¿Qué es más seguro?

Ya hace un par de semanas atrás en Temuco, se perpetro una estafa a gran escala cuyo origen está en la clonación de tarjetas bancarias e intervención de cajeros automáticos en la ciudad, con consecuencias nocivas tanto para la banca, que vio cómo su sistema de seguridad informática e interna se vio vulnerado, como para la gran cantidad de usuarios de ese sistema que vio mermada sus cuentas bancarias. Las cifras por si hablan solas; los afectados ya bordean los 2.000 y la cuantía de lo estafado asciende a los 300 millones de pesos aproximadamente.

He aquí donde viene a colación la pregunta: ¿Qué es más seguro? Un ciudadano de a pie diría ¿el banco o el colchón? Entre nos, diríamos ¿la protección de los bienes jurídicos patrimoniales es plenamente efectiva o no? Lo que acaba de suceder el Temuco da para pensar y poner en el discurso penal nuevamente si la tutela a estos bienes jurídicos es efectiva o no con el pasar de los años y con el surgimiento de nuevas formas de criminalidad económica compleja.

Lamentablemente nuestra legislación penal anticuaria no da paso a una modernización de las figuras penales existentes, lo cual lleva a muchas veces optar o, por subterfugios legales o por tipos penales de baja penalidad. Por otro lado, es asimismo cierto que los criterios de imputación (y exclusión de la imputación) objetiva han hallado su ámbito de aplicación por excelencia es en los delitos contra la vida, la integridad física y la salud. En cambio, su empleo en los delitos contra el patrimonio, y en particular en los delitos cometidos por medios fraudulentos, ha sido muy inferior. Sin embargo, precisamente en este ámbito no es inusual la afirmación de que existen conductas que, por pertenecer a la lógica de las interacciones del mundo económico, por producir mayores beneficios que costes o, sencillamente, por poder ser evitadas con costes inferiores a los (elevados) de la sanción penal, deben quedar excluidas del ámbito de lo típico. Ello, aunque se realicen a sabiendas de que han de producir un resultado lesivo del patrimonio ajeno, público o privado. Seguramente, la mayor complejidad técnica de estos delitos, en los que la tipificación de modalidades de conducta y la exigencia de medios determinados constituyen la regla general, tienen  algo que ver con el hecho constatable de la mucho menor penetración de los criterios de imputación objetiva en este ámbito.

En principio, en esta serie de delitos cometidos, se está bajo la figura delictiva de clonación de tarjetas de crédito (Ley 20.009), pero también podría calificar un delito informático, en especial, alguna figura de espionaje. Se trata de clientes de la gran parte de los bancos de la plaza, que han detectado giros desde sus cuentas corrientes, a través de cajeros automáticos en su mayoría y giros de montos variables, en algunos casos hablan de 80 o 90 mil pesos, otros de sumas superiores, que exceden incluso el margen de lo que se puede girar en una sola operación, donde además todos los giros y transferencias bancarias van a parar a destinos como Colombia o Panamá.

Dentro de toda esta aborigen suscitada en estos días, no faltan las voces de ciertos personeros políticos, que interfieren de manera “ruidosa y molesta” la persecución penal de esta serie de delitos complejos, aduciendo cierta “lentitud” del ente persecutor. Dejemos de vernos la surte entre gitanos, si el sistema penal estuviere actualizado como corresponde y que los entes persecutores posean los medios técnicos y profesionales que corresponden, problemas de “lentitud” o molestia por parte de estos “señores” serían los menos.

Ahora, nos vemos en la posición de cómo se dio protección a los afectados por esta estafa. Las entidades bancarias retornaron a los afectados los montos que fueron sustraídos de sus cuentas. Pero, algunas entidades, como relataron algunas víctimas, como condición al retorno de los fondos sustraídos debían firmar un documento el cual ellos no podían ejercer ninguna acción judicial (bastante baja por no decir el tener que firmar algo que desligue de responsabilidad cuando el patrimonio de muchos usuarios del sistema bancario se vio afectado).

En síntesis. La complejidad de los delitos económicos supera lo impensado, ya que el coeficiente intelectual de un delincuente económico es superior a la de otro tipo de delincuentes comunes. En materia dogmática, resulta obvia la creación a futuro tanto legislativa, como jurisprudencialmente de posiciones de deber antes inexistentes, o la ampliación de las existentes, que produzcan efectos de ampliación de responsabilidad. En efecto, lo que sucede con la construcción de bienes-funcionales y la configuración de posiciones de garantía de particulares respecto del correcto desenvolvimiento de la función institucional de estos bienes. Además, las modificaciones se deben profundizar en el análisis de los procesos de institucionalización que están generando los nuevos deberes y ver si, efectivamente, estos tienen el fundamento que reclaman, vinculado a la funcionalidad de los modelos sociales o por el contrario, carecen de tal fundamento.

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