Límites a la Libertad de Información por el Tribunal Constitucional

PoderJudicial22

Autor: Gonzalo Poyanco

7 de Abril de 2011


El pasado 15 de Marzo, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que por lo bajo no deja de ser sino polémico. Los que somos estudiosos de la ciencia del Derecho ya seamos estudiantes, docentes o abogados entendemos lo frágil que es estar en una situación, en la cual se ven afectados dos o más derechos fundamentales que forman parte esencial de nuestro sistema democrático, como los son el “Derecho a la Honra de la Persona” y “La Libertad de Expresión”, ambas establecidas en nuestra carta fundamental. Sin embargo, a esto se le suma la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de una norma establecida en el Código Civil cuyas causas y razones veremos a continuación.

El contexto de este fallo se origina producto de una demanda establecida por el animador de televisión Felipe Camiroaga, contra el periodista Italo Passalaqua, este por revelar información falsa acerca de el hermano del demandante en el año 2008 por un medio de comunicación masivo lo cual le ocasionó un perjuicio moral a su honra.

En el fallo se indica: “Explica el requirente que dicha demanda tiene por exclusiva finalidad perseguir la reparación de los daños morales o extrapatrimoniales que habría sufrido a causa de las expresiones proferidas por el demandado, los que estimó en la suma de $50.000.000”.

Ante esto el 29 de Junio del año 2009, el juez de primera instancia acogió la demanda de indemnización de perjuicios sólo parcialmente al condenar al demandado al pago de una suma equivalente a $5.000.000, por concepto de daño moral decisión que fue recurrida por ambas partes, de casación en la forma y de apelación, y que la resolución de dichos recursos se encontraría pendiente ante la Corte de Apelaciones respectiva.

A continuación de ello, la parte demandante solicitó la inaplicabilidad del art 2331 del Código Civil que indica: “Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero; pero ni aun entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria, si se probare la verdad de la imputación.”. Resumiendo en ello, el Tribunal Constitucional declaro inaplicable dicho artículo, ya que este infringiría principalmente los artículos  1º, 4º, 5º, inciso segundo, 6º, inciso segundo, y 19, Nºs 1º, 4º, y 26º, de la Constitución Política de la República.

Como señale anteriormente, este fallo podría afectar notablemente un referente típico de nuestro sistema democrático de Derecho como lo es la Libertad de Expresión. Sin embargo, ¿Hasta que límite podría llegar dicha libertad? Habiendo en este caso un daño a la honra y al crédito de una persona, (estos últimos considerados de igual manera Derechos Fundamentales establecidos en nuestra Constitución) por un medio de comunicación masivo como lo es la televisión, podríamos resolver el problema antinómico que se produce velando por el fundamento de los Derechos Fundamentales, que se traduce en la dignidad humana. El límite a la libertad de expresión debería verse fundada en que la persona humana debe ser merecedora de respeto y no verse menoscabada su honra y crédito ni mucho menos su vida privada. Esto basado en uno de los motivos escritos en el fallo indica Qué es más esencial para la democracia el derecho a la honra que el derecho a la libertad de información, resulta de considerar a la primera como parte constitutiva de la dignidad de la persona. ¿De qué serviría a la noble causa democrática que pudiese, en nombre de la libertad de expresión, causar impunemente el descrédito de las personas, especialmente de quienes tienen o han tenido a su cargo las más altas dignidades públicas? Es claro afirmar que tratándose de un personaje público está expuesto a hechos o actos injuriosos por parte de un medio idóneo de comunicación. Pero no por ello se tendrá que pasar a llevar la dignidad de este solo por obtener ¿Puntos de rating? ¿Mejora de sueldo? ¿Comisiones? O simplemente la satisfacción de ver a otro dañado por un hecho de este.

Otro de los razonamientos indica que el artículo 2331 del Código Civil es una norma anacrónica, dictada un siglo y medio antes de que en la Constitución Política de Chile se estableciera en su artículo 19, número 4°, que “la Constitución asegura a todas las personas (…) el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”. Hace aproximadamente 150 años atrás hubiese sido casi imposible preveer la existencia de los medios audiovisuales que hoy en día existen. En aquel entonces la libertad de información se veía fuertemente reflejada en periódicos o panfletos en las calles y tampoco preveer el cambio de cultura de un siglo y medio. La televisión es un medio poderoso, nos puede engrandecer y caer a lo más profundo a su antojo y el haber considerado la inaplicabilidad de este precepto legal es una piedra de tope y un freno efectivo a la posibilidad de verificar tales actos injuriosos.

Con esto se evitaría en gran medida el ataque de los medios contra el crédito de las personas. Pero no ha de olvidar que la libertad de expresión y de información es un derecho establecido y garantizado, y este debe de cumplir su labor que es de informar a la sociedad acorde a la moral y a las buenas costumbres, sin descalificaciones y manteniendo como límite la dignidad de la persona humana.

 

Fallo de Tribunal Constitucional correspondiente :1797.pdf

 

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