Nuevo Reglamento de la Ley de Caza, una Castración a Nuestra Legislación Ambiental y Animal.

Que, con fecha 14 de Enero del presente año se dio término a la tramitación del  proyecto que aprueba la modificación al Reglamento de la Ley de Caza, mediante Decreto Supremo N° 65 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI).

La antedicha modificación incorpora cuatro nuevas especies dentro del marco de especies calificadas como peligrosas o dañinas, estas son: 1) el ciervo exótico, 2) el zorro chilla (en tierra del fuego), 3) el zorzal (en la V región), y 4) el perro salvaje o bravío, que se encuentre en encuentre en jaurías fuera de las zonas o áreas urbanas y de extensión urbanas, a una distancia superior a los 400 metros de cualquier poblado o vivienda rural aislada.

Esta nueva calificación que reciben estos animales, de especies dañinas, como procederé a explicar más abajo, responde a un criterio de afectación de intereses privados y no ambientales, puesto que no existe estudio alguno de órgano especializado el cual señale la afectación negativa que eventualmente estarían generando éstas especies en los ecosistemas en los que habitan. En otras palabras, no existe prueba alguna que señale de forma fidedigna que éstos ocasionen lesión alguna a la biodiversidad.

Tomando razón de lo anterior surge la siguiente interrogante: Si estos animales no generan un perjuicio a los ecosistemas que habitan, ¿porque fueron ingresados a la lista de animales dañinos?

La respuesta a esta interrogante se encuentra en total concordancia con la política ambiental de nuestro país, Chile. Explico, si bien es cierto no se ha logrado acreditar que las especies ya señaladas no afectan negativamente nuestro patrimonio eco sistemático, no es menos cierto que estas si afectan los intereses de los privados. Lo anterior debido a que estos animales generan un perjuicio económico para la agricultura y  la industria ganadera, razón por la cual se reguló de esta manera.

Hay que señalar que este conflicto socialmente ha tratado de abordarse mediante distintos mecanismos, los que, hay que decirlo, vulneran normas que dentro de nuestro ordenamiento jurídico vienen a amparar: el bienestar animal, el que éstos no sean víctimas de agresiones ilegítimas del hombre, y el derecho que tienen y que tenemos a su existencia en nuestro ecosistema. Me refiero a la ley 20.380 de protección animal, el artículo 291 bis del Código Penal, que sanciona y tipifica el delito de maltrato animal; y la ley 19.300, de Bases Generales de Medio Ambiente, que en su artículo primero señala como objetivos la preservación de la naturaleza, la flora y fauna tanto silvestre como urbana.

 En el caso particular de los perros, denominados arbitrariamente como salvajes o bravíos, la problemática tiene una mayor resonancia. Esto debido a que la inclusión de éstos en la lista de animales susceptibles de casarse responde a una mala estrategia para dar solución a un conflicto que hasta la fecha no se ha podido resolver, y que ahora viene a afectar intereses privados, me refiero al problema del que hacer con los perros vagos y/o abandonados, y como dar control a su población.

Cabe mencionar que respecto a este conflicto ha habido distintos puntos de vista en cuanto a su forma de abordarlo.

Los entes, tanto públicos como privados, que han actuado sobre este punto son los siguientes:

  1. Municipalidades: Bajo esta mirada, el problema de los perros vagos y/o abandonados que circulan libremente en su territorio afecta directamente el aseo y ornato del municipio, esto porque perjudica la belleza escénica de la comuna. Amparadas en dar cumplimiento a su Ley Orgánica Constitucional, particularmente a lo establecido en su artículo 3, letra f), que dispone: “Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territorio, las siguientes funciones privativas… El aseo y ornato de la comuna”, es que, de forma errónea, se han sentido facultadas para controlar la población canina; mediante prácticas que caen en el tipo penal de maltrato animal, tipificado en el artículo 291 bis del Código Penal. Cabe mencionar que estos órganos no poseen, por Ley Orgánica Constitucional, facultad alguna para dar muerte a ningún animal, por lo que es plenamente aplicable la norma penal ya individualizada.
  2. Ministerio de Salud: Desde el prisma de este ministerio, los perros ya individualizados, son un potencial foco de enfermedades para la población, constituyendo por ende una amenaza.

Éste órgano en lineamiento con los objetivos establecidos en el decreto Ley N° 2.763, y teniendo presente que la misión institucional de éste órgano es el “contribuir a elevar el nivel de salud de la población; desarrollar armónicamente los sistemas de salud, centrados en las personas; fortalecer el control de los factores que puedan afectar la salud y reforzar la gestión de la red nacional de atención…”, es que ha generado políticas que atentan contra las normas ya expuestas de protección animal y ambiental. Estas políticas, velando por el bienestar de las personas, atentan contra el bienestar de los animales. Lo anterior es debido a que no son el órgano encargado del resguardo de nuestra fauna silvestre ni urbana.

