LOS CAMINOS DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO (en especial, del caso SQM).

Todo cuerpo social evoluciona con el transcurso del tiempo, así como también las normas que integran esa sociedad, sobre todo las penales, que, con la aparición de nuevos riesgos y fuentes derivadas, estas deben estar acordes para actuar no sólo de forma preventiva, sino de forma eficaz ante las nuevas formas de criminalidad.

Llevado esto a la criminalidad económica, sumando además, los casos de Soquimich, la colusión farmacéutica y el caso La Polar, llegamos a la siguiente conclusión inicial: El Derecho penal nacional, respecto de los delitos económicos, es insuficiente para dar soluciones fluidas a estos nuevos conflictos jurídico-penales.

Silva Sánchez da sus comentarios respecto del rumbo que va tomando el derecho penal económico lo resume así: “… será un Derecho desde luego crecientemente unificado, pero también menos garantista, en el que se flexibilizarán las reglas de imputación y en el que se relativizarán las garantías político-criminales, sustantivas y procesales. En este punto, por tanto, el Derecho penal de la globalización no hará más que acentuar la tendencia que ya se percibe en las legislaciones nacionales, de modo especial en las últimas leyes en materia de lucha contra la criminalidad económica, la criminalidad organizada y la corrupción”.

En el caso SQM, la orientación tomada, respecto del cómo se está dirigiendo la investigación, tanto en materia administrativa vía SVS como penal, está siendo correcta. Sabemos que nuestro sistema regulatorio en materia societaria es de muy buen nivel, y que las acciones tomadas por la SVS respecto de estos actos han sido eficaces (paréntesis aparte merecen el caso La Polar, la cual actuó de forma tardía, un mes después de desatado el desastre financiero).

Respecto del caso penal, las aristas son múltiples, ya que nace en base a una querella penal deducida por uno de los accionistas minoritarios, que en su libelo deducía una venta de acciones que resultó ser una transacción entre partes relacionadas destinada a generar utilidades contables.

Por otra parte, respecto de las infracciones que tienen connotación penal, la SVS acusó a los implicados de delitos sancionados con hasta 10 años de cárcel: transar o inducir a comprar o vender acciones mediante mecanismos engañosos o fraudulentos, y realizar cotizaciones o transacciones ficticias.

Hay un largo camino por recorrer en este caso, y muchas aristas por resolver, en primer lugar mejorar el marco regulatorio de la SVS y las leyes pertinentes, a fin de dar mejor solución a casos como este, y segundo, la investigación penal en materia de delitos económicos, que de si es de alta complejidad, ha de dar luces claras de responsabilidad penal, pero a su vez sirva de lecciones para tomar rumbos de cómo dar respuesta efectiva a la criminalidad económica en órganos de alta complejidad.

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