Opinión pública y Derecho Penal.

Siempre la opinión pública ha tenido un grado de preponderancia a lo que materia penal se trata, ya que por A, B, C motivos solicitan que ante un crimen de por si alevoso exijan la máxima condena al culpable, o que por el ambiente creciente de inseguridad claman por el aumento indiscriminado de las penas en el catálogo penal o la creación de tipos penales irrisorios – de hecho cada vez que el legislador interviene en esta materia hace su pega, o sea, deja peor la ley-.

Ante este contexto, surge por parte de la doctrina una vía de solución a través de una política-criminal simbólica, en mayor medida por las posibles razones de coherencia entre cuestión y respuesta, los costes iusfundamentales de la intervención estatal para asegurar la norma: endurecer las penas, medidas de seguridad o debilitamiento de las posiciones procesales, solo por citar algunos ejemplos.

Autores como Diez Ripollés distinguen entre efectos instrumentales, expresivos e integradores de la norma. Los instrumentales son los que se concretan en modificaciones de la realidad social y en sus componentes humanos; los expresivos suscitan emociones o sentimientos en la conciencia; y los integradores generan determinadas representaciones valorativas del individuo. Ante estas disfunciones, la política-criminal debe moverse en estos dos últimos planos.

El desarrollo de una política-criminal en este sentido, de carácter cognitiva, permite articularla con anterioridad a la aplicación de la norma, en el caso de que esta sea precisa. Pues en el caso de delitos de grave connotación, cometidos por ya castigados, pueda existir un quebrantamiento extraordinario de la sensación de seguridad de la colectividad y la confianza de los ciudadanos en la función de tutela del Estado.

Frente a esto se sugiere un nuevo desarrollo de la denominada legislación simbólica, que permite articular una política-criminal con costes iusfundamentalistas mínimos. Para poder llevarla a cabo, no esconde sus limitaciones frente a disfunciones preventivas que han motivado algunos procesos de reforma –la famosa “reforma a la reforma”, que de reforma no tiene nada-, los cuales responden en gran medida a un discurso público en que confluyen diversas corrientes y grupos de interés cuyas posiciones, muchas veces muestran un contenido emocional; donde los distintos medios y foros orientan el tratamiento hacia razones políticas o económicas.

En conclusión, se propone que se vele por la dimensión cognitiva de la norma: difusión estadística, pronunciamientos, etc. A favor de esto, apunta la singularidad del espacio comunicativo donde la norma desarrolla su función expresivo-integradora, que desaconseja abandonarlas a su suerte una vez entrada la norma en vigor. También los costes iusfundamentales y los contenidos de irracionalidad de los procesos de reforma, se emplaza a la ciencia a hacer valorar la razón comunicativa de los expertos, en tanto no se limite el saber empírico o teórico, pues el saber no se deja aislar de sus referencias ético-políticas, pragmáticas y morales, así como también el legislador, sobre los elevados costes iusfundamentales.

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