Cabe señalar que, de forma errada, se cree por gran parte de la población, que es el Ministerio de Salud el órgano con competencia para abordar el problema de los perros vagos y o abandonados, siendo ello algo improcedente según lo que establece su Ley Orgánica Constitucional.

  1. Industria ganadera y agrícola: Los privados observan a estos animales como un elemento adverso en sus factores de producción, esto porque ocasionan un grave daño a su producción. Este tipo de perros una vez que son arrojados o abandonados en zonas rurales, tanto por sus dueños como por personal municipal, son los que acto seguido, y para efectos de alimentarse, son los que atacan al ganado de los empresarios agrícolas y ganaderos. Es por ello que estos animales son en parte una de las causas de muerte de un sin número cabezas de ganado. Según cifras del Servicio Agrícola Ganadero, los perros salvajes son responsables de la muerte de cincuenta y seis mil cabezas de ganado ovino al año. Tal situación, en definitiva, se puede contabilizar como pérdidas económicas en el patrimonio de los privados. Es por lo cual resulta lógico el interés de los particulares por erradicar este problema.
  2. Grupos animalistas: El cuidado de este tipo de animales generalmente responde a un prisma biocentrista, en donde el animal solo por el hecho de tener vida debiese ser sujeto de derecho y amparo jurídico. Es en virtud de ello que, de efectuarse cualquier acto que atente al bienestar de estos, se estaría pasando a llevar una norma de índole estrictamente moral. Sobre lo mismo, cabe mencionar que en nuestra legislación, antropocéntrica, no existen tal resguardo a estos seres sintiénentes no humanos, y es por ello que carecen de sustento jurídico los petitorios de estas organizaciones, considerados por algunos como extremos, cuando no se ajustan a alguna ley que les dé coherencia.

Lo que si existe en nuestra legislación chilena es la protección a los animales y a su bienestar, mirado ella no como un amparo jurídico a estos seres directamente, sino que desde un criterio de afectación social, en cuanto a los valores éticos que se busca salvaguardar, como lo son los sentimientos de piedad y misericordia hacia los animales; y eco sistemáticos, debido a que estos seres por el hecho de estar inmersos en el ecosistema humano merecen un amparo legal.

Solo a modo anecdótico y, como se ha reconocido por la comunidad de especialistas en el área del derecho ambiental, cabe mencionar que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, se ha reconocido constitucionalmente como sujeto de derecho al medio ambiente. La legislación del pueblo de Ecuador ha cambiado el paradigma, desde uno antropocéntrico a uno biocéntrico, ello, en la búsqueda de salvaguardar eficazmente el medio ambiente. Considero que estas ideas, a mi entender de avanzada, dejaron ya de ser irrisorias como años atrás se estimaba.

Volviendo, cabe hacer presente que dentro de nuestro ordenamiento jurídico no existe órgano alguno con facultades para velar por el bienestar animal desde un punto de vista etológico, y es por este hecho que surge esta disputa entre órganos que se creen con competencia y normativa para abordar la problemática que hoy presento.

Es por lo anterior, y con el ánimo de dar una solución apresurada a este conflicto, que se ha generado normativa de toda índole que fomenta la matanza indiscriminada de animales, en particular, de perros. Dentro de ésta, encontramos este nuevo reglamento junto a varios instructivos de orden tanto municipal como de salubridad que autorizan de forma ilegítima y amoralmente la matanza de perros y otro tipo de animales, para controlar así su población.

Creo que es justo mencionar que tanto la Ley 20.380 como la 19.300 llaman a la educación de la población, exigiendo además el establecimiento de programas tanto nacionales, regionales y municipales de control de la población canina y de otras especies. Todo ello, mediante políticas que no incurran en conductas que causen algún sufrimiento innecesario a los animales. Estos son planes, reglamentos y políticas que hasta la fecha no se han materializado en nuestra legislación.

Con respecto a los demás animales que caen en la calificación de animales dañinos o peligrosos, y que por ello se faculta su caza, captura y agresión, hay que señalar que en la hipótesis de que se establezca como definitivo este fallido reglamento, cabe la siguiente interrogante práctica: ¿Cuál será el mecanismo que deberán utilizar quienes quieran cazar a estas especies calificadas como dañinas, para distinguirlas de otro tipo de especies protegidas por otras leyes?

