Responsabilidad Civil en el Derecho de Familia

Autor: Branco Aravena Cuevas

El Derecho de Familia, tan prolífero, tan mutable, es una rama de aquellas que permite abundantes discusiones, en razón de su constante actualización. Uno de los temas que últimamente ha llamado la atención dentro de esta parcela jurídica es el proyecto de ley que crea el denominado “Acuerdo de Vida en Pareja”, el cual claramente despierta las pasiones de fuertes contendores, tanto a favor como en contra. Sin embargo, mi intención no es hablar acerca de él, sino que apuntaré hacia un tema que genera un tanto de problemas y desacuerdos: la responsabilidad civil dentro del Derecho de Familia. Diversas son las posturas que suscita este tópico, al parecer hay para todos los gustos. Con todo, mi objetivo en esta presentación será exponer lo que son –a mi juicio– los argumentos más destacables por parte de aquellos que rechazan una postura favorable en torno a la cuestión en comento, para ir demostrando la debilidad e improcedencia de las tesis denegatorias.

 

  1. La especialidad del Derecho de Familia.

El caballo de batalla de las tesis contrarias a la responsabilidad civil en el Derecho de Familia es la mentada “especialidad” de esta rama. En este sentido, dentro del Derecho Civil, el Derecho de Familia se situaría por sobre la regulación común y general del conocido Derecho Patrimonial, escapando a sus instituciones, entre ellas, la responsabilidad civil. Sin embargo, este argumento no es lo suficiente bueno como para desvirtuar la posibilidad de acoger dentro del Derecho de Familia mecanismos reparatorios.

                Recordemos que una rama especial recurre a la regulación general respecto de aquello que no se encuentra contemplado por la primera, y el Derecho de Familia no es la excepción. Así ocurre, por ejemplo, con el matrimonio simplemente nulo, figura que recurre, necesariamente, a lo previsto para la nulidad patrimonial, regulada en el Código Civil. Situación similar se presenta a propósito de la fuerza como vicio del consentimiento en el matrimonio, remitiendo expresamente sus reglas a lo dispuesto por los artículos 1456 y 1457 del Código de Bello.

                La alegada especialidad de esta rama es, entonces, una mera apariencia. No se puede negar la relación que existe entre una rama especial y los vacíos en ella que son colmados por la “ley general”. A falta de norma especial, debemos recurrir al derecho común, es decir, las reglas de responsabilidad civil.

  1. Los intereses en juego.

                Cuando se comparan el Derecho Civil Patrimonial y el Derecho de Familia, una de las primeras diferencias que saltan a la vista es el interés que está detrás de cada una de estas ramas. El Derecho Patrimonial sería la manifestación de un interés puramente privado, particular, mientras que el Derecho de Familia compromete el interés público; después de todo, esta rama gobierna las relaciones que surgen dentro del núcleo fundamental de la sociedad. A raíz de lo anterior, algunos autores han señalado que perseguir la indemnización de perjuicios, cuestión de interés privado, no se mezcla bien con el interés que resguarda el Derecho de Familia.

                ¿Es tan cierto lo anterior?

Claramente no. No se logra comprender cómo influye el interés público en impedir la indemnización de perjuicios en sede de Familia. Es más, podemos hacer referencia a otra rama: el Derecho del Trabajo. Esta consagra un interés público, por cuanto sus normas están orientadas a proteger a la parte más débil de la relación laboral; el trabajador. Sin embargo, no hay escrúpulos por parte de los laboralistas a la hora de demandar lo que por derecho corresponde al empleado, y el interés público no es un obstáculo en este objetivo. De este modo, se puede decir que la búsqueda de mecanismos resarcitorios no choca con el interés público, cuestión que resulta plenamente aplicable al Derecho de Familia.

  1. Casos particulares en que se contempla la indemnización de perjuicios.

Dentro del Derecho de Familia existen ciertas disposiciones que obligan a reparar los perjuicios causados, como por ejemplo, el artículo 130 a propósito de las segundas nupcias, el artículo 141 en materia de bienes familiares, el artículo 197 en materia de filiación, el artículo 327 en lo tocante al derecho de alimentos y los artículos 521 y 525 en materia de tutelas y curadurías. A contrario sensu, si el legislador ha regulado de forma excepcional la indemnización de perjuicios en sede de Familia, se debería arribar a la lógica conclusión que es que por regla general no se permite la aplicación de las reglas concernientes a la responsabilidad civil.

                Resulta atractivo, entonces, aplicar a este caso la interpretación a contrario sensu. Sin embargo, parafraseando al maestro Claro Solar, ¿qué es argumentar a contrario sensu? Según el profesor, significa que a partir de disposiciones especiales, volvemos a la regla general. Y ahora corresponde hacer el siguiente ejercicio: el hecho que una persona deba reparar los perjuicios a otra, ¿es aplicación de una regla general o especial? No cabe duda que las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior no son sino manifestaciones de la regla general, es decir, quien ocasiona un daño debe repararlo, cuestión que no debería ser ajena al Derecho de Familia.

  1. Es inmoral reclamar indemnización de perjuicios en sede familiar.

                Al decir de algunos, aceptar mecanismos resarcitorios en el Derecho de Familia sería un atentado en contra de la moral y las buenas costumbres. Se puede suponer una hipótesis propia del Derecho Matrimonial: en caso de divorcio, por ejemplo, uno de los cónyuges se valdría del fracaso matrimonial para poder recibir una suma de dinero, y esta acción por la cual intenta lucrar con la deshonra es contraria al orden moral que impera en el Derecho de Familia.

                Haciendo un poco de historia, viene al caso mencionar que misma situación ocurrió con la indemnización del daño moral. Se tildó a ésta de inmoral, puesto que perseguiría un abominable lucro que se generaría a partir del dolor y sufrimiento que experimentarían las personas. Con el paso del tiempo, se logró justificar –incluso– constitucionalmente la reparación de este rubro. Resultaron útiles a este efecto los numerales 1° y 4° del artículo 19 de nuestra Ley de Leyes para darle un soporte jurídico al daño moral, el cual se acepta desde hace ya un buen tiempo sin problemas.

¿Se encargará el tiempo de convertir en “moral” la indemnización de perjuicios en sede de Familia?

Conclusiones.

                La discusión es ardua y las posturas son variadas. A pesar de lo ya dicho, se puede apreciar que los argumentos aportados por las tesis denegatorias de la responsabilidad civil en el Derecho de Familia no son contundentes ni concluyentes. Las razones que se muestran en principio fuertes se van cayendo una a una, así como con el resto de los argumentos no mencionados en esta breve exposición.

                Sólo queda esperar que la jurisprudencia actualice sus criterios, y que la doctrina sea capaz de esgrimir razones sólidas que permitan la defensa de una postura en favor de los mecanismos reparatorios en sede de Familia.

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