Querella por estafa en caso CAVAL ¿Existe realmente el engaño?

El tema es sensible, por la discusión política de los últimos meses. No obstante, mi intención es poder reflexionar acerca de la admisibilidad de la querella presentada por el empresario Hugo Silva, concretamente, pensar acerca de cómo el empresario podría fundar el engaño en el que se sustenta su acción.

Los hechos son los conocidos por la prensa en los últimos días, el empresario que compró los terrenos cercanos a Machalí a la empresa caval, se ha querellado por estafa en contra de los representantes legales de tal empresa (donde Sebastián Dávalos fue gerente de proyectos, y su esposa, Natalia Compagnon, posee el cincuenta por ciento de las acciones), con objeto frenar el pago de un cheque por 2 mil millones (eso ya se consiguió). Además, el querellante ha informado por medio de la prensa, que el argumento fundante de su reclamación está en el hecho de que no podrá ocupar los terrenos para el fin por el cual fueron comprados, tal es, poder aprovecharse de un eventual cambio en el plan regulador, para transformar la zona en un polo de atracción inmobiliaria y comercial. En sus palabras a los medios da a entender, que su principal motivo para concertar la compra de las tierras, fue precisamente el cambio que el concejo municipal haría respecto del uso del suelo. Por lo tanto, la no concreción de tal cambio, le ocasiona el perjuicio reclamado.

Como es de nuestro conocimiento, la estafa, requiere del cumplimiento de ciertos requisitos, que a la sazón deben ser demostrados y probados por el querellante que la invoca, tales son: engaño, disposición patrimonial, nexo causal entre los dos elementos anteriores, y perjuicio.

Al parecer, las alegaciones del querellante satisfacen paso a paso todos los requisitos anteriores. Sin embargo, llama la atención la forma en que se refiere al engaño, utilizando un argumento especulativo, tal es: “compré el terreno porque sabía que subiría de precio, luego, esto no ocurrió”. ¿Constituye realmente un engaño o defraudación tal idea?

Siguiendo al profesor Etcheverry consideramos defraudar como el acto de causar perjuicio en patrimonio ajeno, mediante engaño o incumplimiento voluntario de obligaciones jurídicas. No obstante esta definición al caso en particular, vemos que nos deja al límite entre el fraude penal y el fraude civil, ya que en ambos puede confundirse el dolo como vicio del consentimiento al momento de contratar, y aun existiendo teorías que proponen soluciones al respecto (monistas y dualistas), acogeremos la tesis de Carrara, la cual nos indica que para considerar una defraudación o engaño en el ámbito criminal, es necesaria una “puesta en escena”, o una preparación de gran magnitud, tendiente a engañar o mantener en el error a la víctima.

Hasta ahora, todo pareciera encajar a la perfección en el caso caval, pero ¿y si la víctima sabía que para ver aumentado el precio del terreno se debieran cometer otros delitos? He aquí el punto débil (en mi opinión) del sustento de la querella por estafa. La acusación de engaño al parecer no sería tal, si la propia víctima tuviera en conocimiento (o no pudiera menos que saber), que al comprar los terrenos sin la aprobación del cambio del uso del suelo, tal cambio a futuro se realizara por medio de delitos cometidos por funcionarios públicos. Esto es, en concreto, a lo menos el delito de cohecho, negociación incompatible, y tráfico de influencias. Claramente don Hugo Silva no puede decir al tribunal “me querello por estafa porque el uso del suelo no se cambió (perjuicio), ya que los funcionarios públicos que debían aprobar tal cambio no quisieron hacerlo, y al contratar con caval se me aseguró que lo realizarían (engaño)”. Esto pondría a la víctima en la incómoda posición de ser cómplice de los delitos antes señalados, si al comprar lo hizo con la convicción de que su vendedor tendría las facultades para asegurar la aprobación del plan regulador. Por lo tanto, pareciera ser que en una primera aproximación, el contrato de compraventa es anulable por ilicitud del objeto (art 1462 CC), pues se contraviene al derecho público chileno.

No obstante, hemos sido testigos de un maquillaje judicial, tendiente a obtener un resultado civil (no pago de 2 mil millones), mediante la rapidez de la vía penal. Fuera de todo el desarrollo que ha tenido el presente caso (incautaciones de computadores del domicilio de Dávalos, del palacio de la Moneda, etc), toca estar muy atentos a las acciones del querellante, pues dentro de las aportaciones que pueda hacer al ministerio público para el desarrollo de la investigación, habrá que observar y estudiar cómo sigue adelante su justificación del engaño en las próximas etapas de la investigación, y si una vez finalizada ésta, adhiere o no a la acusación de la fiscalía.

Mi intención es dejar abierto el espacio para pensar, y observar, en concreto, que al parecer este caso era perfectamente abordable por la vía civil, y que –al parecer– el engaño acusado no es tal, pues ambas partes compartían la misma información y pretendían asegurar un negocio utilizando mecanismos de influencia.

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18 Comentarios
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