Los “beneficios intrapenitenciarios” en la contingencia nacional.

El primero de agosto del presente año, el general director de Carabineros, Gustavo González, informó en los medios de comunicación el deceso del subteniente Daniel Silva Ramírez, quien recibió un impacto a bala en su cabeza, el miércoles 31 de julio de este año, durante un operativo por un asalto en Macul. Dos de los  autores del asalto en que perdió la vida el carabinero se encontraban cumpliendo condena por distintos delitos, pero gozaban de beneficios intrapenitenciarios.  Uno de ellos, José Muñoz Parada, cumplía una condena de 15 años por robo con violencia y homicidio en Colina I, por lo que recuperaría su libertad en 2015. Sin embargo, recibió el beneficio de la salida diaria en diciembre de 2012 por “buena conducta”. Pero Muñoz quebrantó la medida en marzo pasado y se desconocía su paradero hasta que fue detenido este jueves tras el asalto en Macul. El otro involucrado, Jaime Jorquera Ibarra, vio reducida su condena e iba a ser puesto en libertad en enero de 2014.

A raíz de esto el  mayor José Maldonado, presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, dio una entrevista en el canal de noticias CNN, en el que dio a conocer una política pública orientada a otorgar mayores beneficios intrapenitenciarios a quienes cumplen condenas, como una forma de descongestionar las cárceles chilenas. De este modo se desató la polémica. Un sujeto que debiese estar cumpliendo condena en una cárcel se encontraba beneficiado con la libertad, utilizando este beneficio para impetrar más actos delictivos, uno de los cuales terminó con la vida de un carabinero. Todo esto, a raíz de una política pública dirigida en tal sentido.

Como siempre, los medios comunicacionales hicieron un festín con los antecedentes. Surgieron así los “cuestionamientos a los beneficios penitenciarios” del sistema nacional, acompañados de la infalible cuota de generalización y terror que los medios usan cada vez que un tema penal ve la luz en la opinión pública.

Pero, ¿Qué son los beneficios intrapenitenciarios?

Estos corresponden a una de las herramientas con las que cuenta la administración para poder reducir la población penal, o al menos descongestionar los centros penitenciarios (otras medidas son los beneficios de la ley 18.216 y la libertad condicional).

El decreto Nº 518, de 21 de agosto de 1998, conocido como Reglamento Penitenciario, en su artículo 96 establece como beneficios los siguientes: salida esporádica, salida dominical, salida de fin de semana y salida controlada al medio libre. Estos forman parte de las actividades de reinserción social y conceden a quienes se les otorgan gradualmente, mayores espacios de libertad. La ley establece cuales son los requisitos para acceder a estos beneficios. Señala que es necesario  haber observado muy buena conducta en los tres bimestres (seis meses) anteriores a su postulación. No obstante a ello, se examinará la conducta del postulante durante toda su vida intrapenitenciaria a fin de constatar si, con anterioridad a los tres bimestres referidos, registra infracciones disciplinarias graves considerar antes de conceder el beneficio. También es necesario haber asistido regularmente y con provecho a la escuela del establecimiento, salvo que el postulante acredite dificultades de aprendizaje o estudios superiores a los que brinda el establecimiento. Por último se exige haber asistido en forma regular y constante en las actividades programadas en la unidad, tales como de capacitación y trabajo, culturales, recreacionales, además de tener la posibilidad cierta de contar con medios o recursos de apoyo o asistencia, sean familiares, penitenciarios o de las redes sociales.

El estado hizo un uso deficiente de este instrumento, considerando que hasta el año 2009, solo un 2,1% (Salinero Echeverria en Ius et Praxis 2012) de la población recibía el beneficio intrapenitenciario. Una cifra sumamente  marginal, quedando en evidencia no sólo la desconfianza  de los actores penitenciarios en estas medidas, sino la falta de una política penitenciaria en su uso

El problema del exceso de la población penal colapsó el año 2010, cuando en diciembre de ese mismo año, 81 internos murieron quemados en un incendio que dejo al descubierto las malas condiciones en que estaba los reos debido al hacinamiento y una nefasta política pública penitenciaria. Esto fue coronado con pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en que instaba al estado de Chile a mejorar la política carcelaria, puesto que los internos veían vulnerados sus derechos humanos diariamente (vulneraciones que iban más allá del derecho a la libertad que debiese ser el único vulnerado en una situación de encarcelamiento). Fue necesario entonces utilizar los medios que la propia legislación entrega para hacer frente a la problemática carcelaria, que sin duda, es exorbitante al derecho penal.

La muerte de un carabinero es muy lamentable y repudiable desde cualquier punto que se  mire, pero tengamos cuidado. Pero en mi opinión, no por eso se debe abandonar una política que  utilice de forma eficaz los medios disponibles para enfrentar un problema igual de grave que la muerte de un policía, como es el hacinamiento y la vulneración de derechos en los centros penitenciarios del país que también ha provocado un elevado número de muertes, muchas de ellas en sujetos condenados por delitos de bajísima cuantía. Y recalco la palabra eficaz, pues implica la creación de una buena política pública que vaya dirigida al uso correcto de estos beneficios. Es muy  fácil para los medios instalar a raíz de este lamentable hecho un repudio colectivo a los beneficios intrapenitenciarios, sobre todo considerando la forma en que se suelen abordar los problemas penales. Pero no existen sistemas penitenciarios infalibles, y  creo que la autoridad no debiese poner sus esfuerzos en reducir el otorgamiento de estos beneficios, sino en perfeccionar su aplicación.

Esto puede contribuir no solo a la descongestión de los centros penitenciarios, sino también a una reinserción de quienes se encuentran cumpliendo penas de baja cuantía y cumplen con los requisitos suficientes. Todos sabemos lo criminógeno que es el medio carcelario y lo poco efectivo en términos de seguridad ciudadana que es el aumento indiscriminado de población penal. Aunque claro, los medios y los ministerios de justicia pocas veces piensan igual.

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