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Lo que el 2013 nos dejó en materia de recursos naturales.

En esta ocasión he querido plasmar en las siguientes líneas, los sucesos que a mí parecer han sido más relevantes en el recién terminado año 2013, que tengan relación con temáticas sobre los recursos naturales. Si bien no son todos los sucesos ocurridos, son aquéllos que por su preponderancia tuvieron importancia en el acontecer nacional. Lo desarrollaré de manera cronológica y tratando de explicar en breves líneas, lo que rodeó éstos sucesos.

El 2013 da inicio con la entrada en funcionamiento del Tribunal Ambiental en Santiago, siendo el primero de los tres tribunales ambientales que se crearon con la ley N° 20.600. El Segundo Tribunal Ambiental está integrado por tres ministros titulares y dos suplentes, quienes fueron seleccionados por el Consejo de Alta Dirección Pública, elegidos por la Corte Suprema y nombrados por el Presidente de la República con la ratificación del Senado. Los ministros designados juraron ante el Presidente dela Corte Suprema el 28 de diciembre de 2012.

A fines de Enero el Tribunal Constitucional se pronunció en contra de dos requerimientos presentados por  parlamentarios: uno de ellos pedía que se declarase la nulidad de  la denominada “Ley Larga de Pesca”, bajo el argumento que existía un vicio de constitucionalidad en su tramitación por cuanto se pasó por alto lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile, y que obliga a consultar a las comunidades indígenas afectadas por la iniciativa. Al respecto el dictamen establece que “resulta claro que, descartada la tesis originalmente sustentada por los requirentes en orden a que el Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, tenga rango constitucional, podría simplemente procederse a rechazar los requerimientos deducidos por la imposibilidad de declarar una inconstitucionalidad de forma contrastando normas de un proyecto de ley con otra -artículo 6° del aludido Convenio- que no tiene rango constitucional”. Y agrega que “en el mismo orden de consideraciones, el deber de ‘respetar’ los derechos consagrados en tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes se refiere al imperativo que pesa sobre los órganos del Estado de hacer cumplir las normas que los contienen cuando éstas son suficientemente autónomas para ejecutarse sin necesidad de una regulación adicional. En cambio, la obligación de ‘promover’ tales derechos alude a la necesidad de remover los obstáculos que dificultan su libre ejercicio”. Y el otro recurso planteaba que el texto favorecía de manera arbitraria a algunas industrias pesqueras. En sus conclusiones, de hecho, el TC sostiene que “aunque es lícito sustentar una discrepancia de opiniones en torno al régimen que se estima preferible para regular la actividad pesquera, lo cierto es que las normas impugnadas cuentan con suficientes antecedentes de respaldo que demuestran su conformidad con la Carta Fundamental”.

En Abril la Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó paralizar completamente las obras del proyecto minero Pascua Lama, propiedad de Barrick Gold, debido a las infracciones ambientales por parte del operador del proyecto, la minera canadiense Barrick Gold. El tribunal resolvió acoger la orden de no innovar interpuesta por el abogado de las comunidades indígenas diaguitas del valle del Huasco, Lorenzo Soto, que recurrieron al tribunal de alzada por las infracciones que determinó el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) y el Sistema de Evaluación Ambiental. Para presentar la acción, Soto  recurrió a las distintas infracciones que ha determinado el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y el sistema de evaluación ambiental, contra la empresa nor-canadiense. La decisión se basó en informes evacuados a la corte respecto de irregularidades y procesos sancionatorios que se han dado contra Pascua Lama e información de la Dirección General de Aguas, que señala resultados de monitoreos de aguas subterráneas reportadas con altas concentraciones de metales pesados.

En Mayo la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), luego de un proceso de investigación de cuatro meses, sancionó a Compañía Minera Nevada SpA –subsidiaria de Barrick Gold-, con una multa de 16.000 UTA ($ 8.000 millones de pesos) y la paralización de la construcción del proyecto Pascua Lama. Esta fue la primera multa cursada por la SMA desde la entrada en vigencia de sus facultades de fiscalización y sanción, ocurrida el 28 de diciembre de 2012.

En Junio la Corte Suprema rechazó recursos de casación en la forma y en el fondo, presentados por la Forestal Sarao S.A. y otros, en contra de la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia que había condenado a la empresa a reparar el daño ambiental causado por la tala ilegal de 2.635 alerces, efectuada por terceros en el predio de su dominio, y al pago de una indemnización de perjuicios por no haber adoptado las medidas destinadas a evitar el corte.