En la práctica, existe un problema a la hora de distinguir estas especies de otras que se encuentran protegidas en nuestra legislación. Ejemplificando, distinguir al zorro chilla del zorro rojo, es una labor que solo especialistas podrían realizar. Lo anterior debido a las similitudes que presentan estas dos especies. Cabe tener presente que de dar muerte al zorro chilla, especie protegida en nuestro ordenamiento jurídico, se estaría contraviniendo el Convenio CITES de especies protegidas ratificado por Chile.

Ahora, tomando la misma interrogante y especificándola al caso de los canes, ¿Cuál será el mecanismo que deberán utilizar, quienes quieran cazar un perro salvaje o bravío, para distinguir éste tipo de animal de otro tipo de perro calificado como abandonado por sus propietarios, cuando ambos, según lo establecido en el propio reglamento de la ley de caza, en su artículo 6°, se encuentren en jaurías, fuera de las zonas o áreas urbanas y de extensión urbana, a una distancia superior a los 400 metros de cualquier poblado o vivienda rural aislada? ¿Cuál es el proceso de distinción que deberá llevarse a cabo para no flagelar los objetivos que persiguen otras normas como la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, La ley de Protección Animal, y el artículo 291 bis del Código Penal, que salvaguardan no solo el bienestar de los perros abandonados y o vagos, sino que también el de las demás especies que se incluyen hoy en este catálogo de especies dañinas?

Sobre la imposibilidad obvia de distinguir efectivamente entre un perro salvaje y otro abandonado, y en la situación en que ambos tipos de animales podrían encontrarse (según lo señalado en la norma) en jaurías, fuera de las zonas o áreas urbanas y de extensión urbana, a una distancia superior a los 400 metros de cualquier poblado o vivienda rural aislada; queda de manifiesto la falta de un estudio coherente en la elaboración de la norma aquí sujeta a análisis. Esto debido a que el conflicto que trae aparejado es el choque normativo entre el nuevo Reglamento de la Ley de Caza, con la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, la Ley 20.380 de Protección Animal y el artículo 291 bis del Código Penal que tipifica el maltrato animal.

Meditando sobre lo expuesto, y asumiendo esta contraposición normativa, podemos concluir que de hacerse aplicable el reglamento se estaría legitimando una conducta ya sancionada y tipificada en nuestro Código Penal, y además, se estaría vulnerando los fines y metas que buscan salvaguardar directa e indirectamente tanto la ley 19.300, la protección de nuestra fauna silvestre; como la ley 20.380, la protección de nuestros animales.

Siguiendo con el análisis de este nuevo Reglamento de la Ley de Caza, debemos referirnos a su proceso de gestación, en el cual se vislumbra un sinnúmero de irregularidades las cuales fueron declaradas por la autoridad competente.

Así lo expone BioBioChile.cl, en su publicación de fecha tres de Febrero del presente año, titulada: Renunciado fiscal de la Segpres considera “nefasto e irracional” el decreto para caza de perros”.[1]

En la cuña dada a PrensAnimalista por el abogado Cristián García-Huidobro, quien era fiscal del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, expone que desde su rol como fiscal levantó los puntos complejos que presentaba el documento (de modificación del reglamento de la ley de caza). A su juicio tenía vicios de legalidad. Entre ellos, el más delicado a su entender, era el hecho que el Ministro de Agricultura, don Luis Mayol, sin que la Secretaría General de la presidencia tuviere conocimiento, envió a la Contraloría General un texto distinto al acordado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, y que fue el que aprobó y firmó el presidente Sebastián Piñera en octubre de 2012.

El ex Fiscal declaró además que el Ministerio de Agricultura nunca acompañó los estudios ni la información técnica exigida por la Ley de Caza (Art. 2, letra g) para catalogar una especie como dañina.

Siguiendo con la entrevista expuso que a consecuencia del informe preparado por él, sobre el Decreto N°65 del Ministerio de Agricultura, a su retorno de Cuba el Presidente de la República se reunió con el Ministro Mayol para evaluar la situación. En palabras de don Cristián García-Huidobro “existía una luz de esperanza en hacerle ver al Presidente que el texto evacuado por la Contraloría era distinto al que él aprobó y autorizó”.

El resultado de esa reunión fue que el Presidente autorizó el texto con la única salvedad que se incorporara una autorización especial del SAG.

Lo anterior, gatilló la renuncia del fiscal, debido a que don García-Huidobro considera que el decreto n°65 es irracional, nefasto, y absolutamente desproporcionado.

De lo expuesto, es de toda lógica razonar que el cuestionado reglamento debió haberse dictado mediante decreto supremo, por intermedio del Ministerio de la Secretaria General de la Presidencia, exigiéndosele la existencia de un listado de permisos ambientales aprobados previamente. Además debió haberse elaborado, presentado y aprobado una serie de estudios para calificar como animales dañinos a los incluidos en tal listado. Estudios que según se ha dicho no existen, por lo que su otorgamiento es ilegítimo.

