Régimen de Sociedad conyugal: ¿Administración discriminatoria?

bibioteca

03 de diciembre de 2014


“(…) La presidenta Bachelet señaló que el actual régimen de sociedad conyugal “es discriminatorio contra la mujer”, por lo que “ha llegado el momento de convencer a todos que la mujer chilena requiere que se le reconozca su mayoría de edad”. En este sentido, enfatizó que su gobierno quiere “cambiar la sociedad conyugal por un régimen más igualitario que permita a hombres y mujeres administrar el producto de su trabajo y del trabajo común”.
“No se justifica que en pleno siglo XXI la disposición de que sea el hombre quien administre los bienes de la sociedad y de la mujer”.”
– Michelle Bachelet
Primer Mandato, Diario el Clarin 22-08-2007

Nuestro Código Civil consagra el régimen de sociedad conyugal, en virtud del cual es uno de los cónyuges quien tiene la calidad de administrador de dicho régimen, la cual es de cargo del marido (articulo 1749 Código Civil); régimen que cuenta con 150 años de existencia que ya van desde su consagración, y es por ello que las circunstancias que rodean un matrimonio celebrado bajo este régimen han ido variando con el transcurso del tiempo, además de considerar el auge de la protección de los derechos humanos, por tanto surge la interrogante si es este régimen matrimonial es discriminatorio respecto de la mujer.

En primer lugar, un tema discutible es establecer si la administración confiada al marido es una atribución acorde a nuestros días. En pleno siglo XXI en donde ha habido grandes transformaciones socioeconómicas en las relaciones de pareja, donde la mujer ha ingresado al ámbito laboral, ejerciendo sus derechos y exigiendo una igualdad de remuneraciones por su labor desempeñada, ya no se trata de una sociedad en que el género femenino estaba destinada al servicio del género masculino, y ello trae como consecuencia que la mujer no requiere de involucrarse con un hombre para sobrevivir o por razones económicas, y que según estadísticas, en Chile alcanza un 43 % de la fuerza laboral. Se trata por tanto de un cambio cultural que debiera verse reflejado en la legislación de nuestro país. Cierto es que nuestro Código Civil contempla en su artículo 150 la institución del patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal, que para muchos autores establecen como un gran beneficio para la mujer y que vendría a equiparar las fuerzas dispares entre ambos cónyuges.

Es dable reconocer a su vez que el legislador al entrar en vigencia la ley 18.802, la mujer deja de ser considerada como relativamente incapaz, sin atención si se encuentra casada o no, y en el caso que lo estuviera, sin consideración al régimen de bienes a que se encuentra sujeta. Dicho avance significa que no deberá actuar representada o autorizada por su marido. Pero un aspecto negativo seria que si la mujer estando casada bajo sociedad conyugal celebra por sí misma un contrato que implica y afecta sus bienes propios sin la intervención del marido ni autorización judicial, en este caso este contrato adolecería de nulidad absoluta en virtud del articulo 1754.

En nuestra historia como Estado de Chile de los diferentes casos que hemos afrontado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existe un caso que hace referencia al tema en cuestión en esta columna, dicho caso es “Sonia Arce Esparza con Chile” (caso 12.433, acuerdo de solución amistosa), que versa que Sonia Arce mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal quería enajenar algunos bienes raíces que había adquirido en razón de una herencia y que por tanto formaban parte de su patrimonio propio, pero no pudo llevar a cabo dicha enajenación por no contar con la autorización de su marido ya que de él no se tenía conocimiento de su localización. Por tanto Sonia Arce en sus argumentos frente a la comisión sostuvo que las reglas de administración de la sociedad conyugal atentaban contra los derechos consagrados en los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que solicitar autorización era constitutivo de discriminación para con su persona por parte del legislador chileno. El Estado de Chile se comprometió a efectuar acciones destinadas a finalizar con esta discriminación legal implícita en el régimen de sociedad conyugal. El Estado reconoció en dicho acuerdo ante la comisión que dicho régimen contiene una discriminación legal en desmedro y perjuicio de la mujer, pero como vemos en la actualidad la postura del Estado sólo fue un mero reconocimiento ante la Comisión para evitar sanciones y un nuevo caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sede en que todos los casos que se han llevado en contra del Estado de Chile, éste ha sido condenado. Por tanto vemos que efectivamente este régimen no se ajustaría a los estándares internacionales y deberá por parte del legislativo una pronta reforma. A título personal considero que también se hace tener a bien en considerar la norma artículo 6 letra b) Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Actualidad existe un proyecto de reforma Boletin 7567-07, “Modificación régimen patrimonial sociedad conyugal” que se encuentra reposando en el Congreso Nacional.

 

12 Comentarios
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