Notable abandono de deberes.

Por: Jorge Yáñez Santibáñez

Sin ánimo ni trasfondo político, pero con el afán de continuar descifrando el contexto en cual se desarrolla la actividad hídrica en Chile, me aventuraré a describir lo que, a mi juicio, es indescriptible; no porque la cuestión sea de gran complejidad ni mucho menos, sino por su dudosa legitimidad y desapego a su finalidad esencial. Me refiero al rol que un Estado debe asumir frente a sus nacionales en materia de bienes naturales y servicios públicos. En nuestro caso, en lo que al agua corresponde.

Trataré de ser breve y claro, en la medida de lo posible, pues el tema es más bien amplio y oscuro.

Para empezar, acuñemos algunos conceptos. En primer lugar recordemos que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad esencial es promover el bien común. Asimismo, el Estado debe garantizar la debida autonomía a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza la sociedad. Por otro lado, solo cuando los particulares no pudiesen cumplir con sus fines o actividades específicas, y siempre que estas convengan claramente al interés general, puede aquel tomar parte y realizar dichas actividades para alcanzar tales fines. En otras palabras, existe una garantía para el individuo cuya contracara es una limitación para el Estado, y que es ampliamente conocida como Principio de Subsidiaridad.  En segundo lugar, tengamos presente que la mayoría de las actividades en donde el rol subsidiario del Estado se manifiesta es en los llamados Servicios Públicos,  como lo son por ejemplo los servicios sanitarios de agua potable y alcantarillado.

Si bien es cierto, para la ejecución – indirecta – de tales servicios el  Estado puede privatizar o concesionar los mismos en manos de terceros, durante las últimas décadas del siglo anterior, incluso hasta la primera del presente, se ha abusado de aquellas facultades y se ha subordinado el interés general de la nación al beneficio particular de ciertos grupos económicos tanto nacionales como extranjeros.

El proceso privatizador, en general, comenzó en la década de los 70’ con una gran oferta – subasta – de empresas públicas en donde el Estado, por intermedio de la CORFO, fue el protagonista, pues hacía las veces de vendedor y financista de las transacciones otorgando préstamos al sector privado para tales adquisiciones. En resumen, era negocio redondo; compras a bajo precio, con dinero del propio vendedor y un sistema de pago incierto. En general, las empresas subastadas pertenecían principalmente al sector bancario, eléctrico, minero y transporte.

De este modo, una de las empresas afectas a dicho procedimiento fue la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), depositaria natural de la mayoría de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos – un poco más del 80% – creados en 1981 junto con la dictación de nuestro actual Código del ramo para la generación de energía hidroeléctrica, cuya privatización comienza en 1986 por capitales nacionales liderados por el yerno del jefe de Estado y de Ejercito de la época, para luego ser vendida a capitales españoles en 1997. Obviamente, tras estos traspasos de propiedad, también estaba incluida la de los derechos de agua de que era titular la ahora ex Estatal, derechos que, recordemos, fueron concedidos a título gratuito. Así, a través de un proceso que significó una pérdida para el Estado de casi mil millones de dólares y, a su vez, una utilidad privada envidiable, prácticamente todo el caudal para generación quedó en manos foráneas.

Otro tanto ocurrió con los servicios sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, cuya privatización y transnacionalización se realizó en mayor medida durante los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos, quienes al igual de sus predecesores, vendieron a capitales extranjeros – en su mayoría españoles, franceses e ingleses – las empresas operadoras del sistema, tales como ESVAL, EMOS, ESSBIO, ESSEL, entre otras, y con ello, nuevamente, los derechos consuntivos para servicios de agua potable pertenecientes al Estado, lo que llevó a Chile a ser el líder Latinoamericano en onerosidad en la prestación del servicio. Surge, así, un nuevo concepto o reinterpretación del Principio de Subsidiaridad, en cuya virtud el Estado ante su limitado desempeño en la prestación de un servicio público que mira el interés general, abre el camino para que terceros se encarguen de ello con miras a obtener la mayor realización pecuniaria posible.

En consecuencia, todas estas políticas adoptadas por los gobiernos de turno significaron la pérdida del control público sobre las aguas, generando concentración de la propiedad del recurso y, por ende, mercados mono u oligopólicos en los servicios públicos, dando origen a una crisis de gobernabilidad del recurso. Actualmente el mercado de los derechos de agua es un mercado libre, sin regulación alguna, donde empresas privadas controlan fuentes hídricas naturales en virtud de convenios celebrados hace más de medio siglo cuando aún eran estatales. Urge, por tanto, una pronta y efectiva regulación del mismo que mitigue las externalidades negativas generadas por el actual modelo, y para ello, un presupuesto esencial es el establecimiento de una Institucionalidad Hídrica, ya sea que se configure como una Superintendencia o Agencia Reguladora, pero que, de todas formas, esté dotada de la autonomía necesaria que le permita normar, fiscalizar y sancionar a los agentes del sector, tal como ocurre, en cierta medida, con los Servicios Sanitarios, Eléctricos o de Telecomunicaciones.

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