Los desamparados del Estado. Parte II: Los que no son personas

De la simple lectura del artículo 19 de la Constitución Política chilena se desprende que dicho texto sólo asegura los derechos de las personas. Por ello, habrá que remitirse a los artículos pertinentes del Código Civil1. Dicho ello, la pregunta que cabe hacerse es: si esos derechos les corresponden a la persona por el solo hecho de serlo, ¿no le cabrán derechos a los que no son personas? A la luz del texto constitucional, la práctica y el derecho comparado, podemos dar una respuesta afirmativa.

En primer lugar, el primer numeral del citado artículo constitucional, en su inciso segundo, dice “La ley protege la vida del que está por nacer”. Esta mención es de suma importancia, ya que se está protegiendo, vía remisión a la ley, a alguien que no es persona2 3. A mayor abundamiento, dicha mención comprende disposiciones en diversas leyes, como en el mismo Código Civil4, la tipificación del aborto en el Código Penal5 y la prohibición del Código Sanitario respecto al aborto terapéutico6.

Sin embargo, dicha protección ha encontrado muchos matices en la práctica. El primero, respecto a la repartición de la llamada “píldora del día después”7 y el segundo, y más contingente, el proyecto de ley para permitir el aborto bajo ciertas causales8.

En consecuencia, y pese a las diversas concepciones sobre el particular, nos podemos percatar que la protección al nasciturus existe y que es más que necesaria para la preservación de la vida.

En segundo lugar, los seres humanos que han muerto dejan de ser personas9. La muerte trae una serie de consecuencias, que derivan no tan solo en normar este hecho respecto de los vivos, sino también respecto de la protección de alguien que ya no es persona, sobre todo considerando la existencia de una “última voluntad” que trasciende la muerte. Así, la regulación de la sucesión por causa de muerte10, reglas relativas a los cementerios11 y del destino de los órganos vitales12. También se puede destacar la existencia de los llamados “derechos post mortem de la personalidad”13.

Es más, dentro de este grupo se podrían agregar los diversos dioses, santos o profetas de las diversas religiones, con independencia o no de una existencia terrena derivada de la ciencia o de la fe. Respecto de estos últimos, del numeral sexto del artículo 19 se desprende que la protección es para la persona, respecto a su conciencia, expresión y libertad de cultos y que la tutela constitucional no alcanza al titular de dicha adoración, veneración o admiración.

Al contrario de lo que se puede pensar, puede ser un tema de relevancia jurídica. Esto se puede relacionar con causas en que, por ejemplo, se accionó “En nombre de Jesucristo”14, o los casos en el extranjero en que la ofensa a un profeta ha dado lugar a protestas y asesinatos15.

En tercer lugar, por el encabezado del artículo 19, la naturaleza y sus individuos distintos a la especie humana quedan excluidos de los derechos constitucionales. El numeral 8° se refiere al derecho de las personas “a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. Pero añade, como contrapartida, que es deber del Estado “tutelar la preservación de la naturaleza”. Es más, en el inciso segundo del numeral 24 señala como limitación a la función social de la propiedad, que sería el principio uno de los derechos afectados “la conservación del patrimonio ambiental”.

Son diversas las regulaciones que ayudan a la preservación de la naturaleza16. Sin embargo, ello en la práctica no es suficiente. Por ejemplo, es cuestión de caminar por cualquier calle de Chile para darse cuenta, por ejemplo, de la lamentable cantidad de perros vagos, que luchan por comida, abrigo y cariño, mientras huyen de ser atropellados o envenenados, porque mordieron a alguien o desparramaron la basura pronta a ser recolectada17. Además, es constante el conflicto existente entre los intereses económicos, el rol del Estado y los grupos ambientalistas por la construcción de obras que afectan la naturaleza18.

En el plano constitucional, un país que ha regulado esta materia es Ecuador. Dentro de su catálogo de derechos tutelados, en el Título II, Capítulo Séptimo, de su Constitución se encuentran los llamados “Derechos de la naturaleza”19.

En conclusión, en los casos mencionados, el hecho de no ser personas no les ha restado protección de sus derechos fundamentales. Sin embargo, en las áreas mencionadas existen aristas que el derecho aun no soluciona de forma definitiva, porque no son asuntos en que exista una opinión unánime. El reconocimiento futuro de derechos en estos casos o una regulación eficiente se basará en un diálogo que reconozca las diferentes concepciones de las personas que conforman un país.

Artículo 54 del Código Civil, en su inciso 1° dice: “Las personas son naturales o jurídicas”.

En el artículo siguiente, dice que son personas naturales “todos los individuos de la especie humana”.

Finalmente, el artículo 545, define a la persona jurídica como “una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente”.

2 Artículo 74 del Código Civil: “La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre.

La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás”.

