Responsabilidad penal de personas jurídicas comerciales, perspectivas generales de incriminación.

Cuando en el marco de una investigación jurídica se reflexiona acerca de este último y particularmente severo sistema de imputación normativa, el penal, en relación a la actividad de determinadas personas jurídicas, las comerciales, generalmente, el enfoque que se le da al trabajo admite una sumisión conceptual de los marcos de reflexión con que los juristas, lógico, “piensan” en el tema. Enfoques, por ejemplo, propios de la “izquierda jurídica” nos llevarían a una interpretación amplificada y particularmente extensa de nuestras nociones y usos sobre la autoría y participación hasta llegar, de manera más o menos rápida (rápida preferentemente) a aquellos satanizados directorios. Autores (¿mediatos o inmediatos) de la conducta de aquella persona jurídica (sociedad anónima, por ejemplo) que conduzcan (espero que no les moleste mi idea de administración). Por otro lado, claro, los feligreses del neoliberalismo jurídico camuflados con distintos “análisis económicos del derecho”, intentarán bloquear el tema argumentando que elementos subjetivos de corte psicológico naturales en toda estructura delictual impiden, en consecuencia, una imputación normativa a determinada conducta (ya no humana, claro) evitable realizada en el ejercicio de una personalidad jurídica.

No interesa aquí ver el problema como si fuera un tema de elegir en qué lado de alguna mesa conceptual sentarse. No es elegir el lado izquierdo o el derecho. En contraposición, por lo tanto, creo útil rechazar ahora semejantes limitaciones analíticas. Veamos, en ese sentido, en el del rechazo, el despliegue actual de los sistemas de incriminación (en cualquiera de sus momentos, con cualquiera que sea su intento de justificación). ¿Qué tanto inhibe la existencia del hurto y el robo al impulso de hurtar o robar? ¿Cuántos años tiene de existencia el delito de homicidio en nuestro sistema jurídico? ¿Cuántos homicidios se han cometido durante ese tiempo?

Trasladando lo anterior al las personas jurídicas comerciales ¿La amenaza penal es útil para regularlas de la manera en que determinada sociedad pretende hacerlo? ¿De qué manera se comportan estas personas en el ejercicio de su personalidad? ¿Cuáles son las conductas que requieren, demandan y necesitan una incriminación?

¿Qué ocurre cuando una conducta es además un delito? Algunos creen, casi folklóricamente, que la tipificación misma sirve para que la ciudadanía se inhiba de realizar la conducta tipificada. Los mimos creen también que al ser capturado y sancionado aquél a quien se le puede atribuir o imputar objetivamente la conducta, el autor, la coerción jurídica se demuestra a sí misma de nuevo, pero ahora “especialmente”, es decir, sobre determinada persona; el culpable. Finalmente, estas personas tendrán fe en que con la aplicación de la sanción contenida en el sistema penal (sistema y no solo norma; recordemos aquella inconstitucional práctica legislativa conocida como el “reenvío”) se envía, en general y en particular a la vez, un mensaje cuyo contenido sería algo así como “la norma sigue vigente; si bien prohibimos matar o lucrar de determinada manera, también, en defecto (“por su protección, “por su derecho a  vivir en paz”, dirían los juristas que pretenden disfrazar sus clásicos discursos sobre seguridad ciudadana), perseguimos y castigamos a aquellos que no obstante la prohibición, realizan la conducta prohibida” (a estas alturas no sé dónde está ese mensaje; en el diario oficial, en mi buzón de mensajes de texto, en mi celular…)

Por otro lado ¿qué se dice del efecto de la privación de libertad? ¿ha podido el derecho penal desconocer que no obstante los sistémicos (Jakobs) o tópicos (Roxin) intentos de explicar o justiciar el fenómeno penal su naturaleza resulta ser evidentemente retribucionista?

Por lo tanto ¿Cómo retribuir la conducta que penalmente será reprochable de una persona jurídica de naturaleza comercial? De nuevo el propuesto rechazo metodológico. No más reinserción, rehabilitación ni resociabilización. Asumiendo que la sanción penal por excelencia, la privación temporal o perpetua de libertad despersonaliza a la persona natural (o humana), propongamos, en consecuencia, una forma de despersonalizar los autores de esta particular forma de ejercicio de personalidad. Solo por ejemplo ¿Qué les parece que, fundada en un cuerpo legal sustantivo y formal, determinada condena obligue a una persona jurídica de naturaleza comercial a invertir su patrimonio en la misma forma que la condena lo indique, accesoriamente, y, principalmente, a perder su capacidad comercial, de lucro y/o intermediación de forma perpetua o temporal?

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