Política criminal en Chile ¿pasando a una cuarta velocidad?

Un destacado autor español caracteriza el desarrollo de la política criminal comparándola con las velocidades de un automóvil. El modelo de Derecho Penal garantista-tradicional corresponde al de primera velocidad, un derecho que avanza lento, tranquilo y pausado para castigar los delitos. La segunda velocidad, postula hacia donde debe ir el Derecho Penal, esto es, a la persecución de  las modernas formas de criminalidad (tales como los delitos económico-industriales) y en general todas aquellas actividades de la sociedad de riesgo en que vivimos, pero también se postula en esta velocidad de una “flexibilización”, atendida a la menor proporcionalidad del castigo. Y por último, la realidad nos indica que se ha instalado en el discurso público y político el modelo de seguridad ciudadana, este modelo corresponde a un Derecho Penal de tercera velocidad ya que contempla herramientas para perseguir y castigar más drásticamente la criminalidad tradicional.

 Siendo esta -la seguridad ciudadana- una reconstrucción del Derecho de la peligrosidad, es una tendencia contra la cual luchan los seguidores del Derecho Penal garantista.

       A primera vista, este sistema puede identificarse con el Derecho Penal del enemigo, pero, sin embargo, debe hacérsele ciertos matices: primero, que se refiere únicamente a la criminalidad de los poderosos (dentro del marco de la sociedad de riesgo); en el segundo lugar, se aleja de la idea de lucha contra la peligrosidad del individuo; y, por último, su creador insiste en su carácter excepcional.

     Pero lamentablemente, la tercera velocidad propuesta por este autor, ha evolucionado en nuestro país a una cuarta velocidad, caracterizada por una búsqueda de una persecución penal agresivísima por parte del ejecutivo, de una forma “paranoica” en vez de efectiva, culpando “al empedrado”, a sus aliados -Ministerio Público y Poder Judicial- de la forma de cómo debe perseguirse penalmente,  en vez de reconocer sus errores en materia de tratativa político-criminal (en que, siendo bien consientes, las autoridades de Interior no tienen la mas mínima idea de que el fenómeno criminológico es una consecuencia de la evolución de la sociedad y no un mero capricho ius privatista).

 Los últimos acontecimientos a nivel nacional (protestas estudiantiles, críticas hacia el Ministerio Público y a la judicatura, y el “aumento” de la crónica roja), han puesto sobre la palestra el debate de cómo debe ser una política criminal efectiva para la persecución de la criminalidad, sea individual o colectiva. Según el gobierno, debe existir una política criminal de corte policiaca “a tabla rasa”, es decir, aplicar el marco penal que hay -incluyendo aquellas leyes que están solo en el olvido de un gobierno de facto, aumentando y endureciendo la penalidad de las figuras penales existentes y creando figuras penales utópicas, como el femicidio-, como también, un sistema de policía “un tanto” opresor y desprolijo de profesionalidad. De lo anterior emana, la forma de cómo emanan las primeras pruebas hacia el Ministerio Público por parte de este órgano auxiliar de la persecución penal, las cuales son de mala calidad y de poca cantidad -algo que para delitos graves es de suma necesidad-.

      En esto, que la población, a su vez, dirija a los poderes públicos peticiones de intervenir de modo drástico a fin de garantizar la seguridad general, los estados vienen respondiendo en la actualidad de un modo doble. Por un lado, a través de una acelerada y agresiva ampliación del espacio propio del derecho penal. Por otro, mediante un incremento de de la gravedad de las penas tradicionales (teniendo en consideración que nuestro “muy querido” legislador no ha sido digno de poner al día el Código penal, sobre todo en la creación de tipos penales medioambientales, empresariales y de otra índole de importancia real en la persecución penal), así como de la intensidad de los medios de intervención policial dentro y fuera del proceso penal. Esta política denominada por algunos de “populismo punitivo”, tiene un efecto claro: restringe las libertades públicas de forma “grosera”. Ahora bien, la cuestión es si cabe esperar que esto resulte eficiente, esto es, que los costes de libertad que comporta se vean compensados por incrementos reales de seguridad general.

      En la órbita nacional resulta dudoso. Es cierto que la tipificación como delictiva de una conducta que hasta el momento quedaba fuera del alcance de la legislación penal habría de tener efectos preventivos; ello porque genera un importante desincentivo adicional a quien se pudiere plantear cometerla. Del mismo modo, los incrementos de la gravedad de las penas previstas para delitos ya tradicionalmente existentes habrían de intensificar las posibilidades de disuadir de su comisión. Este modo de racionar parte de la base de que las leyes penales existentes tienen como destinatarios a sujetos racionales -entendiéndose por tales, aquellos con sus capacidades cognitivas y volitivas sanas-.

       Ahora, volviendo al debate nacional, los dardos que ha dirigido de forma imprudente y veloz el titular de interior hacia el Fiscal Nacional y el Presidente de la Corte Suprema, expresando el incumplimiento de deberes sobre el cómo debe ser manejada la persecución penal (a criterio interpretativo de este columnista, de forma agresivísima y a tabla rasa), constituyen una intervención “grosera y ofensiva” hacia la independencia y autonomía constitucional de estos poderes del Estado, y más aun, llega a “rayar en la demencia” el referirse a que el Ministerio Público tenga una política criminal de persecución definida, cuando ya la tiene desde sus comienzos (es solo cosa de ingresar a la web del Ministerio Público y “yasta”). Si quisiera hacer una intervención de esa magnitud debería haber sido un poco más cauto y sensato a la hora de pronunciar comentarios de ese tipo, ya que estos órganos -sobre todo el Ministerio Público- es el titular de la persecución penal por mandato constitucional. Su autonomía constitucional le otorga la seguridad de quedar fuera del marco de influencia de los otros poderes del estado, exento de cualquier clase de limitaciones indebidas en su tarea de persecución penal.

        Para ir cerrando, es preocupante esta situación, sobre todo por el ánimo social en que se encuentra el país en estos momentos. Es ahí donde el derecho penal, como última ratio y no como prima ratio,  debe actuar de forma efectiva y racional en todas sus etapas, tanto en persecución, juzgamiento y sanción. Este, debe ser una persuasión hacia el delincuente potencial mediante la comunicación simbólica del especial valor de los intereses que pueden verse afectados, valor que habría determinado, precisamente, su protección penal, y a través de la legitimación democrática de la decisión incriminatoria. Pero para que ello resulte convincente, es necesario considerar un elemento adicional. No basta con la “mera necesidad” de la intervención penal, entendida como insuficiencia de los mecanismos extrapenales para hacer afronta a un determinado problema social. Es preciso, además, que el hecho en si de la intervención jurídico-penal así como la medida de su intensidad, resulten adecuados y proporcionados.

3 Comentarios
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