3Aunque este hecho no es pacífico en doctrina. Cfr. Velásquez Posada, O. (2006) Constitucional y legalmente el nasciturus es persona y titular del derecho a la vida en Persona y Bioética, Vol. 10, N° 1 (26), enero-junio 2006, Universidad de la Sabana, Chía, Colombia. Disponible en línea http://personaybioetica.unisabana.edu.co/index.php/personaybioetica/article/download/930/1010 (Fecha de consulta: 15 de julio de 2015).

4 “Art. 75. La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra.

Todo castigo de la madre, por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno, deberá diferirse hasta después del nacimiento”.

5Nótese que el aborto es tipificado en el Título VII, titulado “Crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual” y no en el título siguiente, “Crímenes y simples delitos contra las personas”.

“Art. 342. El que maliciosamente causare un aborto será castigado:

1°. Con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, si ejerciere violencia en la persona de la mujer embarazada.

2°. Con la de presidio menor en su grado máximo, si, aunque no la ejerza, obrare sin consentimiento de la mujer.

3°. Con la de presidio menor en su grado medio, si la mujer consintiere.

Art. 343. Será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio, el que con violencia ocasionare un aborto, aun cuando no haya tenido propósito de causarlo, con tal que el estado de embarazo de la mujer sea notorio o le constare al hechor.

Art. 344. La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado máximo.

Si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio.

Art. 345. El facultativo que, abusando de su oficio, causare el aborto o cooperare a él, incurrirá respectivamente en las penas señaladas en el artículo 342, aumentadas en un grado.”

6 “Art. 119. No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”.

7Sentencia del Tribunal Constitucional Rol N° 740-07-CDS, de 18 de abril de 2008, de requerimiento de inconstitucionalidad del Decreto Supremo Reglamentario Nº 48, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial el tres de febrero de 2007. Dicha sentencia frenó la distribución del fármaco Levonorgestrel, por considerarse abortivo.

Disponible en línea http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=914 (Fecha de consulta: 14 de julio de 2015)

Actualmente, dicha píldora es repartida en el sistema público de salud. Ver Ley N° 20.418, de 28 de enero de 2010, que Fija Normas Sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad.

Disponible en línea: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010482 (Fecha de consulta: 14 de julio de 2015)

8Mensaje Boletín N° 9895-11, de 31 de enero de 2015, que Regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Tramitación disponible en línea: http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=10315&prmBL=9895-11 (Fecha de consulta: 14 de julio de 2015)

9Artículo 78 del Código Civil: “La persona termina en la muerte natural”.

Artículo 80 del Código Civil. “Se presume muerto el individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive, y verificándose las condiciones que van a expresarse”.

Artículo 11 Ley N° 19.451, Establece normas sobre trasplante y donación de órganos: “Para los efectos previstos en esta ley, la muerte se acreditará mediante certificación unánime e inequívoca, otorgada por un equipo de médicos, uno de cuyos integrantes, al menos, deberá desempeñarse en el campo de la neurología o neurocirugía.

Los médicos que otorguen la certificación no podrán formar parte del equipo que vaya a efectuar el trasplante.

La certificación se otorgará cuando se haya comprobado la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas, lo que se acreditará con la certeza diagnóstica de la causa del mal, según parámetros clínicos corroborados por las pruebas o exámenes calificados. El reglamento deberá considerar, como mínimo, que la persona cuya muerte encefálica se declara, presente las siguientes condiciones:

1.- Ningún movimiento voluntario observado durante una hora;

2.- Apnea luego de tres minutos de desconexión de ventilador, y

3.- Ausencia de reflejos troncoencefálicos.

En estos casos, al certificado de defunción expedido por un médico, se agregará un documento en que se dejará constancia de los antecedentes que permitieron acreditar la muerte.”

10En nuestro país, el Libro III del Código Civil, “De la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos”, en cuanto regula, entre otras materias, al testamento, sus asignaciones, ejecutores testamentarios y albaceas fiduciarios.

11En Chile, el Decreto N° 357 de 1970, Reglamento General de Cementerios. Su artículo 61° dispone: “Toda persona mayor de edad, cualquiera que fuere su estado civil, tiene derecho a disponer por anticipado acerca del lugar y forma en que habrá de procederse para la inhumación de sus restos, al producirse su fallecimiento, dentro de las normas legales y reglamentarias vigentes.

Esta manifestación de última voluntad se hará en el registro que para este efecto se llevará en todos los cementerios, o mediante instrumento extendido ante notario. En este último caso, el interesado deberá entregar una copia del documento al Director o administrador del cementerio que corresponda, el que lo incorporará al archivo que para estos efectos se mantendrá en todo cementerio; otra copia deberá estar en poder de la persona encargada de cumplir la voluntad del fallecido”.

