Pacheco sacúdete en tu cripta

Desde los albores de la normativa –y también dogmática- penal en nuestro país han existido discordancias para con la sociedad. Esto ha tenido aparejadas incongruencias en la relación derecho-social y también en la función del derecho. Todo esto parte de debates metodológicos nacientes en la filosofía jurídica que los “codificadores” olvidaron. Sin embargo, eso resulta ser baladí en el contexto inicial de nuestro código penal, pues se impuso inescrupulosamente un modelo que precisamente, no sería amigo de los cambios.

A modo de ilustración de sociología jurídica para entender unos puntos, es necesario precisar la base de “sistema jurídico” o derecho (concepto) que se utilizará. El sistema jurídico se compone de cinco elementos, a saber: las personas, las organizaciones, las normas, los recursos y la cultura jurídica. El último punto resulta culmine a la hora de poner cerrojo a los viejos resabios de malos juristas y también, deja la invitación extendida a la “libertad de crítica” (aquella que tanto ensalzaría Lenin). Ahora bien, una mención puede dejar muchas preguntas sin resolver y deja al desnudo a vuestros intelectos al momento de comprender un fenómeno que inunda a la sociedad chilena. Nos mantiene en el velo de la ignorancia (no en sentido rawlsiano) respecto del problema de fondo. Nos condiciona la visión a partir de lo que muestran los medios y sólo lo que queremos ver: un bodrio, claramente.

El sistema jurídico ve su nacimiento y razón de ser con las personas. Es evidente que el derecho surge para normar las conductas y permitir el fin del mismo (según los procesalistas como Chiovenda): la paz social. Entonces, se presupone que no todas las personas son buenas y también que son susceptibles de limitarse en el marco de un contrato social y de la formula kantiana de la libertad: “tu libertad termina donde comienza la mía”.

Segundo, la existencia de personas y sujetos a regular (o a imperar) incita a tener normas. ¿Pero qué clase de normas? ¿Morales? – No, su fuerza no es coercitiva ni tampoco son heterónomas.  ¿Sociales? – Tampoco hay ejercicio de la coacción. ¿Jurídicas? – He ahí el batatazo de la ciencia del derecho, aquel enunciado que impone una sanción en caso de que se cumpla el supuesto de hecho de la norma (incumplir el orden). Todo esto en una óptica kelseniana del derecho; que en términos de su estática jurídica parece ser la esencia del derecho penal que vendrían a tomar los modernos en las ramas. Ya Beccaria tendría opiniones y basamentos similares. Entonces estas proposiciones –de un carácter deóntico- vienen a regular las conductas para que no existan excesos.

Tercero y cuarto: Los recursos y las organizaciones. Aquellas van de la mano, porque imponen la manera en que el derecho se hace efectivo, v. g. la reforma procesal penal que viene a ser una coronación de estos elementos. Recordemos un brocardo de Calamandrei: “El derecho penal sólo vive al interior del proceso”.

Quinto, lo más importante en este asunto. La cultura jurídica es la forma cómo el derecho es recibido por los sujetos imperados y cómo estos lo ven como institución (en sentido durkhemiano como un conjunto de prácticas y costumbres). Lawrence Friedman la divide en interna y en externa. Siendo la primera, propia de nuestros legisladores y participantes del sistema de adjudicación. Mientras que la segunda, es el pópulo, la gente en general.

El derecho penal chileno parece cumplir los cuatro primeros puntos en forma eficaz (y probablemente de manera normal). Sin embargo, la cultura jurídica está por los suelos en determinados ámbitos.

Los medios de comunicación aparte de ejercer un control visual y proto-voyerista en la ciudadanía, de vez en cuando, introducen atinadamente una cuota discursiva de realidad. Esto es, la carencia de la maleabilidad de nuestro sistema jurídico (circunscrito al tema de la cultura) que produce casos que hacen ver al país como subdesarrollado en términos jurídicos cuando pensamos que somos la vanguardia. ¿Errores de poca monta? – No hay autocrítica en este sistema. Donde no puede ver la luz con claridad el aborto terapéutico –y da origen a debates circulares-, donde la administración desleal no tiene un tipo ni la apropiación indebida, siendo dos de los delitos más cometidos en Chile. En ese último punto, está claro que no es delito, por concepto del principio de legalidad y los derivados de “nullum crimen nulla poena sine praevia lege”. En Chile donde tiene que ocurrir un hecho enaltecido por los medios para que se legisle, en esa rúbrica: Daniel Zamudio, Caso Atala, Última tentación de Cristo (en general sentencias que ha recibido por la CIDH), SERNAC Financiero (abocado al tema de las penas), ley de responsabilidad penal juvenil, ley de responsabilidad de las personas jurídicas, el proyecto de ley del delito de saqueo, el femicidio. Sin embargo, muchos de ellos son descontextualizados y criminalizados ante los otros elementos del sistema jurídico, como fue el debate en torno a la noción de ¿Debe existir un tipo de femicidio?

 La sociedad depende de los medios para ver respuestas y la cultura jurídica se deja influenciar por los últimos. La gente pide cambios, pide que el sistema se adapte a las necesidades, circunstancias y al contexto actual. No que estén tipificando impericias situacionales como el duelo, sino que lo que realmente le aqueja a esta sociedad chilena. De esta manera, el sistema ganará confianza y será más eficaz (que eso es lo que se quiere).

Legislador manos a la obra, pues el código penal debe ir con urgencia al diván. Los que aún formulan socaires a ese cuerpo normativo, junto a Pacheco y muchas de sus ideas anacrónicas, tendrán seguidos espasmos.

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