El 09 de Agosto el Tribunal Ambiental emitió su primera sentencia definitiva, por la cual acogió la reclamación presentada por la empresa Desarrollos Urbanos S.A. (Mall Plaza Egaña) en contra de la Resolución Exenta N° 258, dictada por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ordenando eliminar la obligación impuesta a la empresa de elaborar un plan de compensación de emisiones para óxido de nitrógeno (NOx). En su sentencia, el Tribunal Ambiental señala que el Director Ejecutivo del SEA realizó una incorrecta interpretación de la legislación ambiental y que, por lo tanto, no le corresponde al mall elaborar un plan de compensación de emisiones para NOx. En su evaluación el SEA considera al proyecto Modificación Mall Plaza Egaña precisamente como una modificación al proyecto original Mall Plaza Egaña; sin embargo, cuando se trata del artículo 98 del D.S.N°66/2009 -correspondiente a la actualización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la RM (PPDA)-, es analizado como un proyecto nuevo. Según el fallo “esta dualidad es inconsistente, carece de razonabilidad y su aplicación debe ser calificada como arbitraria. En efecto, suponer que un proyecto puede ser considerado como una modificación y en otras situaciones como un proyecto nuevo, es contrario a los niveles básicos de certeza con que debe contar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.

A fines de Agosto la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) inició un proceso sancionatorio contra la central térmica Bocamina, de Endesa, por incumplimientos graves en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La SMA formuló cargos a la generadora por falencias detectadas en la segunda unidad del complejo carbonero (Bocamina II, 370 MW), que empezó a operar a mediados de 2012. Los cargos formulados por la Superintendencia se clasifican como graves. Por ley, estos pueden ser objeto de la revocación de una RCA, clausura, o multa de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA).

En la misma línea en Septiembre la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos en contra de Anglo American Sur, se oficializó cargos en contra de la firma por una serie de incumplimiento ambientales detectados por personeros de la SMA, trabajadores de Conaf, el SAG y la Seremi de Salud, quienes fiscalizaron varios proyectos de la mina El Soldado -colindante a Los Bronces- en los últimos días de abril, detectando múltiples irregularidades.

El 14 de Octubre El Presidente de la República, promulgo la Ley 20/25 que amplía la matriz energética del país a través del uso de Energías Renovables No Convencionales (ERNC). La que significó un  aumento en  la magnitud de la obligación que se contemplaba en la Ley N° 20.257 de 2008 para pasar de un 10% al 2024 a un 20% el 2025. Así, una cantidad de energía equivalente a un 20% de los retiros de las empresas eléctricas en cada año calendario deberá haber sido inyectada por medios de energías renovables no convencionales, propios o contratados al año 2025. Además se introdujo la obligatoriedad del Ministerio de Energía para llevar a cabo licitaciones públicas anuales de bloques de energía provenientes de medios de generación de energía renovable no convencional, que servirá para el cumplimiento de las cuotas de ERNC exigidas.

En este mismo mes de Octubre, la Corte de Apelaciones de Coyhaique admitió el recurso de protección presentado por comunidades locales en contra de la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén, que en septiembre aprobó el proyecto energético Río Cuervo. Además la corte dictaminó una orden de no innovar con lo cual la iniciativa no podrá continuar por el momento con la tramitación de su aprobación ambiental.

Para finalizar Octubre el presidente de la minera Barrick Gold, Jamie Sokalsky, anunció que se suspenden temporalmente las actividades de construcción del cuestionado proyecto minero Pascua Lama. Pascua Lama fue posible gracias al Tratado Minero Binacional, suscrito por los ex presidentes Eduardo Frei y Carlos Menem, en 1997. Y desde un comienzo tuvo un fuerte rechazo por parte de la comunidad, debido al impacto que ocasionaría en los glaciares El Toro 1 y 2 y Esperanza. Para no afectarlos, en 2006, Barrick redujo el tamaño del rajo. Pese a esto, el potencial se mantuvo entre 800 a 850 mil onzas de oro los primeros cinco años. Su vida útil se rebajó. Hoy se estima en 25 años.

Al finalizar Noviembre la Corte de Apelaciones de Arica dejo sin efecto resolución que aprueba el Proyecto “Los Pumas”. La segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica acogió el día martes 26 de noviembre, 5 recursos de protección en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el Comité encabezado por el intendente de la Región, José Durana, luego que ellos hubieran aprobado el proyecto minero. De esta manera, se deja sin efecto la resolución Exenta N°050 del 19 de Agosto de 2013, que calificaba como favorable el proyecto. El fallo determina que se infringió la normativa relativa a la protección de parques nacionales dada la cercanía del Parque Nacional Lauca y considera que se vulneró el Convenio 169 de la OIT al no realizar la consulta a las comunidades indígenas recurrentes.

El lunes 09 de Diciembre de 2013, inició su función jurisdiccional el Tercer Tribunal Ambiental, con asiento en Valdivia. El Tercer Tribunal Ambiental es competente para conocer y resolver causas que se generen entre las regiones del Biobío y Magallanes y la Antártica Chilena.

Cabe tener presente que a inicios de éste año 2014 se espera la decisión del comité de ministros respecto al proyecto HidroAysén.

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