12Respecto de este tema se puede distinguir entre dos aspectos:

El primero, tiene que ver con la donación de órganos. Principalmente regulada en la Ley N° Ley Nº 19.451, que Establece Normas sobre Trasplante y Donación De Órganos, que sufriera importantes modificaciones, por las Leyes N° 20.413 y 20.673, en relación con la llamada “donación universal”, es decir, que todo mayor de edad, por el solo ministerio de la ley, será considerado donante una vez fallecido, salvo las excepciones allí mencionadas.

Pese a dicha regulación, las donaciones de órganos en Chile siguen estando en la polémica, en razón a las posibilidades de excepción legal, ya sea por declaración notarial en contrario o por la voluntad de los familiares del fallecido. Noticia en El Definido, de fecha 22 de junio de 2015: “Chile sin corazón: el 2015 se lleva el record en baja tasa de donación de órganos”. Disponible en línea: http://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/5409/Chile-sin-corazon-el-2015-se-esta-llevando-el-record-en-baja-tasa-de-donacion-de-organos/ (Fecha de consulta: 27 de febrero de 2016)

El segundo es la posibilidad de donar su cadáver con otros fines. Así. El artículo 146 del Código Sanitario nos dice:

“Toda persona plenamente capaz podrá disponer de su cadáver, o de partes de él, con el objeto de que sea utilizado en fines de investigación científica, para la docencia universitaria, para la elaboración de productos terapéuticos o en la realización de injertos.

El donante manifestará su voluntad por escrito, pudiendo revocarla en la misma forma, todo ello de conformidad con las formalidades que señale el reglamento”.

Son preocupantes las bajas cifras de donación, sobre todo para la docencia universitaria. Noticia en La Tercera, de fecha 12 de julio de 2015: “Universidades buscan voluntarios que donen su cuerpo a la ciencia”. Disponible en línea:http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/07/680-638395-9-universidades-buscan-voluntarios-que-donen-su-cuerpo-a-la-ciencia.shtml (Fecha de consulta: 27 de febrero de 2016)

13Cfr. Cobas Cobiella, M. (2012) Protección post mortem de los derechos de la personalidad. Reflexionando sobre la cuestión en Iuris Tantum, Revista Boliviana de Derecho, 15, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, enero 2013. Disponible en línea http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2070-81572013000100007&script=sci_arttext (Fecha de consulta: 15 de julio de 2015).

14Sentencia recaída en autos de acción constitucional, causa Rol N° 4079-96, de 20 de enero de 1997 dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante la cual se acoge el recurso de protección interpuesto por los señores Sergio García Valdés, Vicente Torres Irarrázabal, Francisco Javier Donoso Barriga, Matías Pérez Cruz, Jorge Reyes Zapata, Cristian Heerwagen Guzmán y Joel González Castillo, en nombre de Jesucristo, la Iglesia Católica y por sí mismos, y se deja sin efecto la resolución administrativa del Consejo de Calificación Cinematográfica adoptada el 11 de noviembre de 1996, que permitía la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo. Sentencia confirmada por la E. Corte Suprema, en causa Rol N° 519-1997, de 17 de junio de 1997.

De esta situación derivó la primera condena contra Chile por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Causa Serie C No. 73, Olmedo Bustos y otros vs. Chile, sentencia de fecha 5 de febrero de 2001. Disponible en línea: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_73_esp.pdf (Fecha de consulta: 15 de julio de 2015)

15Noticia en El Mundo, de fecha 12 de septiembre de 2012: “El tráiler que despertó la ira”. Disponible en línea: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/12/internacional/1347449859.html (Fecha de consulta: 15 de julio de 2015).

Noticia en diario La Nación, de fecha 7 de enero de 2015: “POR ESTOS DIBUJOS DE MAHOMA MATARON A 12 PERSONAS EN FRANCIA”. Disponible en línea: http://www.lanacion.cl/noticias/mundo/francia/por-estos-dibujos-de-mahoma-mataron-a-12-personas-en-francia/2015-01-07/094927.html (Fecha de consulta: 15 de julio de 2015).

16Ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente; Ley N° 20.417, Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; Ley N° 20.600, Crea los Tribunales Ambientales; Ley N° 4601, sobre Caza; Ley N° 20.380, sobre Protección de Animales; Decreto 4363, de 30 de junio de 1931, texto definitivo del Decreto Ley N° 625, de 1925 y y del Decreto con Fuerza de Ley N° 265, de 20 de Mayo de 1931, autorizando el texto definitivo de la Ley de Bosques.

17Cfr. Soto Parraguez, A. (2013), Análisis de un problema público no abordado el caso de los perros vagabundos y callejeros en Chile. Tesis para optar al Grado de Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Universidad de Chile. Disponible en línea: http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/113119 (Fecha de consulta: 27 de febrero de 2016).

18Podemos citar varios ejemplos de conflicto: Hidroaysén, Alto Maipo, Pirquenes en Laraquete…

19“Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”.

Texto constitucional disponible en línea: http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf (Fecha de consulta: 15 de julio de 2015)

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