¿Llamados de cobranza hostigosos? ¡La Corte de Apelaciones tiene la solución!

derecho constitucional

¿A quién no le ha pasado en sus hogares, o que le han comentado que han sido llamados a distintas horas del día por call centers de cobranza?

Al respecto, la Corte de Apelaciones de Valdivia se pronunció por un recurso de protección que data de esta situación, señalando que el cobro de una acreencia debe de limitarse conforme a la ley y ordenamiento jurídico nacioanl, y no cayendo en actitudes amedrentadoras e/o intimidatorias.

Empezamos el año en la Editorial de Derecho Público con este interesante caso.

Les copiamos la sentencia de este interesante fallo que senta un precedente en la materia:.


Corte de Apelaciones de Valdivia
Protección por llamados telefónicos de cobros extrajudiciales. Ejercicio abusivo de la facultad del acreedor para reclamar su crédito. Acto de autotutela ilícita. Protección acogida por existir acto arbitrario que amenaza la integridad física y psíquica de la recurrente • 21/08/2014

Partes: Irma Valderrama Dettoni y Héctor José Roldán Barra con Socofin S.A.
Rol: 548-2014

TEXTO COMPLETO:

Valdivia, veintiuno de Agosto de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 10, doña Irma Valderrama Dettoni, domiciliada en Lastarria N° 3951, Valdivia, deduce recurso de protección por sí y a favor de su cónyuge don Héctor José Roldán Barra en contra de Socofin S.A., sociedad de cobranza, representada legalmente por doña Ana Carolina Ortega, ambos con domicilio en Picarte N° 427, oficina 401, Valdivia, atribuyéndole a la recurrida una grave vulneración a los derechos previstos en el artículo 19 N° 1 y 3 de la Constitución Política de la República, esto es, la vida e integridad física y psíquica, por un lado y la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, por otro, además de vulnerar el Pacto de San José de Costa Rica y normas de ius cogens que no precisa.

Expone que el año 2005 contrajo un crédito con la empresa bancaria Credichile, mandataria de Socofin S.A., con vencimiento el día 24 de Octubre de 2005, préstamo que dejó de pagar desde la cuota N° 18 (pagadera el 19 de Abril de 2007), siendo demandada ejecutivamente por la recurrida y encontrándose actualmente prescrita la deuda.

Dice que pese a lo anterior, ejecutivos de Socofin S.A. le llaman diariamente por teléfono, con tono amenazante, conminándole al pago de la deuda so pena de que le retirarían sus cosas desde su casa o amenazándole en términos similares, aduciendo que la deuda se encuentra vigente.

Expresa que tal actitud ha afectado su salud física y emocional, provocándole angustia y agudizando los cuadros de hipertensión arterial que padecen ella y su cónyuge.

Describe las enfermedades y padecimientos de salud que les aquejan, los que en su opinión, se ven afectados por los apremios ilegales a los que le somete la recurrida.

Estima que si la recurrida posee alguna acción en su contra, debe accionar judicialmente y no operar por vías de hecho.

Finaliza solicitando se acoja el recurso interpuesto, ordenando a la recurrida cesar el hostigamiento telefónico del que es víctima junto a su cónyuge.

A fojas 34, don Marcelo Birke González, abogado, en representación de Socofin S.A., informa el recurso.

Refiere que la recurrente contrajo un crédito con Credichile el año 2005, que no pagó, por lo que se le demandó ejecutivamente sin éxito, de forma que no habiéndose pagado aún la deuda, Socofin S.A. continuó instando por el pago agotando los medios de los que dispone, ejerciendo su legítimo derecho a recuperar el dinero prestado por su mandante, sin infringir las garantías constitucionales de la recurrente ni incurrir en actos ilegales o arbitrarios.

Manifiesta que no se ha declarado la prescripción de la deuda, no siendo la presente instancia la adecuada para discutirlo.

Lamenta el mal estado de salud de la recurrente y su cónyuge, que a su juicio no es responsabilidad de la recurrida, pudiendo la angustia de un deudor basarse en no tener dinero para pagar, pero no en que le cobren.

Reconoce el hecho de haberse llamado telefónicamente a la recurrente, pero en cuanto a su frecuencia, asevera que en los últimos 30 días le han llamado en dos ocasiones.

