Recursos y burocracia en nuestro sistema penal, ¿una verdadera optimización de ella?

PoderJudicia333l

17 de Octubre de 2012


“En la justicia no cabe demora: y el que dilata su cumplimiento, la vuelve contra sí”.

José Marti

 

La delincuencia en nuestros días resulta ser una de las preocupaciones que inquietan al ciudadano; su disminución y futura derrota dependerá netamente de la gestión realizada por el Ministerio Público, este toma las finalidades antes mencionadas como objetivos primordiales, estableciendo los mecanismos necesarios para llegar a concretar estos propósitos, tanto en las causas individualmente consideradas, como en el objetivo general.

Pero si hablamos en el presente texto de la Fiscalía o Ministerio Público, debemos hablar también de la Defensoría Penal Pública, una figura relativamente nueva, al igual que la primera, en el marco de la Reforma Procesal Penal, cuya misión fundamental es entregar defensa justa a quienes requieran sus servicios (quienes carezcan de los medios necesarios), velando desde esta perspectiva por el debido proceso y la igualdad ante la ley. El Ministerio Público es un órgano autónomo, que no forma parte de ninguno de los tres poderes del Estado, su función es dirigir la investigación de los delitos acaecidos, llevar a los imputados a los tribunales correspondientes y, en último lugar, brindar protección a los afectados y testigos. Estas funciones se inician normalmente al momento de percibir una denuncia presentada por el denunciante ante la policía, tribunales con competencia en lo tribunal y en las mismas fiscalías.

El sistema actual fue creado teniendo en vista de que todos los casos necesariamente debían llegar a la instancia del juicio oral; para esto se establecieron una serie de alternativas que son: acuerdos preparatorios, los procedimientos simplificados o la suspensión condicional del caso respectivo; con esto se haría un “filtro” respecto de los casos con mayor connotación nacional para que el ius puniendi del Estado se concentrara en los casos más relevantes.

Las estadísticas publicadas por el Ministerio Público durante el transcurso de este año señalan que el número de condenas en los casos en los cuales hay un imputado conocido han disminuido, situándose desde el 2010 hasta el 2012 cerca del 27%. En el mismo periodo las suspensiones condicionales aumentaron desde un 12% a un 17%, y los casos ingresados son alrededor de 345.000 por año. Respecto de la disminución de las condenas esta va acompañada de que los juicios orales también han disminuido en cerca de 400 casos menos; esto puede atribuirse a una política de aplicación de otras formas de termino como las ya citadas suspensiones condicionales del procedimiento, la cual tiene como propósito no judicializar casos menores, pero su problema radica en que la amplia aplicación puede verse ante los ojos de la comunidad como un mensaje de impunidad; es por esto que mecanismos como estos deben ser utilizados a un número de casos prudentes, pues en otros países se demuestra que la represión de estos ilícitos menores son claves para impedir que se escale en la gravedad de los delitos cometidos.

En primer término se podría opinar que si bien, son cuantiosas las estadísticas respecto al tema, estas no plasman el grado de quebrantamiento de las suspensiones condicionales y las eventuales reincidencias después de extinguida la responsabilidad penal conforme a ellas, además podríamos determinar que no esta presente una política explicita sobre utilizar los distintos mecanismos de persecución penal, asociados a metas de resolución de casos y disminución de delitos. En síntesis, estas estadísticas no son útiles cuando se encuentran compenetradas a objetivos que se deben confrontar.

Un ejemplo claro de lo anterior pasa en los delitos sexuales; en estos sus víctimas no están lo suficientemente preparadas después de este tipo de acontecimiento para estar en un juicio oral en donde deben confrontar directamente al agresor; en estos casos el Ministerio Público opta por presentarle a esta y a sus padres (si son menores de edad) alternativas que ofrece el propio sistema, alternativas que pueden ir desde pasar por todo el juicio oral, o hasta incluso el juicio abreviado en donde según expertos en el tema, lo mas seguro es que el imputado mediante Defensoría pida cumplir su pena en libertad. Hay quienes señalan que no necesariamente la paz social se puede satisfacer con una pena, determinando que la discusión se radica en la suspensión condicional y respecto de personas que caen en este sistema al tener otra u otras suspensiones; además en los procedimientos abreviados permiten a la Fiscalía ahorrarse los riesgos implicados en un juicio oral cuando la prueba no es suficiente, concluyendo que este tipo de salidas deben utilizarse de forma racional.

A modo de ver la aplicación de los juicios orales en otras legislaciones, a partir del año 2013 en Veracruz se adoptará este tipo de procedimientos; según autoridades mexicanas los juicios orales reducirán de 5 años a 6 meses la resolución de los casos. Así entonces la reforma procesal penal como política pública ha cumplido su objetivo respecto a facilitar la instalación y consolidación de un Estado Democrático de Derecho moderno, pero que todavía se encuentra un poco lejos respecto al fin de lograr que los destinatarios de esta reforma, los habitantes de nuestro país, tengan un acceso a una justicia equitativa, eficiente y transparente. Esto último proviene de las necesidades de las víctimas y testigos detectadas, y los requerimientos de los distintos actores del sistema penal de justicia, haciendo de este un sistema eficaz, eficiente, homogéneo y permanentemente persecutor de la responsabilidad penal, en un marco de respecto hacia las personas, instituciones y los derechos fundamentales.

Mediante lo anterior, se puede destacar la permanente noción de perfeccionar el sistema de justicia, haciéndolo menos propenso a inequidades e injusticias, lo cual es un avance, pero este debe ser significativo, para que de una vez por todas se realice un nivel superior de desarrollo tanto institucional como respecto de las diversas causas vistas.

 

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