Nuestro Código Civil ¿Sigue a la vanguardia–


En los primeros años de nuestra república independiente, si bien ya existía una Constitución, la “Constitución de Mariano Egaña” de 1833, y había una incipiente  legislación nacional, esto no era suficiente para las necesidades de una nueva nación, por lo que obligadamente nos regíamos por algunas normas de Derecho Español. Esto conllevó
un gran desorden legislativo para la época. Lo que hizo imperioso que se confeccionara un Código Civil, materia en la que existía un sensible vacío.

Antes que se le encomendara esta misión a don Andrés Bello, hubo intentos para que  nuestro país tuviese un Código Civil, desde traducciones de otras legislaciones hasta redacciones auténticas, todos los cuales fracasaron.

Finalmente, en 1840 se aprueba una ley que establecía la creación de una comisión redactora de Código Civil, la que estaba integrada, entre otros, por don Andrés Bello. Luego de varias sesiones y comisiones revisoras, don Andrés queda trabajando  prácticamente solo, y es él quien presenta un proyecto final, el cual es aprobado el 14 de
diciembre de 1855, para entrar en vigencia el 1º de enero de 1857.

Don Andrés tuvo como inspiración varias fuentes, tanto legislativas como doctrinarias. Entre las primeras encontramos el Código de Napoleón, las Siete Partidas, los Códigos de Austria, Prusia, Luisiana, de las Dos Sicilias, etc. Entre las segundas, las obras de juristas  como Jean Domat y Robert Joseph Pothier, Rogron, Delvincourt, Duranton, Troplong, y el español Florencio García Goyena, entre otros.

Aunque don Andrés Bello no era abogado, era un jurista e intelectual notable, una persona completa que incursionó en muchos ámbitos, como lo son la filosofía, poesía, gramática, Derecho Internacional, etc. Lo anterior devino en que su creación no fue una copia de otras legislaciones, sino que resultó una obra extremadamente original, auténtica y ecléctica, combinando el Derecho Nacional con el Español, el Romano y el Francés. Tomando lo mejor de cada Derecho.

Sumado a una prosa exquisita, que permite una inteligencia inigualable. En virtud de esto, nuestro Código Civil sirvió de inspiración para otros Códigos de América, como el de Uruguay, Argentina y Brasil. Incluso llegando a adoptarlo casi íntegramente en otros países.

A pesar de que el Código Civil, en su estructura, sigue igual, ha sido modificado y complementado para adecuarse a las distintas realidades que le ha tocado regir. Entre las leyes modificatorias, encontramos la Ley Nº 5521 de 1934, que derogó prohibiciones que pudieran afectar a la mujer por la simple condición de ser mujer, y le permitió administrar su patrimonio reservado; la Ley Nº 10271 de 1952 que admite la posibilidad de investigar la paternidad, mejorando sustancialmente los derechos de los hijos naturales y los derechos del cónyuge sobreviviente; la Ley Nº 18802 de 1989, llamada “de la capacidad de la mujer”, que modificó el artículo 1447 inciso 3º; la Ley Nº 19585 de
1998 que establece la igualdad de derechos entre los hijos de filiación matrimonial y no matrimonial, y favorece al cónyuge sobreviviente, nombrándolo como heredero en la sucesión intestada.

Entre las normas que complementan el Código encontramos el Reglamento Conservatorio  de Bienes Raíces del año 1857, la Ley Sobre el Efecto Retroactivo de la Leyes del año 1861, Ley Nº 17344 de 1970 que autoriza el cambio de nombres y apellidos en los casos que  indica, entre otras.
No obstante la gran calidad de nuestro Código, éste no se encuentra exento de críticas, las  que van orientadas a los errores por confusiones de conceptos, pasando por la gran acumulación de normas fuera del código, hasta materias completamente desactualizadas.

Entre los errores de conceptos, encontramos los típicos que, como estudiantes de Derecho,  nos hacen ver nuestros profesores. Así, la confusión entre convención y contrato, o entre cosa fungible y cosa consumible, o entre tradición y entrega, o entre rescisión y resolución, o la confusión de efectos del contrato con los de la obligación, son algunos ejemplos. También encontramos algunas críticas que pasan por la no aclaración de las posturas a las que adhiere el Código, por ejemplo, en materia de comunicación de la cuota sobre universalidades jurídicas, o las relaciones internas en la solidaridad activa.

Por su parte, se critica de igual forma, la mal ubicación de ciertas instituciones, como la regulación de los regímenes matrimoniales y la prescripción adquisitiva que las sitúa en el Libro IV “De las obligaciones en general y de los contratos”, etc.

A lo anterior, se le suma la desactualización de ciertas instituciones. A modo de ejemplo, encontramos la administración de la sociedad conyugal. ¿Por qué recae en el hombre? ¿Por  qué no es posible un acuerdo al momento de celebrar el matrimonio? Acuerdo que sea  tendiente a establecer quién será el administrador, si el hombre o la mujer, y si los contrayentes nada dicen, dejar la administración en uno de los dos, como regla general.
De más está decir, todas las desigualdades en materia civil que sufren ciertos grupos de personas, especialmente, las personas pertenecientes a la diversidad sexual, quienes por el  simple hecho de tener una orientación sexual distinta o una identidad de género que no  corresponde con su género biológico de nacimiento, se ven discriminados en la protección de sus relaciones de familia y su desenvolvimiento en la vida diaria.

También en materia de regulación de bienes, tanto muebles como inmuebles, encontramos una lejanía con la realidad. ¿Siguen siendo los inmuebles los bienes más importantes y de  mayor valor en la actualidad? Claramente no. Teniendo en cuenta el valor de ciertos derechos sobre propiedades industriales, o el valor de acciones en las distintas sociedades.
Todo lo cual, no tiene una protección más elevada que la de un bien mueble cualquiera. Está clara la gran importancia de don Andrés Bello en nuestro Derecho Civil. De lo  importante que ha sido su Código Civil para nuestro país. Asimismo, el muy conocido respeto y admiración hacia don Andrés Bello de parte de los juristas nacionales. Sin embargo, estas no son razones suficientes para demorar y no anhelar nuevos cambios.  Existiendo juristas de tan excelsa calidad, sobre todo en materia civil, como lo son don Daniel Peñailillo Arévalo o don René Abeliuk Manasevich, por mencionar algunos. ¿En qué está nuestro legislador que no les solicitan ayuda para actualizar de mejor forma el Código  Civil y sus instituciones?

Mirando el camino que ha tenido nuestro Código, desde su entrada en vigencia hasta  nuestros días, y teniendo en cuenta que, en palabras del propio Bello en el Mensaje del  Código, la codificación “es una necesidad periódica de las sociedades”, puesto que “la mudanza de las costumbres, el progreso mismo de la civilización, las vicisitudes políticas,
la inmigración de ideas nuevas, precursora de nuevas instituciones, los descubrimientos  científicos” hacen que se vayan dictando nuevas normas jurídicas, se vayan modificando  antiguas, e incluso, derogando, “se hace necesario refundir esta masa confusa de  elementos diversos, incoherentes y contradictorios, dándoles consistencia y armonía y
poniéndoles en relación con las formas vivientes del orden social”.

Si bien, la dictación de un nuevo Código Civil, es para algunos algo exagerado, es cierto  que, a lo menos, se requiere un nuevo orden, en conjunto con una actualización seria de las  instituciones a la realidad social actual. Obviamente, manteniendo todo lo bueno que existe en nuestro Código, por ejemplo, su perfecto lenguaje.

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