decisión la capacidad intelectual o perturbación que sufra la persona, así tampoco la dispacidad de ésta.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene para resolver un caso de una joven de Chubut que fue violada y, aunque la justicia provincial correctamente autorizó el aborto y el mismo fue practicado, el defensor general subrogante cuestionó la medida mediante un recurso extraordinario. Siendo el primer caso de esta naturaleza que llega a la Corte Suprema, dándole al máximo tribunal la oportunidad histórica de determinar un criterio sobre la interrupción del embarazo en caso de violación, ya que pese a permitirse expresamente, varios tribunales de primera instancia, al fallar, han dudado de la aplicación de la norma.

Surge la relevancia del asunto ante un reciente pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde afirmó que los Estados deberían eliminar la sanción penal para el acceso a los servicios de salud materna, la cual incluye la interrupción del embarazo para garantizar el derecho a la salud de las mujeres. Es decir, dicho órgano permite el acceso a la salud de un modo tan amplio que, si las legislaciones incorporan la posibilidad de abortar, las mujeres deben recurrir a los respectivos organismos para practicárselo. Aquí vemos como entran en juego dos derechos fundamentales, reconocidos internacionalmente como lo son el derecho a la vida del que está por nacer y el derecho al acceso a la salud.

Por otro lado, la Cámara de Diputados de dicho país sigue en discusiones sobre la despenalización del aborto y un proyecto que promueve interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación; proyecto que cuenta ya con la adhesión de 50 parlamentarios.

Este tema ha sido ampliamente debatido en Chile, dado que ante una violación suele plantearse la posibilidad de implementar una normativa que admita el aborto para el caso concreto. El debate en este sentido no ha tomado el mismo rumbo que el que plasma la legislación argentina, dado que la solución que dieron nuestros legisladores, es a suministrar la controvertida “píldora del día después” como una “alternativa” a la violación (las comillas se remiten, más que nada, a que de alternativa tienen poco, dado que son la única opción y son “contrareloj” -deben sumistrarse de forma diligente-).

En el caso de Argentina, sentencias judiciales y pronunciamientos de organismos internacionales señalan que hoy en la Argentina se violan los derechos humanos de las mujeres en cuanto al acceso a la salud, tal y como es posible apreciar en el caso de la sentencia recurrida por el defensor público.

Dejo planteado el debate sobre la constitucionalidad de la norma argentina y los casos planteados. ¿Qué sucedería en Chile ante una norma de dicha índole? Bien es sabido que se estimaría total y absolutamente inconstitucional, dado la garantía reconocida por el art. 19 n°1, el cual protege la vida del que está por nacer, además de una serie de casos controvertidos al respecto; pero por otro lado, tenemos el derecho al acceso a la salud, también garantizado por dicho artículo. Además, está la serie de tratados sobre DD.HH. ratificados por Chile, por ende, incorporados al bloque constitucional de derechos vía artículo 5 de nuestra Constitución. Pero… ¿Y el criterio de los organismos internacionales? ¿Acaso no nos quiere señalar un cambio de mentalidad respecto al tema, cierta influencia social en la decisión adoptada?

Fuente de la noticia: El Clarín.

 

 

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