¿Qué diría Marat?, ¿Qué diría Beccaria?

Dentro de la historia del conocimiento, uno de los siglos más relevantes en su desarrollo fue el siglo XVIII. El siglo del progreso y la razón desplegó sus luces prácticamente  en todas las ramas del saber, y el Derecho Penal no fue la excepción. Muy por el contrario, es precisamente en este siglo donde cae el antiguo régimen, dando paso al nacimiento de principios y concepciones que dieron forma al derecho penal contemporáneo, y que han fluido hasta nuestros días. Tanto ilustrados como revolucionarios -más éstos que aquellos- derrumbaron nociones con siglos de antigüedad.

En el antiguo régimen imperaba la desigualdad, el caos y la heterogeneidad de las fuentes, la arbitrariedad judicial era potente. Además, el derecho penal se presentaba como cruel y severo, predominando  las penas corporales, con variedad terribles de ejecución y otros tipos de penas que no resisten análisis alguno hoy en día, como la muerte civil y la exposición pública a la vergüenza. Todo ello supeditado a un proceso penal inquisitivo, pletórico, de acusaciones secretas, delaciones premiadas, faltas de garantías de defensa, y la con la confesión como prueba estrella, pues claro, la tortura estaba minuciosamente regulada. Tal derecho fue aplicado prácticamente sin cuestionamiento durante siglos. Si hoy en día, todas las características antes mencionadas nos parecen aberrantes y sin resistencia a juicio racional alguno, es porque los hombres del siglo XVIII lograron romper tal modelo, conquistando garantías de suma importancia.

Ilustrados como Montesquieu, Voltaire y Lardizábal trabajaron ideas primas como la naturaleza de las penas y su necesidad de proporción al delito; también se trató sobre  la tolerancia. Pero son los revolucionarios, como Cesare Beccaria y Jean Paul Marat quienes llevan de manera más consistente a la caída del antiguo régimen.

“De los Delitos y las Penas” (Beccaria), publicada en el anonimato en un comienzo, se alza como una de las obras fundamentales del derecho penal contemporáneo. En esta magnífica obra, se fija el principio de legalidad de los delitos y las penas, se llama a proscribir la interpretación judicial de las leyes en pro de la libertad del hombre,  se establece la proporcionalidad como principio fundamental, además de la igualdad de la pena. Se combate la tortura, por contraproducente, desigual e inhumana y se hace oposición fuerte a la pena de muerte. Las mismas ideas se contienen  el  “Plan de legislación criminal” (Marat), añadiendo ideas de carácter procesal como la publicidad de los juicios, la independencia del poder judicial, la presunción de inocencia, entre otros aspectos.

Tales ideas fueron escritas hace más de 200 años atrás, dentro de un contexto mucho más duro y menos humanizado que el que hoy vivimos. Pero resulta interesante señalar que algunas de las garantías planteadas por estos hombres de la revolución no fueron resueltas en nuestro sistema sino hasta hace pocos años (presunción de inocencia en la reforma procesal penal), o incluso existen algunas que aún no se resuelven (¡¿o es que acaso todas las penas en nuestro sistema son proporcionales?!).  Pero más grave me parece aún que existan voces que llaman a limitar tales garantías, sobre todo procesales, y a expandir la severidad del derecho penal, concibiendo a este último erróneamente como el medio para hacer frente a problemas sociales. Tal como señalaba Silva Sánchez en su popular obra “La expansión del Derecho Penal” se ha malformado el objetivo del Derecho Penal: en vez de ser una carta de garantía del ciudadano ante el Estado, se ha transformado en una carta del Estado ante su afán represor y su incapacidad de crear políticas eficientes que enfrenten los problemas  de fondo. Y peor aún, de ello ha hecho eco la opinión pública.

Hace un tiempo atrás leía el Blog Legal de la Biblioteca del Congreso Nacional, disponible en su página web, y en una de las entradas una persona hablaba sobre el principio de presunción inocencia. Lo primero que me llamó la atención fue el título: “Principio de Presunción de Inocencia ¿Una buena idea de política criminal?”.  Sin  desconocer la importancia de la política criminal, estoy seguro de que la presunción de inocencia supera sus límites, y no debe ser algo que se decida a través de una determinada política criminal. Como principio, debe orientarla, y no ser un elemento que mute a través de ella, apareciendo y desapareciendo según la política que se establezca. Pero para superar las primeras impresiones, proseguí a leer el contenido de la entrada, y puedo resumir su idea principal de la siguiente manera: El principio de presunción de inocencia debe desaparecer para quienes son reincidentes, pues un proceso garantista es fatal para nuestro país. Tal cual. Como diría mi maestro José Luis Guzmán Dálbora,  derecho penal de autor puro y duro. Con la taquicardia en aumento luego de leer tal opinión me pregunté: ¿Qué diría Marat?, ¿Qué diría Beccaria?

Y es así como me vinieron a la mente una serie de situaciones que, de haber vivido en nuestra época, dejarían a ambos revolucionarios con las mejillas sonrojadas, más de furia que vergüenza. En los último 10 años, casi todas las reformas hechas a nuestro código han tendido a expandir el catálogo de delitos o a aumentar las penas: La tipificación de los delitos de robo y hurto de vehículos motorizados que se encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitio no destinado a habitación, y el aumento de sus penas respecto a la regulación anterior, así como el aumento de penas del delito de robo de cajero automáticos, por dar ejemplos,  no hacen más que seguir desproporcionando las penas de delitos contra la propiedad.   En el ámbito procesal el aumento del catálogo de  penas sustitutivas de la Ley 18.216 y la inclusión del brazalete se apartan de la humanización de la pena tan buscada por los revolucionarios. Para qué hablar de la obsesión por parte del gobierno por torcerle la mano al garantismo procesal penal, “enquistado” según ellos en los tribunales de garantías,  anunciando la limitación de sus facultades en una “reforma a la reforma” y poniendo en jaque la independencia del poder judicial. Por otro lado, leyes penales en blanco  atentando claramente contra el principio de  legalidad , como la ley 20.000,  que contempla  una forma de delación premiada, así como la inclusión de la marihuana dentro de las “drogas duras” sin base científica alguna. También la diferencia de edad de consentimiento sexual entre heterosexuales y homosexuales revela un grave atentado contra la igualdad ante la ley.  Suma y sigue, todo bajo técnicas legislativas pobres, sin capacidad de síntesis en núcleos típicos firmes, sino que apoyados en la casuística y la poca inteligencia.

Y de seguro el afán es mucho mayor, pues como dije más arriba, se ha tomado al derecho penal como una forma de atacar las inseguridades sociales exacerbadas por los medios, en vez de dar soluciones concretas a los problemas que producen conflictos.  Se ha torcido la finalidad de la pena -y aquí me aparto de los revolucionarios-  pues es la retribución lo único que permite seguir considerando al hombre como fin en sí mismo.

En los tiempos venideros se espera un nuevo Código Penal. Ojala que el nuevo legislador recuerde lo difícil que fue alcanzar la humanización del derecho penal, y cuan duro se trabajó por ofrecer garantías a los ciudadanos que forman parte de una sociedad. Ojala el nuevo legislador lo recuerde, y tenga presente esta frase, con la que Cesare Beccaria cierra su libro: “Para que una pena no sea una violencia de uno o de muchos contra un ciudadano privado, o sea; para que una pena sea una pena y no un acto de violencia que no es derecho, debe ser esencialmente: pública, pronta, necesaria, la mínima de las posibles dada la circunstancia, proporcionada a los delitos y dictada por las leyes”

No avivemos las cenizas del antiguo régimen.

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