Nuevo Dicom de Prófugos de la Justicia.

Este 27 de Junio recién pasado se publicó la ley 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, que será una nómina que debe mantener el Registro Civil en la que se anotarán las ordenes de detención vigentes dictadas por Tribunales de Justicia con competencia en lo penal. Será una base de datos única, a la cual van a poder acceder las policías y todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana, para tener perfecta claridad de quienes están con cuentas pendientes con la ley.

Serán incluidos en este registro:

1.- los imputados que hayan sido declarados rebeldes, ya sea por existir una orden de detención pendiente o habiéndose decretado la prisión preventiva, el imputado no se ponga a disposición de la justicia ni sea encontrado por la policía.

También se incluirán en el registro los datos de aquellas personas que hayan sido formalizadas por el Ministerio Público  y estando en un país extranjero, no fuere posible obtener su extradición para ser juzgado en Chile.

2.- Los imputados que se fuguen estando en prisión preventiva o arresto domiciliario.

3.- Los condenados a una pena privativa de libertad que se encuentre ejecutoriada y que no se presenten ni sean detenidos.

4.- Los condenados que se fuguen mientras cumplan efectivamente una pena privativa de libertad.

5.- El condenado que no cumpliere una pena alternativa a la de cárcel.

6.- El condenado a una pena privativa de libertad a quien se le revoque la libertad condicional.

La nómina contendrá el nombre completo de la persona, su número de cédula de identidad, la identificación del Tribunal de dictó la respectiva orden de detención, identificación de la causa en que se despachó dicha orden y si la orden de detención se dictó en contra de la persona en calidad de imputado o condenado por un delito, además contendrá la fecha de expedición de la orden de detención, los delitos por los cuáles se ha condenado al individuo y la extensión de la condena, si se trata de una sentencia ejecutoriada.

El Tribunal que hubiere dictado la orden deberá comunicarla al Servicio de Registro Civil e Identificación por cualquier medio idóneo. Recibida la comunicación, el Registro Civil procederá inmediatamente, a ingresar la información en el Registro Nacional de prófugos de la justicia. Si existieren varias órdenes de detención en contra de una misma persona, su anotación dará origen a un registro único que las incluya a todas.

Esta información podrá borrarse en el caso que la orden de detención quedase sin efecto, para lo cual el Tribunal debe comunicarlo al Registro Civil el que dispone de 12 horas para efectuar la modificación, desde que recibe la información.

Con respecto al acceso a la información de este registro, sólo podrán acceder a ella, las instituciones autorizadas, que en este caso son:

-Los Tribunales de Justicia.
– El Ministerio Público.
– Carabineros de Chile.
– La Policía de Investigaciones de Chile.
– Gendarmería de Chile.
– La Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
– El Servicio de Registro Civil e Identificación.

En circunstancias especiales, podrán acceder también los departamentos de tránsito municipales, pero sólo para efectos de suspender el otorgamiento de  las licencias de conducir o su renovación, a las personas que figuren con órdenes de detención pendientes.

Asimismo, los órganos de la Administración del  Estado aplazarán el otorgamiento de prestaciones de carácter económico respecto de quienes figuren con órdenes de detención pendientes.

De esta forma se pretende hacerle la vida más difícil a los que pretendan eludir la acción de la justicia, restringiendo el otorgamiento de licencias, subsidios de vivienda o préstamos del Indap.

A modo personal, creo que medidas como ésta contribuirán a mejorar la tasa efectiva de cumplimiento de penas en nuestro país, pero sí dejan de lado aspectos fundamentales como la rehabilitación de los infractores, aunque como dirían por ahí….eso es harina de otro costal.

Soledad Avilez Decap

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