Junto con lo anterior, debió también incluirse, para los efectos ya descritos, los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su efectivo cumplimiento. Lo anterior dista de la realidad del fallido reglamento, debido a que no soluciona el problema práctico de la calificación, reconocimiento, y distinción efectiva y práctica de un perro bravío de uno víctima de abandono; ni tampoco cumple con los estudios mínimos exigidos para su aprobación, siendo por ello totalmente irregular e improcedente su gestación.

Todo lo expuesto refleja de una carencia de políticas ambientales al respecto; además, habla de una falta respeto de la cual es víctima nuestro sistema jurídico nacional, nuestra legislatura y sus mecanismos; habla de una vulneración a nuestra normativa ambiental en pro de los intereses privados; habla de una desprotección a nuestro patrimonio ambiental.

Basta saber que en nuestro ordenamiento jurídico existe cierta normativa que cumplen finalidades socio-ambientales; en donde encontramos la mencionada Ley 20.380, Ley de Protección Animal; La Ley 19.300, Ley de Bases Generales del Medio Ambiente; y el artículo 291 bis del Código Penal, que sanciona y tipifica el maltrato animal; para darnos cuenta que éstas normas constituyen un límite al dominio que nuestra legislación impone a la sociedad, buscando así resguardar a nuestros animales como también nuestro patrimonio medio ambiental.

Dentro de las razones que se explayan para la implementación de este nuevo reglamento, encontramos el daño que ocasionan estos animales. La duda cabe al determinar a quién se le ocasiona el daño, si al ecosistema o a los privados. Es lógico percatarse que actualmente lo que prima es el resguardo de los interese privados.

Entonces podemos concluir que el daño ambiental es menospreciado o viene a ser desplazado priorizándose en su lugar el resguardo al posible daño patrimonial que puede afectar a la industria.

Queda de manifiesto que las políticas y planes que se han adoptado y se están adoptando responden al solo interés de los privados por sobre los fundamentos y objetivos propios que ampara nuestra normativa ambiental.

Por último, cabe tener presente que el espíritu de la legislación es de fomentar la educación a la población para efectos de propender a la protección del medio ambiente su flora y fauna silvestre y urbana, estableciendo como un “deber” del Estado el propender a la formación de la población en materia ambiental. Así lo señala el art. 4 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.

Lo anterior se complementa además con el título II del mismo cuerpo normativo, al establecer como parte de los Instrumentos de Gestión ambiental la promoción de la Educación y la Investigación, así se indica en el párrafo 1, en particular el art. 6.

Es triste  darnos cuenta que aun cuando se establecen por ley procesos para gestionar mecanismos de desarrollo al respeto de nuestras especies a nivel nacional, estas instrucciones no son oídas debido al costo pecuniario que irrogaría su implementación, y quizás también por ser mecanismos a largo plazo; venciendo por ende la implementación de políticas cortoplacistas ebrias de interés privado, las que sin lugar a dudas ocasionan u ocasionarán una lesión a los intereses de todos los chilenos.

En definitiva, y respondiendo, ahora con mayor fundamento, a la pregunta que dejamos planteada inicialmente del ¿Por qué se toma a los perros salvajes o bravíos, y a estos otros animales y se les incorpora en la lista de animales dañinos, aun cuando no existe estudios que corroboren su perjuicio para la protección de la biodiversidad?

Podemos decir que se introducen en esta lista estos animales para proteger los intereses de los productores ganaderos y agrícolas. Con respecto a los perros en particular, se les ingresa en ella para así legitimar la matanza de estos animales, logrando con esta medida controlar su población (de perros vagos y abandonados) y terminar con el daño pecuniario que sufren la industria ya mencionada.

En conclusión, y por lo dicho en esta columna, considero que se hace necesaria la creación de un órgano con facultades especiales que resguarde el bienestar animal y que ponga en concordancia con nuestra legislación vigente cualquier norma especial que se quiera introducir; además de concederle a éste potestades coercitivas para lograr eficacia en el cumplimiento de estos fines. Creo que es deber de todos el velar por que se dé cumplimiento a nuestro sistema normativo, como también el resguardo de los fines y principios que nuestro legislador estableció en las normas antes dichas. Todo ello en virtud de la relevancia que tiene para el hombre la conservación del nuestro medio ambiente.

[1] Fuente: “http://www.biobiochile.cl/2014/02/03/ex-fiscal-de-la-segpres-considera-nefasto-e-irracional-el-decreto-para-caza-de-perros-salvajes.shtml”.

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