“Power to the people”: Poder para el pueblo en Sistema de Evaluación de impacto Ambiental.

El destacado músico, John Lennon, en 1971 nos decía con su alegre canción, “Power to the people” que en castellano vendría a significar: Poder para la gente o el pueblo. Hoy a más de 40 años, tomo esa consigna para desarrollarla a propósito del modelo chileno de participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Sabido es que la ley 19.300, establece en su artículo 4°, el deber del Estado de facilitar la participación ciudadana, permitir el acceso a la información ambiental y la promoción de campañas educativas destinadas a la protección el ambiente. En consecuencia, hay que distinguir entre: El libre acceso a la información ambiental, el Derecho de Expresión en esta materia y las garantías jurisdiccionales. Aquí nos detendremos en el derecho de expresión en materia medioambiental.

El párrafo 3° del Título II de la ley 19.300, se titula: “De la participación de la comunidad en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”. Todo esto hay que concordarlo con las disposiciones- art. 49 y siguientes- del Reglamento del SEIA vigente. En fin, en estas disposiciones se consagra la posibilidad de toda persona natural o jurídica, de hacer observaciones a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cuando proceda. Entonces, se establecen lo típico de un procedimiento preclusivo: plazos fatales; obliga además, al Servicio de Evaluación Ambiental a tener que referirse a estas observaciones, y formarían parte del procedimiento de calificación ambiental. Luego, se contempla el estatuto impugnatorio, del cual no haremos referencia.

Entonces, luego de esta revisión más que sumaria, es probable que crea que la consigna: “Power to the people” se nos ha hecho realidad en nuestro SEIA. Así, lo sostienen algunos autores. Sin embargo, me parece que es una alegoría un poco exagerada.

Resulta que, toda persona natural o jurídica puede hacer observaciones a los EIA y a las DIA, cuando corresponda y el SEA solo debe pronunciarse hacer de ellas. Pero, ¿Qué influencia tienen estas observaciones? ¿Son realmente tomadas en cuenta? Algún autor de nuestra doctrina chilena ha dicho, que el problema de fondo en la participación es la búsqueda de las personas, por compensaciones. Siguiendo esa lógica, el SEA solo debiera, pedirle al proponente que, formule una medida de mitigación que satisfaga esa preocupación ciudadana y problema solucionado. Me parece que esta lógica se aleja un tanto de los principios por los cuales, organizaciones ciudadanas y personas naturales recurren con sus observaciones. Estos sujetos de derecho- y lo digo en estos términos porque la ley pide expresamente contar con tal calidad- más bien y en especial las personas jurídicas, buscan proteger o representar la existencia de un interés difuso, entendiendo por tal, “aquellos que a la vez son ajenos y propios pero siempre comunes”(ALMAGRO). De esta forma, El interés que estaría en juego aquí es el de mantener el medio ambiente libre de contaminación y eso se puede lograr desde lo mínimo, aceptando medidas de mitigación hasta lo máximo, no aceptando un proyecto porque eventualmente provocaría un daño ambiental irreversible. Por tanto, el sistema de recompensas que nos hablan algunos autores, con esta concepción amplia, no se satisfacen sus hipótesis.

Concluido aquello, queda el tema siguiente: ¿y si él SEA responde a una observación aduciendo que el proponente ha propuesto medidas suficientes para satisfacer el interés de mantener el medio ambiente libre de contaminación, puede este probar que sus observaciones requieren el rechazo del proyecto o mayores garantías de esas medidas de mitigación? Algunos autores dicen, que esta preocupación se satisface con el Recurso de reclamación del art. 20 de la ley en comento. Me parece que aquí es donde se excluye a la ciudadanía. En Derecho Procesal moderno se habla del llamado “Derecho a la prueba” ya no como una mera carga procesal, sino como un derecho a rendir los medios de prueba necesarios para dar por acreditadas las alegaciones formuladas. Pues bien, apoyándome en el art.29 inc.3° de la ley 19.300, al considerar como parte del proceso las observaciones ciudadanas – procedimiento administrativo- no se le permite a las personas su derecho a acreditar la veracidad de sus alegaciones, estampadas en sus observaciones. Entonces, raya para la suma: se excluye a la ciudadanía.

Cabe destacar que este problema, de la participación ciudadana, es dable también destacarlo en la generación de la política ambiental. Sin embargo, notamos una clara falta de aquella y por ende, no vale la pena referirse a este “Fantasma” que acecha nuestra legislación ambiental.

Finalmente, ¡Poder para el Pueblo, Ahora!

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