Llegó la hora. Una perspectiva crítica social

Ley sobre acceso a la titularidad de docentes a contrata en establecimientos educacionales subvencionados

01 de abril de 2015


Con todos los acontecimientos que se han suscitado en estos últimos meses, hemos de darnos cuenta que nuestra legislación es bastante nueva y ambigua a la vez. No hace más de 7 años que se dicta una ley de transparencia y publicidad. Misma ley, crea un Consejo para la Transparencia y Publicidad. Motivo por el cual, cada servicio público en su página web tiene un enlace relativo a solicitar información de cualquier tipo, siempre que la ley no estime que exista parte de la información con carácter de secreto, el cual es la excepción.

Anterior a la dictación de ésta ley, en el año 1999, se dicta la ley de probidad, el año 2003 la ley que establece las bases del procedimiento administrativo de los órganos del estado.

La génesis de dicha ley, no es más que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Claude vs estado de chile”. Caso en el cual el Estado de Chile fue sancionado por no entregar (uno de sus órganos, comisión de inversión extranjera) la información que los denunciantes requerían, respecto al “Proyecto Trillium”. Dicho fallo, ordena adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la información, adoptando mecanismos de derecho interno, esto es, legislar al respecto.

Ahora bien, ocurre que esta ley afecta solo a actos de gobierno, y no de quienes pretenden gobernar. Si bien, los partidos políticos, candidatos, dan cuenta de la cantidad millonaria de sus gastos, algunos de como financian su candidatura, esto no está ausente a vacíos legales en pro de quienes los eligen.

Falta entender, que lo que rodea toda esa esfera (Estado – Gobierno – participes), debe ser público, esto es, que cualquier persona pueda tener acceso al total de la información de aquellos que quieren administrar el Estado, del gobierno y del Estado mismo. No obstante, hay un límite, nuestra constitución protege en el artículo 19n°4 el respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Si bien éste es un derecho, el artículo 20 de la constitución garantiza a través del recurso de protección (u acción) el restablecimiento de dicho derecho. Pero, es del caso señalar que la función pública debiese tener una relación con el bien común, por lo que no veo inconvenientes en arrastrar a que aquellos que quieran gobernar tanto sus activos como pasivos, sociedades, etc. Creo que es el colmo que a través de reportajes periodísticos nos enteremos de asociaciones, grupos que se creen privilegiados y formas de defraudar tanto al fisco, como a los ciudadanos.

Ahora, vamos por las sanciones. Sanciones a este tipo de situaciones deben ser ejemplares, no poder ejercer un cargo público en ninguna de sus funciones, tampoco bajo otra modalidad, a contrata, honorarios, etc., para concluir, no trabajar para el Estado ni con el Estado. Además, deben existir multas y penas privativas de libertad para ciertos casos. Debe existir un mecanismo para la situación en que quien detente algún cargo de autoridad sea removido y otra persona tome su lugar. Quizás evitando la reelección pueda ser un mecanismo, o por ejemplo, en el caso de Diputados y Senadores, que no justifiquen inasistencias, también sean removidos toda vez que por esta parte se entiende que no tienen la intención de trabajar donde deben estar, y no excusándose en la lejanía de sus distritos.

Sin más que decir, gracias.

 

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