Respeto del derecho a la intimidad y libre desarrollo de la personalidad frente a la instalación de cámaras de seguridad en aulas de clases de institución educativa

derecho constitucional

Autora: Sonia Gallardo M.

4 de Diciembre de 2013


La Corte Suprema Constitucional de Colombia, en causa T-407-2012, dictó sentencia con fecha 31 de mayo pasado, haciendo presente que existen tres diferentes maneras de vulnerar el núcleo esencial del derecho a la intimidad, a saber: “La primera de ellas es la intrusión o intromisión irracional en la órbita que cada persona se ha reservado; la segunda, consiste en la divulgación de los hechos privados; y la tercera, finalmente, en la presentación tergiversada o mentirosa de circunstancias personales, aspectos los dos últimos que rayan con los derechos a la honra y al buen nombre”. Así, el alcance del derecho a la intimidad depende de las restricciones que se impongan a los demás y aunque en principio es considerado inalienable e imprescriptible, la posibilidad de limitarlo obedece a razones de “interés general”, “legítimas”, y “debidamente justificadas constitucionalmente”, que no afecten su núcleo esencial representado por el espacio inviolable e inaccesible en el que el individuo actúa libremente, sin injerencias, sin ser observado o escuchado. Esta exigencia mínima de respeto se predica en todos los ámbitos desde la propia familia, hasta en conglomerados reducidos como en los colegios y empresas, o con mayor razón, en comunidades de mayores dimensiones como en una ciudad o país.

Las señoras Esperanza Tovar Hernández y Rosa Delia Roldán Valbuena interpusieron la acción de tutela en representación de sus hijos menores de edad (D. 2591/91 art. 1º). Las accionantes, en representación de sus menores hijos, estudiantes de la Institución Educativa Amelia Perdomo García, instauran la acción de tutela invocando la protección de los derechos fundamentales a la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad, los cuales consideran vulnerados por la institución, al instalar cámaras de seguridad en las aulas las diferentes aulas de clase. La rectora de la institución argumentó que dichas cámaras eran necesarias para ofrecer protección, seguridad y bienestar a la población estudiantil, en virtud del aumento de los robos en la institución y de manera simultánea, para mejorar la disciplina de los estudiantes en los salones. La Sala se pronuncia sobre los siguientes temas: 1º. Relevancia del espacio en el contexto del ejercicio de derechos fundamentales – espacios públicos y privados -, 2º. Estatus constitucional del aula de clase – definición, derechos que se ejercen, riesgos en este contexto- y, 3º. La utilización de cámaras de vigilancia y la seguridad en las instituciones educativas. Se concluye que, si bien las seguridad de las instituciones educativas es un objetivo legítimo, las medidas de vigilancia en el interior de las aulas de clase a través de cámaras, pueden representar una violación de la intimidad y de las libertades individuales de los educandos y de los docentes.

Los derechos y libertades que gozan los alumnos, se refieren en primer lugar a la educación, pero también incluyen otro tipo de derechos y libertades que se ejercen con mayor o menor restricción, como la libertad de expresión, de conciencia, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad, la integridad, el derecho a la igualdad, a la intimidad, a la honra, el derecho de petición, el debido proceso, entre los más representativos. Por su parte, los docentes gozan de libertad de cátedra en los términos del artículo 27 de la C.P.

En el presente caso, se debate si la instalación de cámaras de vigilancia dentro de las aulas de clase de un colegio, desconoce los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad de los alumnos, entre otros derechos que deben ser garantizados tanto al estudiantado como a los mismos docentes, y si la situación se ve agravada por la falta de consentimiento de los representantes estudiantiles frente a la supuesta imposición de dicha medida.

Por un lado, las directivas del colegio argumentan que la instalación de cámaras desde 2008 responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los estudiantes y preservar las instalaciones del instituto educativo que ha sido recientemente equipado con aparatos y materiales requeridos para la educación de los alumnos. De otro lado, los accionantes consideran que esas medidas son extremadamente lesivas del derecho a la intimidad y del libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes.

La Corte considera que en este caso debe aplicarse un test estricto. En primer lugar, porque la instalación de cámaras de seguridad en los colegios, puede afectar a estudiantes quienes son menores de edad, y por ende, sujetos de especial protección constitucional. En segundo lugar, porque eventualmente la medida estaría afectando los derechos fundamentales de los alumnos en las instituciones educativas, no solo al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad, sino a todo el catálogo de libertades fundamentales y derechos expuestos en acápites anteriores. Por lo anterior, se exige un juicio de esta naturaleza debido a la relevancia constitucional de los valores que estarían amenazados con la medida objeto de análisis.

