Modificación a la Ley 18.216 y la urgente necesidad de reforma al sistema penitenciario chileno.

Mientras en el congreso la cámara de diputados aprobó en Mayo pasado la reforma a la Ley 18.216 sobre medidas alternativas o restrictivas de libertad y la iniciativa se encuentra en el segundo trámite constitucional en el senado, el nuevo ministro de justicia Teodoro Rivera inauguró ayer en el Centro Cultural Gabriela Mistral el seminario “Reforma a la Ley 18.216, Nuevo Sistema de Penas Sustitutivas”, organizado por el Ministerio de Justicia, señalando que, en términos generales, se trata de una modificación al régimen de penas de cumplimiento en libertad que incluye la incorporación del denominado “brazalete electrónico”. Las modificaciones propuestas introducen mejores formas de control de la ejecución de estas sanciones, tanto en el ámbito judicial como administrativo, con el fin que aquellos infractores de ley que han sido objeto de una –hoy denominada- medida alternativa, cumplan efectiva y satisfactoriamente la sanción impuesta, haciendo de este sistema un modelo de control efectivo de los condenados.

Concretamente, el proyecto modifica la denominación de esta ley, la que pasa a regular “penas sustitutivas” en vez de “medidas alternativas”. Esto, con el objeto de precisar que no se está frente a un “beneficio” otorgado al condenado, si no que frente a una sanción, que a su vez se impone en forma sustitutiva a la pena privativa de la libertad, pudiendo ser revocada en el evento ser incumplida.

Asimismo, atendida su gravedad, el proyecto regula un catálogo de delitos respecto de los cuales no procederá la aplicación de estas penas sustitutivas sino que sus autores deberán necesariamente cumplir la condena en la cárcel, como secuestro calificado, sustracción de menores, violación, violación impropia de menor de 14 de años, violación con homicidio, homicidio simple o calificado y de aquellos que hayan cometido delitos terroristas. Todos estos delitos siempre serán sancionados con cárcel.

Valorables resultan estos avances y sin duda las modificaciones discutidas van en la dirección correcta; sin embargo, y en la modesta opinión de esta columnista, requieren de mayor profundidad para solucionar el problema penitenciario en Chile. Es así como resulta urgente reformar el sistema de ejecución de penas en Chile y para ello es fundamental asegurar el derecho a defensa de los condenados y la dictación de una ley especial que contemple la designación de jueces de ejecución de penas. En nuestro país, a diferencia de lo que sucede en otros, la ejecución de las penas privativas de libertad ha estado siempre regulada sólo en un reglamento y no en una ley, existiendo entonces una abierta infracción al principio de legalidad, lo que se traduce en la vulneración de una serie de garantías constitucionales. Así, se infringe la garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas todos los días en cada establecimiento penal, cuando se abre y lee toda la correspondencia que envía y recibe cada recluso, por cuanto el reglamento penitenciario lo permite en razón de la seguridad del establecimiento. El derecho a la libertad personal y a la garantía de que ésta no puede ser privada, ni restringida también se ve afectada en los establecimientos penales cuando a algún interno que ha cometido una falta grave se le castiga con aislamiento en celda solitaria.

Por lo anterior es necesaria la creación de la figura de los jueces de ejecución de penas, o sea jueces especializados y abocados fundamentalmente a resolver materias sobre beneficios y las condiciones en las que los internos cumplen sus penas. Esto debido a que en la actualidad los Jueces de Garantía, quienes tienen la responsabilidad de velar por el correcto cumplimiento de las penas de los condenados, no llevan a cabo tal labor por estar dedicados a resolver materias del ámbito penal.

Por otra parte, si se llevase a cabo esta reforma, existen varias materias en el ámbito penitenciario que podrían ser resueltas por el juez de ejecución y que en la actualidad son resueltas por comisiones especiales y otras autoridades que ponen en cuestionamiento la imparcialidad de la decisión tomada. Me refiero a los procesos de otorgamiento de la libertad condicional y rebaja de condena por comportamiento sobresaliente. En ambos casos son las Secretarías Regionales de Justicia las cuales otorgan estos beneficios. Dichos organismos carecen de la autonomía que caracteriza la figura del juez y que garantiza un accionar no coyuntural y menos ideológico, basado en ciertos elementos reflexivos y de argumentación técnica, imprescindible en un Estado democrático de derecho cuando del resguardo de los derechos fundamentales se trata.

Reconocemos el valor de la iniciativa, y esperamos su pronta aprobación, pero es apremiante que las autoridades tomen conciencia de que es menester revisar nuestra normativa de ejecución de penas y visualizar los puntos críticos para modificar aquellos aspectos, que a la luz de un sistema democrático y un proceso penal moderno, no se sustentan.

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