Ley del Velo 2.0; Otra paradoja Francesa

Velo

Autor: Jorge Albornoz Barrientos.

 11 de mayo de 2011


Ya hace algunos años, en la publicación del artículo denominado “Análisis en virtud del Principio de Proporcionalidad, de la ley francesa que restringe el uso de símbolos religiosos”, advirtiéramos sobre la tristemente célebre “Ley del velo”. Dicha normativa, que entra en vigor en Francia en el año 2004, prohíbe la utilización de Símbolos Religiosos Visibles en escuelas Públicas. Esto, con la supuesta finalidad de mantener el respeto al principio de la laicidad del Estado y apuntando a “asegurar” el derecho de las personas a no ser influidas en su libertad de culto.

Sin embargo, y pese a las críticas que se hicieran a la mencioanda disposición, el Estado Galo ha seguido legislando en ese sentido, ya que éste año ha entrado en vigencia la normativa que prohíbe circular en espacios públicos con el rostro cubierto. A dicha ley es que llamo Ley del Velo 2.0.

De todas formas, y en función de la objetividad del debate, cabe recalcar que la primera de las normas señaladas no prohíbe solamente el uso del Velo Islámico o “Hijab”, y que la segunda de ellas no se refiere expresamente a éste, pero por alcance prohíbe la utilización del “Niqab” o “Burka”, que es una especie de velo utilizado por algunas mujeres musulmanas, y que tiene la característica de cubrir todo el cuerpo de quien lo utiliza, incluyendo el rostro, y dejando solamente el espacio que rodea a los ojos para permitir la visión.

No obstante, se ha dicho que lo que se busca finalmente es prohibir la manifestación de determinadas creencias religiosas, y principalmente las relativas al Islam. Al respecto, no es difícil encontrar autores que señalen abiertamente que con éste tipo de medidas lo que se realiza es un atentado en contra de la religión, utilizando el slogan de la laicidad simplemente para combatir determinadas tendencias políticas en otros flancos, en éste caso, con la utilización que se le da a un principio, legítimo, pero manipulado a través de la legislación.

En ese sentido, es que nos cuestionamos sobre la constitucionalidad de ésta normativa, por el hecho de que a partir de la aparente búsqueda de la Laicidad, se pasan a llevar otros Derechos, como los mencionados Derecho a la Libertad de Expresión y a la Libertad de Culto. Por esto, es que en la búsqueda de alguna forma de dirimir sobre la legitimidad jurídica de la normativa, nos encontramos con el método de ponderación, el que a su vez constituye una forma de aplicación del Principio de Proporcionalidad.

Al respecto, es que para la aplicación de ésta herramienta debemos considerar: primero, si el objetivo que se busca alzanzar es o no un fín constitucionalmente legítimo; segundo, si la medida es adecuada para lograr éste fin; tercero, si la medida en cuestión es necesaria, es decir, que no hay otra que logre el mismo fin de una manera menos gravosa para los derechos fundamentales en pugna o que lo haga más eficientemente; y por último, si la vulneración que se produce a los derechos conculcados es proporcional al beneficio que pueda producirse en relación a los derechos que se busca proteger.

Respecto del primer punto, y recordando la fundamentación de la idea de la separación entre, el Estado por una parte, y por otra la Iglesia o una creencia religiosa determinada, no cabe más que concordar en que un Estado laico claramente puede defender de mejor manera ciertos derechos, ya que de lo contrario la aplicación de éstos, en muchos casos constituiría un atentado contra la política estatal y la seguridad del gobierno. Por citar un ejemplo, puede propornerse el caso hipotético en que un Estado confesional, al momento de proteger o garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de culto o a la libre expresión, no pueda cumplir su objetivo si con el ejercicio de éstos últimos, se estuviera pasando a llevar la declarada religión a la que adhiere el primero.

En segundo lugar, respecto del requisito de adecuación, cabe señalar que resulta a lo menos difícil, imaginar cómo en búsqueda de la laicidad del Estado, cuyo fundamento es asegurar la protección de Derechos como la libertad de culto o de expresión, pueden realizarse prohibiciones absolutas al ejercicio de éstos, tales como las mencionadas más arriba y que dan origen a ésta columna. Todo esto, se hace aún más complejo cuando el poder legislativo no tiene claro respecto de los mencionados derechos, que éstos deben asegurarse a TODAS LAS PERSONAS, y no sólo a una mayoría determinada, olvidándonos de ciertas minorías por parecer molestas o discordantes con nuestras propias creencias.

En tercer lugar, respecto de la necesidad de la medida, no resulta difícil idear, por ejemplo, una campaña de promoción de los derechos de libertad de culto y expresión, caso en el cual estos se estarían fortaleciendo, y sin la necesidad de interferir tan abruptamente en los mismos derechos pero de un grupo determinado de personas.

Finalmente, en ese mismo sentido, y como respuesta a la exigibilidad de que una medida limitativa de derechos o garantías fundamentales deba tener un beneficio proporcional a los estragos que causa, resulta claro que normativas como las leyes del velo, sea a través de la prohibición de símbolos religiosos o a través de la prohibición de cubrirse el rostro, no sólo son desproporcionadas respecto de los derechos que protegen en relación a los que se ven vulnerados, sino que muy por el contrario, muchas veces puede llegarse al sacrificio de dichos derechos, con el respectivo atentado a los pilares del Estado que actuaciones como esa conllevan.

Por tanto, pareciera ser que si bien la laicidad del Estado es un fín constitucionalmente legítimo, medidas cómo ésta no son adecuadas para lograrla, no son necesarias ya que hay medidas que pueden lograr dichos fines y de maneras menos gravosas, y que definitivamente no son proporcionales en sentido estricto.

Finalmente, pareciera ser que con legislaciones como éstas, más que ir en busca de una aplicación del principio de laicidad del Estado, se trata de la aplicación del Derecho Penal del Enemigo, como referencia directa a los estragos producidos por el Choque de Civilizaciones.

Sólo nos queda esperar que la soluciones a esos conflictos sea pacífica, y no se transforme finalmente en una guerra con motivaciones religiosas. Triste sería para los amantes de la democracia, y aún más triste que lo provocara uno de los países más insignes en lo relativo al respeto de los Derechos Humanos.

 

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