Libre Circulación de los Bienes, ¿Fantasma Constitucional?

derecho constitucional

30 de abril de 2014


“La Constitución asegura a todas las personas: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.”

Es en el inciso primero del artículo 19 N° 24, en que se manifiesta con mayor fuerza algo que ya Andrés Bello consigno en el Código Civil y que no es otra que la idea de la libre circulación de los bienes como elemento esencial para lograr prosperidad en una nación, idea que responde al contexto global en que se embarcaba el mundo, y en especial Francia y Europa, que venía precedido de una serie de revoluciones liberales en la que la figura del hombre, la producción, la libertad, la iniciativa individual y prosperidad resultaban ser la piedra angular de todo sistema económico que se preciara de moderno.

Es por ello que asegurar a nivel constitucional la posibilidad de adquirir bienes corporales o incorporales, protegiendo perse el derecho de propiedad como derecho esencial de la persona humana, es manifestar un anhelo que se vuelve un fin en sí mismo; fin al cual todas las cosas deben adscribirse en tanto recta razón dirigida a un objeto. Esto denota una visión naturalista del derecho ya consignada por Santo Tomas de Aquino en su Suma, cuestión que no resulta indiferente más si consideramos la adscripción ideológica y teológica de los miembros de la comisión Ortuzar.

Como vemos la libertad de adquisición de bienes lleva implícito el asegurar toda la estructura del derecho de dominio de bienes dentro del contexto de la economía chilena, desde la más simple forma de modo de adquirir el dominio hasta la protección del sistema registral de la propiedad manifestada en la forma del Conservador de Bienes Raíces, todo como manifestación clara de lo querido tanto por el legislador y ahora por el constituyente. Idea que resulta ser no sólo un pilar esencial dentro del entramado constitucional, sino a su vez se erige en un límite a todo aquel que persiga modificar el esquema de cosas tendiendo a un fin contrario a la libertad de los integrantes de la nación.

Esta técnica legislativa resultaba ser mucho más aceptable que introducir un tipo de sistema económico definido en la Constitución, puesto que al final de todo, dentro de un sistema liberal basta con asegurar la noción de libre mercado sustentada en la libertad individual para soslayar y prohibir toda forma totalitaria de régimen, y si a eso le sumamos un quórum alto de modificación de las normas del capítulo III, el trabajo de proteger el esquema deseado se ha logrado.

Dentro de esta forma de ver a la economía basada en el pilar de la libertad, nuestro constituyente embarco a todo el aparato estatal, y para ello otorgó al derecho de propiedad de una acción constitucional tendiente a lograr que la misma se viera inafectada por los ataques de los operadores del sistema, dotándolo de la acción de protección a todo ciudadano de la República en el artículo 20 de la Carta Fundamental para perseguir el restablecimiento del derecho conculcado.

Como vemos la elección de esta noción como forma de mecanismo de resguardo llevó al establecimiento en la Constitución de la libertad plena en cuanto a la adquisición de bienes, lo que denota una elección valorativa determinada por el sesgo ideológico económico reinante entre los miembros de la Comisión Ortúzar, lo que deja en evidencia cómo las sociedades pueden modificarse a partir de su propia normativa, reconfigurándose todo un esquema de vida a partir de ideas, fuerzas subyacentes a todo el sistema social y que impone a todo el esquema de Estado un determinado actuar en pos del logro de tal objetivo, rechazándose por ende toda noción, posición y punto de vista que coarte o limite dicha visión. Lo peligroso en tal obrar es la exclusión de visiones que esto genera y las posibles injusticias que esto puede acarrear en procesos de naturaleza civil en nuestros tribunales si tales nociones son interpretadas con alejamiento a valores diferentes e incluso opuesto. En el fondo es una forma de entronización de una dictadura del derecho sobre todos aquellos que piensan distinto.

Dicha noción se plasma en forma de prohibición en el mismo artículo 19 N°24 esta vez en su inciso 4 al señalar: Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”.

La forma de reenvío a la ley no quita, en lo más absoluto, relevancia al límite que existe al legislador a las ideas principales ya esbozadas más arriba en torno a la idea de orden público económico. toda vez que nunca el legislador podrá afectar o poner en riesgo la noción en si misma mediante el uso de la ley, puesto que para ello está el Tribunal Constitucional, órgano que debe velar por el estricto apego de toda legislación a la carta fundamental, ya sea ex ante a la vigencia de la ley o ex post mediante un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad dentro de un  esquema procedimental de un juicio ordinario.

La vigencia del concepto hoy en día se manifiesta en todo ámbito del Derecho, desde el civil hasta el criminal. A modo ejemplar, los delitos contra la fe pública en materia comercial, como el giro doloso de chequea, quiebras fraudulentas, estafa, defraudación al Estado entre otros, son todos tipos penales inspirados en resguardar la fe publica con la responsabilidad que debe estar detrás de todo acto de disposición patrimonial que conlleve la libre circulación de los bienes al interior de nuestra economía, más aun si consideramos que la entronización del concepto en nuestro sistema económico hoy se traduce en aceptar que el modelo imperante es el neoliberal, cuya semilla se plasmó en los postulados constitucionales en estudio hace ya 34 años.

Esto nos podría llevar a pensar que la construcción sociojurídica detrás de la concepción de esta norma es una mirada antojadiza tendiente a defender a los grandes capitales y conglomerados económicos chilenos y extranjeros que invierten en Chile verbi gratia DL N°600, con la finalidad clara de que el esquema de cosas no cambie nunca y dichos grupos privilegiados se eternicen en el poder a costa de una supuesta libertad aparente que descansa en el 19 N° 24, pero que en realidad es una libertad tan sólo para aquellos que tienen la posibilidad de ser libres.

La libre adquisición de toda clase de bienes se sustenta en un requisito previo, el contar con dinero suficiente para obrar en pos de tal objetivo, y dado el esquema de cosas vigentes, los niveles de pobreza que nuestro pueblo vive, la ausencia de planes de educación que propendan al cambio e igualación de nuestra población, sumado a la ausencia de trabajos dignos, salarios decentes, sistema de salud realmente satisfactorio, es que el esquema de cosas planteado en nuestra constitución se vuelve un ideal ajeno a la realidad…

 

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