Concluye solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Se agregaron los documentos allegados por las partes.

A fojas 38 se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales Superiores de Justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla.

Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Que, son hechos no controvertidos en el proceso los siguientes: a) Irma Valderrama Dettoni contrajo una deuda a favor de Credichile, institución bancaria que encargó a Socofin S.A. la cobranza del préstamo, cuyo monto se desconoce.

  1. b) Socofin S.A. intentó cobrar por la vía ejecutiva el crédito antedicho, sin éxito.
  2. c) Empleados de Socofin S.A. telefonean a la recurrente, con el objeto de que pague lo que supuestamente debe.

La frecuencia de esos llamados es de al menos dos veces por mes.

  1. d) Irma Valderrama Dettoni tiene 72 años de edad y padece de hipertensión, diabetes, artritis y osteoporosis.

Su marido Héctor Roldán, de 69 años de edad, está enfermo de cáncer hepático.

Tercero: Que, de un análisis pormenorizado del recurso y el informe de la recurrida, es posible determinar, como objeto de la controversia, si los llamados telefónicos efectuados a la recurrente por la recurrida en forma reiterada, constituyen un ejercicio abusivo de la facultad del acreedor para reclamar su crédito.

Cuarto: Que, respecto a si la deuda se encuentra o no prescrita, acierta la recurrida al referir que no constando ello en una sentencia judicial firme, no es posible resolver dicha situación en un proceso de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa como lo es el recurso de protección, requiriéndose para dirimirlo una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

Quinto: Que, el hecho de ser titular de una acreencia otorga a quien detenta esa facultad el derecho a perseguir su cobro, pero dentro de los límites que la ley y el ordenamiento jurídico previenen.

En este sentido, Socofin S.A. dispone de las acciones y derechos ordinarios que la ley le otorga para obtener el pago de la deuda, siendo inaceptable que exija contumazmente el pago de la misma por vía telefónica, toda vez que esa actitud produce un efecto amedrentador e intimidatorio, que no tiene relación con comunicar la existencia de la deuda, objetivo que puede lograrse mediante una sola llamada telefónica.

De este modo, Socofin S.A. ha incurrido en un acto de autotutela ilícita, esto es, “la reacción directa y personal de quien se hace justicia con sus manos propias”, como la definió el procesalista Eduardo Couture, toda vez que no respetó los medios que el ordenamiento jurídico chileno pone a su disposición para obtener la declaración de sus derechos.

No se puede alterar una situación de hecho establecida anteriormente, salvo que ello sea producto de la decisión de un tribunal competente, lo que se deduce de los artículos 1°, 6, 7, 19 N° 1, 2, 3 y 76 de la Carta Fundamental.

Así, un tercero imparcial debe resolver el conflicto; pero no puede imponerse una decisión por una de las partes a la otra.

Sexto: Que, dado el mal estado de salud que aqueja a la recurrente y su cónyuge, la conducta de la institución recurrida tiene el potencial de perjudicarles aún más, configurando una amenaza cierta para su integridad psíquica y física.

Séptimo: Que, habiéndose acreditado que la recurrida incurrió en un acto arbitrario que amenaza la integridad física y psíquica de la recurrente y su cónyuge, el recurso será acogido, sin costas, atento lo dispuesto en el N°11 del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías ConstitucionalesPor estas consideraciones, y visto además, lo establecido en los artículos 19 N° 1; 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE, sin costas, la acción de protección interpuesta a fojas 10 por doña Irma Valderrama Dettoni, por si y a favor de su cónyuge don Héctor José Roldán Barra en contra de Socofin S.A. debiendo la recurrida abstenerse de efectuar llamados telefónicos de cobros extrajudiciales de la presunta deuda que la recurrente mantendría con su mandante.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr.

Roberto Vergara Scholz, quien estuvo por rechazar la acción de protección, por no darse los presupuestos constitucionales para su procedencia.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 548 2014. CIV.

Pronunciada por la SEGUNDA SALA, por el Ministro Sr. MARIO JULIO KOMPATZKI CONTRERAS, Ministra Sra. EMMA DÍAZ YÉVENES, Abogado Integrante Sr. ROBERTO VERGARA SCHOLZ.

Autoriza el Secretario Subrogante Sr. FUAD SALMAN GASALY.

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