PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD INTERNACIONAL Una mirada acerca de la Extradición de Otilio Romano Ruiz

Si bien como hemos podido observar en los últimos años, la cooperación internacional para perseguir delitos de lesa humanidad ha florecido como un punto neutro en donde algunos países ven la oportunidad de unir fuerzas y procesos que conlleven a construir un cimiento de la visión de una cierta conjetura de confianza; es decir, la postura de la voluntad de ayuda para contra infractores de delitos que marcaron a Sudamérica hacía varios años bajo el manto de regímenes totalitarios.

El Derecho Penal, se convierte en un instrumento de apoyo entre las naciones; dejando su naturaleza punitiva y de control del poder estatal, ahora se transforma en el aliado en un proceso de dicha naturaleza; entramos en ámbito de la soberanía y las relaciones que el Derecho puede abrir y mejor si es en área Internacional.

El caso que nos convoca es la Extradición concedida por la Corte Suprema de Chile; petición realizada por la república Argentina para con el ex Juez Dr. Otilio Irineo Romano Ruiz, bajo la causal constitucional de mal desempeño y posible comisión de delitos[1].

Para una mejor compresión es necesario primeramente conceptualizar que se entiende por este proceso llamado extradición, que si bien no existe en nuestra legislación un texto positivo que la defina expresamente pueden extraerse sim embargo elementos que la definan así como la labor de la doctrina al construir un concepto.

En el código de Bustamante se extrae lo siguiente de su artículo 344; Para hacer efectiva la competencia judicial internacional en materias penales, cada uno de los Estados Contratantes accederá a la solicitud de cualquiera de los otros para la entrega de los individuos condenados o procesados por delitos que se ajusten a las disposiciones de este título[2]

Concordando las disposiciones del presente artículo es posible la construcción de un concepto al respecto; El Código de Bustamante, por su parte, establece un precepto que podríamos denominar neutro, toda vez que incluye a los dos tipos de extradición que conocen nuestra doctrina y jurisprudencia, Extradición Activa y Extradición Pasiva; al señalar Estados Contratantes  incluye a ambos dentro de una posible materialización de  un concepto de extradición. Sin embargo la doctrina nos proporciona una visión más exacta; La extradición es el acto por cual un gobierno entrega un individuo refugiado en su territorio al gobierno de otro país que lo reclama por razón de delito para que sea juzgado, y si ya fue condenado,  para que se ejecute la pena o la medida de seguridad impuesta[3].

Aunque nuestra jurisprudencia se ha pronunciado al respecto, es también necesario hacer una breve revisión;

–       Extradición Activa; La extradición es el acto mediante el cual el Estado en cuyo territorio se ha refugiado una persona lo entrega al Estado donde delinquió, para su juzgamiento o cumplimiento de la pena en su caso[4].

–       Extradición Pasiva (Voto disidente del señor Ministro Méndez); Que lo anterior coincide con lo que este Tribunal expresó en su sentencia de 14 de junio de 1962, pronunciada en el caso de extradición de Tell Albert Messerli, cuando en su considerando 2°, después de definir la extradición dijo: La finalidad de este instituto es evitar la impunibilidad de los delitos, y su justificación se apoya en el principio moderno del auxilio mutuo que deben prestarse los Estados para la consecución de este fin[5].

Dicho lo anterior, como una manera de situar al lector en el área de trabajo que estamos revisando, podemos evocarnos entonces hacia la mirada de este caso de extradición pasiva pedido Argentina hacia el Estado de Chile.

Otilio Romano Ruiz, es acusado por parte del Estado Argentino de delitos de lesa humanidad cometidos durante los años 1976 a 1983, durante el periodo de Dictadura Militar en dicho país. Es por ello que el Estado Argentino funda su petición de extradición de Romano Ruíz en una conducta omisiva de delitos de lesa humanidad materializados en el hecho de no investigar 97 casos que afectaron a ciudadanos argentinos, pudiendo y debiendo hacerlo. La defensa de Romano afirma que los hechos aludidos a su representado no se encuentran acreditados, y por ende carece de del elemento central para proceder la extradición[6].

Sin embargo el punto que nos convoca es de particular análisis en este trabajo, en el que nos centraremos; el argumento de la defensa destaca, el principio de reciprocidad internacional relativo según afirma la defensa de Romano Ruiz al hecho de la negación de la petición de extradición de Galvarino Apablaza por parte de Chile hacia la república de Argentina; ¿cuál es el problema? El conflicto surge cuando se pone en contraposición entre la no cooperación del Estado Argentino al negarse a la entrega de Apablaza, prófugo de la justicia chilena, y la necesidad de la cooperación de los estados de Chile y Argentina para juzgar los crímenes de lesa humanidad de los que se le acusa a Otilio Romano basados en delitos omisivos al no investigar los crímenes durante el periodo de la dictadura Argentina.

Entonces surge nuestro conflicto, principio de reciprocidad, versus la cooperación internacional respecto de crímenes de lesa humanidad o en el caso de Apablaza, la acusación de asociación ilicitica y el homicidio de un funcionario del Estado como lo fue Jaime Guzmán.

El principio de reciprocidad es una forma de colaboración internacional entre Estados, en los que priva la igualdad. Este principio emana de la costumbre, y concreta en el siguiente postulado, El Estado requirente se compromete con el requerido, que llegado el caso con éste en reciprocidad[7].

Según los antecedentes aportados por el Estado requirente, la impunidad ofrecida en los hechos por el extraditable a los agentes de represión estatal fue una contribución, útil y decisiva para que se pudiese producir la reiteración de delitos de lesa humanidad que se han acreditado en los autos originales. En este sentido, la contribución que se desprende de la conducta de Romano a favor de los autores directos e inmediatos fue realizada con dolo, lo cual puede presumirse por la modalidad y sincronización con que actuaron las fuerzas represivas y las reiteradas omisiones en sus funciones en que se incurrió que pudo haber evitado la comisión de variados actos delictivos.

Es necesario entonces establecer, cual es la importancia o el valor de los hechos presentados para la extradición pasiva, o respetar la reciprocidad internacional, lo cual pierde sustento si solo la costumbre (incluso siendo un principio del derecho internacional), es la base de la aplicación de dicho principio que pierde fuerza frente a la punibilidad del hecho; todo aquello confrontado al compromiso de la persecución de los delitos de lesa humanidad por parte de los estados, queda entonces la puerta abierta hacia la respuesta, una reflexión por parte del lector que bien puede confrontar los aportes que hemos realizado.

[1] CORTE SUPREMA DE CHILE, Recurso (Crimen) Extradición Pasiva, Libro Criminal, Folio 13282,  Exp.290-2012.

[2] Referencia hecha a la 6° Conferencia Internacional Americana, sobre Derecho Internacional Privado, celebrada en La Habana el 20 de Febrero de 1928 y ratificada por Chile el 14 de Junio de 1933, y denominada oficialmente Código de Bustamante.

[3] CUELLO CALÓN, Enrique, Derecho Penal, Tomo I, p.225

[4] CORTE SUPREMA DE CHILE, Sentencia n°2, 1962.

[5] CORTE SUPREMA DE CHILE, Sentencia n°3, 1963; Se transcribe en la ficha 3 de la sentencia de 1962.

[6] CORTE SUPREMA DE CHILE, (cit.1), p.4

[7] ADATO GREEN, Victoria, Algunos Principios Que Rigen La Extradición, (México, 2004).  p.403

Javier Mella Lillo

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