Responsabilidad penal de la persona jurídica: Una realidad evidente (¿o una utopía?).

La incorporación a nuestra legislación interna de la ley N° 20.393 que imputa responsabilidad penal a la persona jurídica respecto de los delitos de cohecho activo, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, constituye la rotura del principio “societas delinquere non potest”, el cual es elemental dentro del derecho penal contemporáneo y es uno de los tantos principios que la doctrina, tanto nacional como extranjera ha reafirmado.

Este principio, en palabras duras, entro en decadencia, debido a la intromisión de doctrinas y concepciones político-criminales en torno a fundar un sistema de incriminación a un ente, que si bien es una creación jurídico-racional, es total y absolutamente abstracto y sin corporeidad. Todas estas posturas emanan de los sistemas jurídicos derivados delCommon Law, tales como Inglaterra y Norteamérica. No dejemos de lado a otro interviniente en esta materia, la OCDE, cuyas recomendaciones han influido en gran parte para tener un sistema de esta envergadura en nuestro ordenamiento jurídico.

Pero lo extraño es que el protocolo suscrito por Chile ante la OCDE, sobre combate al cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones internacionales, no manifestaba una intención clara y precisa de establecer un sistema de imputación a las personas jurídicas, lo único que imponía es que en Chile solo existiera un sistema sancionatorio “eficaz, proporcional y disuasivo”.

En materia político criminal, si somos drásticos sería un total y absoluto fracaso fundar un sistema de responsabilidad penal a la persona jurídica en base a la utilización de los presupuestos comunes de imputación individual. Ahora, ¿Cuál es el dilema? Si aceptar o no, en materia de culpabilidad, un sistema de responsabilidad en el cual la persona jurídica sea considerada como un sujeto de persecución penal lisa y llanamente, o bien, atrofiar este principio o desecharlo de plano.

La creación de sistemas de imputación para estos nuevos “sujetos peligrosos para el bienestar social”, requiere de una discusión parlamentaria y de un análisis doctrinario muy acabado. No puede crearse un método de imputación de responsabilidad penal de forma apresurada, sin fundamento doctrinario y en base a criterios meramente políticos. La ley N° 20.393, responde a intereses y al apuro político que a un estudio pormenorizado del tema, que en su análisis no deja de haber coyunturas y problemas de dudosa interpretación.

Entrando a la ley, en su tramitación, quedo demostrado por la bancada de gobierno de aquel tiempo, la prisa por querer ingresar al “club de las buenas prácticas económicas”. Solo el proyecto se demoró aproximadamente 8 meses, mientras que países desarrollados se han demorado años en implementar este tipo de sistemas, con todos los debates legislativos y doctrinarios que merecen este tipo de leyes.

La doctrina nacional ha comenzado un debate fructífero en la materia. Solo por mencionar, la postura sobre los riesgos frente al principio de culpabilidad. El respeto al principio de culpabilidad parece ser un principio fundamental del derecho penal contemporáneo, de modo que sólo puede ser sujeto pasivo de la pena una identidad capaz de comunicación en el sistema penal, a quien el hecho típico se atribuye como su obra, y la aparente complejidad de la formulación no puede ocultar lo innombrable: al ejecutor material del hecho delictivo y a la persona jurídica se castiga dos veces por lo mismo, violando el non bis in ídem y, por consiguiente, el principio de culpabilidad.

Pero a pesar de las críticas se le han encontrado puntos rescatables al nuevo sistema, en este contexto, la nueva normativa tiene un gran potencial de utilización que parece adecuado desde una perspectiva político-criminal. Esta aplicación debe tener en cuenta, en cualquier caso, las dificultades que la ley plantea en la construcción de los sistemas de imputación de responsabilidad penal a las empresas, pues muchos de ellos serán finalmente interpretados por los tribunales, por lo que su estudio, análisis y explicación será una tarea fundamental de quienes en definitiva intervienen en el sistema, especialmente fiscales, defensores y jueces.

Si bien es cierto, que la aparición de esta nueva forma de imputación penal para algunos autores rompe los moldes de las bases esenciales del Derecho Penal Contemporáneo, constituirá con el tiempo un debate doctrinario a lo sumo potente en nuestro país para logar que temas tan complejos como este; sobre todo el tratamiento de la Ley N° 20.393; sean abarcados y en parte solucionados.

Esta ley, constituye un gran desafío para todo el aparato judicial, académico y empresarial. Lograr buscar la interpretación y concordancia correcta será un trabajo de mediano a largo plazo dentro del aparato judicial y académico del Derecho, y por parte de la órbita empresarial, el lograr desarrollar una cultura empresarial de autorregulación y de prevención en materia delictual.

He de esperarse que esta nueva variante de imputación no sea una vía ilegitima de escape, tanto para los entes colectivos como para los individuos que participan en la actividad delictual. Si llegare a ser así, la praxis punitiva estampada en la ley seria un mero cosmético, y una utopía inaplicable en la realidad jurídica interna.

En palabras del profesor Juan Bustos (Q.E.P.D) y cerrando el tema: “En definitiva, el Derecho Penal Económico plantea a la política criminal y a la dogmática moderna una gran cantidad de desafíos, que implican repensar todas las categorías del delito en general y en específico. Desde la perspectiva de la Parte Especial significa determinar con precisión los bienes jurídicos protegidos”.

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