¿Quién tiene la culpa?

4 de Julio de 2012


Quizás el titulo de este modesto ensayo denota en si mismo la idea de un “bueno” y un “malo”, un “justiciero” y un “verdugo”. A saber, en palabras sencillas, una persona que actuó de buena forma y otra de mala, por lo cual la segunda es sobre quien recae la responsabilidad respeto de un determinado actuar. Sin embargo lo anteriormente dicho, no me he querido referir a un análisis tan simplista de un contexto o situación determinada, vale decir, la cotidianidad se encuentra empapada en distintas problemáticas, las cuales al ser analizadas para determinar un justo proceder y el inequívoco respecto de la misma situación, nos encontramos en que esa misma situación vista por dos personas distintas recibe un tratamiento distinto desde el punto de vista de lo “correcto”.

En relación a esto, y aunque suene obvio, los problemas morales son siempre de doble textura en el sentido de que bajo distintos razonamientos las soluciones son apreciadas en concreto como “bueno” o “malo” según el sujeto. Teniendo en consideración esta cuestión previa es que deseo reflexionar acerca de una cuestión contingente y bastante controversial, a saber, la violencia como método de acción político, la “represión” o el deber del Estado de resguardar el orden público y las demandas ciudadanas.

Como bien es sabido por todos en nuestro país, ya desde el año pasado se ha creado un movimiento amplio social que no adolece a las estructuras tradicionales de la política, esto por cuanto, bajo una demanda común se ha podido agrupar a distintos sectores de la sociedad, lo cual no sólo se ha visto manifiesto en las multitudinarias marchas, sino que también en las muchas encuestas que se han realizado; muestro de esto último denota la encuesta Adimark, en la que el movimiento estudiantil cierra el año 2011 con un 71% de aprobación ciudadana: ello monta a este movimiento como uno de los más exitosos, sino el más, dentro de nuestra historia republicana. Ahora bien, en términos concretos, y como análisis personal, ya terminado el año 2011, en concreto es poco o nada lo que el movimiento estudiantil ha logrado; visto en relación a las grandes demandas hechas al gobierno, si bien, en lo concreto respecto de cambios no se ha logrado mucho, el triunfo simbólico ha sido, y esto es creo compartido por todos, sentar un tema ya olvidado como de discusión en la mesa, que es, no educación, sino hacer justicia a la población mediante el instrumento del Estado corrigiendo las nefastas consecuencias del capitalismo iniciadas en dictadura y concretadas y solidificada en los 20 años de la Concertaciòn: esto ultimo, ha tomado fuerza dentro de una “ola” a nivel mundial respecto de este sistema tirano en el cual solo unos pocos son beneficiados, y como se decía en E.E.U.U el 99% restante queda sin aliento y energía.

Todo lo dicho, no como una cuestión nueva, sino que retomando una antigua idea del derecho de rebelión ante un “sistema” injusto o tiránico, entrega la concreción natural del hombre de actuar. Lo señalado como dije no es una cuestión nueva, ya Los Monarcomanos, Santo Tomas, Jhon Locke y otros, han hablado acerca de la posibilidad que tiene toda persona de que ante la perdida, restricción e imposición de un determinado molde social, el cual contraiga en esencia condiciones injustas, indignas e ilegitimas, obsta para que sea posible el revelarse ante tal hecho. Esto hoy en día es muy visto en nuestras marchas estudiantiles: el derecho a revelarse, a ser violento contra la autoridad, el acto de desobediencia civil como un grito desesperado en el manicomio social por ser escuchado. La literatura existente sobre el tema es basta, y la respuesta a la pregunta de que si es legitima tal actitud, es clara, la desobediencia civil es valida y legitima. Sin embargo, la pregunta es: Siendo la desobediencia civil válida y legítima en determinados contextos, ¿son sus consecuencias soportables?

La respuesta a esta pregunta es bastante difícil, y como señalé al principio de este trabajo para algunos será totalmente soportable tal actitud, teniendo en cuenta que las consecuencias de ganar un sistema más equitativo es sopesable por sobre lo nefasto que puede ser la violencia al interior de una sociedad como manifestación de la desobediencia civil; siendo que para otros es totalmente y en todo evento desdeñable tal actitud, por cuanto es el dialogo y la vía “democrática” la única forma de transformar este sistema, no construyendo sobre su destrucción, sino que sólo sobre su reformulación.

He aquí la controversia suscitada entre si es más tolerable un fin justo utilizando medios alternativos, o si hemos de seguir el curso natural de la historia y utilizar el dialogo para encontrar una solución deliberativa a nuestras problemáticas. Que importa, alcanzar una finalidad en especial, llegar a determinadas consecuencias sin tener en consideración los deberes de conducta de una sociedad democrática. Las respuestas, tal como señalé, van a variar de sujeto en sujeto. Sin embargo, y como apreciación personal, creo que el fin justifica los medios, como se dice vulgarmente. Por lo cual, toda forma de lucha es valida y legitima para defender los intereses generales de la ciudadanía, más aún, un acto de desobediencia civil manifiesto en violencia cuando este es requerido bajo ciertas condiciones.

En términos mucho más explicativos, para quienes creen en el utilitarismo, importando sólo las consecuencias, la desobediencia civil será un método más que valido de praxis y ética política; en cambio, para los que siguen a Kant y creen que hay ciertas exigencias que en todo evento deben respetarse, teniendo en cuenta el valor de la libertad individual, la dignidad y la autodeterminación, la posición de la deliberación pública permanece como un valor mucho más trascendente que un resultado, por muy optimo que sea, arriesgue los valores antes señalados. Claramente el valor de la dignidad y la libertad personal son trascendentes en una sociedad democrática, los cuales no pueden arrebatarse a nuestros conciudadanos, puesto que eso mismo conllevaría a estos en el futuro a realizar diversos actos de desobediencia civil ante el nuevo y justo sistema después de la revolución de la objeción: ello conllevaría a un argumento circular que valida la una y otra postura bajo eventuales condiciones.

Ahora bien, creyendo de que la razón provienen ciertas máximas de conducta -imperativo categórico- es que creo la deliberación pública es la solución óptima en la búsqueda de soluciones. Pese a eso, la desobediencia y desacato ante la autoridad se vuelve en ciertos contextos la única vía válida en busca de las respuestas a las necesidades del pueblo. Es en consecuencia, la respuesta a la pregunta que hicimos en comienzo: ¿quién tiene la culpa? En concreto, es claramente el gobierno de turno quien debe escuchar las demandas ciudadanas, de forma tal de crear un ambiente de respeto entre los gobernados, Aristoteles es esclarecedor al respecto1: “Parece además que la amistad mantiene unidas a las ciudades, y que los legisladores consagran más esfuerzos a ella que a la justicia: en efecto, la concordia parece ser algo semejante a la amistad, y es a ella a lo que más aspiran, mientras que lo que con más empeño procuran expulsar es la discordia, que es enemistad. Y cuando los hombres son amigos, ninguna necesidad hay de justicia, mientras que aun siendo justos necesitan además de la amistad, y parece que son los justos los que son más capaces de amistad”. La amistad se asemeja a la pluralidad y libertad de expresión en la Ciudadanía, en la que es responsabilidad de los gobernantes crear un espacio propicio para un dialogo de respeto y buscar soluciones a los problemas de la sociedad.

Ergo, es el gobierno quien tiene la culpa de que la ciudadanía deba hacer uso de la desobediencia civil y la violencia como método de acción política. Sin embargo, esto conlleva tener en cuenta los diversos problemas que derivan de tal decisión, en términos morales, éticos y prácticos.


1 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, VIII, 1, 1155a.

 

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