La instalación de cámaras de vigilancia responde a las necesidades de seguridad que puedan requerirse en todo tipo de espacios. En el caso particular de la Institución Educativa Amelia Perdomo García de Yaguara, se aducen como razones para la implementación de esta medida las quejas de los estudiantes respecto de los hurtos que ocurren dentro del colegio, la insuficiencia de la celaduría por no cubrir todos los días de la semana ni las horas de 6 a.m. a 6 p.m., la existencia de bibliobancos, CPU, videobeen, televisor de 58 pulgadas, que serán próximamente complementados con nuevos materiales para crear aulas virtuales completas y básicas.  De lo anterior se desprende, según la Corte que claramente la finalidad perseguida con esta medida es constitucional porque se orienta tanto a garantizar la seguridad de los estudiantes, como de los equipos e instalaciones del colegio.

Asimismo la medida parece idónea porque sirve para la consecución del fin buscado. En efecto, por medio de las cámaras es posible no solo disuadir a los estudiantes a cometer infracciones contra la ley y el reglamento, sino que también se permite identificar a quienes lo desconozcan. Igualmente, por medio de las cámaras es posible mantener vigiladas las áreas en las que se encuentran los equipos que sirven a los docentes en el proceso de enseñanza, tales como la televisión, los computadores y el videobeen. Sin duda no se trata de una medida contraproducente o que no aporte a la solución del problema. Sin embargo no hay muchos estudios que sustenten, más allá de la percepción de la gente, la real disminución de la violencia y los hechos delictivos como consecuencia de la instalación de cámaras de seguridad.

Sin embargo, a juicio de la Corte surgen dudas sobre si existen otros mecanismos menos lesivos para lograr el fin señalado con una eficacia similar a la de la instalación de las cámaras. En efecto, se podría pensar en otros mecanismos para salvaguardar la seguridad de los educandos y de las instalaciones. Tratándose de un contexto de formación, es natural propiciar a través de procesos educativos, la importancia del respeto y de la tolerancia. Teniendo en cuenta que los colegios son lugares de aprendizaje de ciudadanía, este tipo de políticas en el mediano y largo plazo contribuyen a la formación de personas responsables y conscientes en todos los ámbitos y no solo en los colegios. Asimismo conviene tener en cuenta que es responsabilidad de los docentes y del personal de la institución, mantener el orden y estar atentos a las conductas que infrinjan la ley y el reglamento del colegio por parte de los alumnos. Igualmente podría pensarse en contratar una celaduría permanente para evitar hurtos y daños a los materiales y demás elementos de la institución. Incluso la misma existencia de cámaras en corredores y sitios comunes de los colegios, se constituye en una medida alternativa para mantener el orden y la seguridad tanto de los estudiantes, como de los equipos del colegio. Por consiguiente, la instalación de cámaras no sería el único mecanismo efectivo para mantener la disciplina y evitar la violencia entre los alumnos, o los daños al establecimiento.

Del mismo modo, para la Corte con el fin de tener mayor claridad sobre la proporcionalidad de la medida, es preciso evaluar si en aras de la salvaguarda de la seguridad en el colegio, se estén sacrificando más de la cuenta los derechos que se ven afectados con la medida.

La Corte siempre ha reconocido la función correctiva de los docentes y directivos de las instituciones educativas, pero también ha considerado que esa competencia no puede desbordar la verdadera misión del educador contrariando los principios constitucionales y desconociendo los derechos fundamentales de los alumnos. Como lo establece la Ley general de educación en sus artículos 91 y 92, el educando es el centro del proceso educativo y su formación debe promover el pleno desarrollo de su personalidad, no solamente a través del acceso al conocimiento sino también mediante la educación en valores éticos, morales y ciudadanos que contribuyan al desarrollo socio-económico del país. Por su parte, de acuerdo a la Corte, los educadores son quienes orientan dicho proceso de formación, enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas, cuyo fin es precisamente el de prestar el servicio público de educación.

Cuando los individuos se relacionan entre si en determinados entornos sociales, de alguna manera renuncian a mantener en reserva algunos aspectos de su personalidad o informaciones que les conciernen. En estos espacios, las personas comparten algunos intereses o conforman una comunidad que tiene una finalidad, y en estos ámbitos la injerencia de terceros puede inhibir la realización de las actividades de sus integrantes. Pero si bien la protección de estos ambientes es más flexible que la que se garantiza al individuo en su ámbito privado, o a la familia, en estos contextos sociales, también se requiere evitar la injerencia de personas extrañas. Entonces, incluso en entornos sociales, los individuos no pierden su derecho a la intimidad y es posible ampararlo frente a las intromisiones injustificadas de terceros.

Por esta razón la Corte considera que, si bien la seguridad de las instituciones educativas es un objetivo legítimo, las medidas de vigilancia en el interior de las aulas de clase a través de las cámaras pueden representar una violación de la intimidad y de las libertades individuales de los educandos y de los docentes.

Finalmente, la Corte Suprema ordena amparar los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes de la Institución Educativa Amelia Perdomo García de Yaguara removiendo las cámaras de seguridad instaladas dentro de las aulas de clase.

 

3 Comentarios
  1. eebest8 michael 11 meses

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