Ley de Responsabilidad Juvenil en Chile

Hasta Abril de 2007. si un menor cometía cualquier delito, por más grave que este fuera, su paso por tribunales dependía del trámite de discernimiento. Y si se determinaba que efectivamente estaba en conocimiento de lo que había hecho; ingresaba a un sistema de reclusión que no contaba con las herramientas para su rehabilitación y reinserción. Más aún, terminaba perfeccionando sus conocimientos delictuales.

Resulta evidente la importancia del cambio de escenario generado por la reforma del 2007; dado que implica una reorientación de la administración de la justicia en nuestro país, con un impacto directo a la calidad de vida de las personas. Es así como con la reforma de responsabilidad juvenil termina con la figura del discernimiento, en donde era difícil poder entender que a los 16 años un “niño” pudiera tener la capacidad para contraer matrimonio, engendrar hijos y no tuviera el poder suficiente para decidir entre lo que estaba bien o mal; atentando directamente en contra de los DDHH de miles de ciudadanos que diariamente sufrían hurtos, robos, homicidios, etc. Anteriormente el juez estaba obligado a someter a exámenes a los menores entre los 16 y 18 años para determinar si tienen conocimiento de lo que estaban haciendo en el momento de cometer la infracción penal. Con este nuevo sistema, todos los adolescentes entre 14 y 18 años podrán ser sujetos de responsabilidad penal. Con deberes y prerrogativas.

La entrada en vigencia de esta norma constituyó un paso significativo en la protección de los DDHH de los adolescentes que vulneran la ley penal, así como un reconocimiento expreso a su condición de personas en crecimiento y desarrollo.

Esta normativa considera la cárcel como último recurso de penalización, porque el énfasis del nuevo sistema está en la reinserción social; ya que estaba comprobado en términos criminológicos o que el efecto de la cárcel produce un daño mayor y una frecuencia mayor de reingreso al sistema. El elemento central de lo que señalan las direcciones internacionales en esta materia es que las medidas privativas de libertad sean el último recurso, y que los programas de reinserción social que acompañen tengan siempre un componente educativo en todas las acciones de intervención que se desarrollen.

Busca un especial énfasis en la reinserción, normalización educativa-familiar, capacitación laboral y la rehabilitación de las adicciones de los jóvenes que sean imputados de un delito.

Con ella, se garantiza expresamente las normas del debido proceso y se introduce un modelo de responsabilidad, lo que deberá provocar un cambio profundo en el sistema de atención de adolescentes infractores de la normativa vigente. Este concepto de responsabilidad; introducido por la nueva ley se desarrolla a través del SENAME (Servicio Nacional de Menores). Todo esto, dentro de un modelo de atención socioeducativa, que incorpora otros elementos; como la reparación, la habilitación y la integración social en los nuevos centros.

Existiendo desde aquel tiempo, el impulso modernizador vinculado a las políticas públicas sociales especiales, a saber las políticas de infancia y adolescencia, tiene su expresión en el rediseño orgánico y funcional de la institucionalidad competente (SENAME), y en la adecuación de los cuerpos legales nacionales a la normativa internacional vigente.

Cabe precisar que las medidas de medio libre no fomentan la impunidad en ningún caso, pues el espíritu de la ley apunta a poner como eje el proceso de reinserción social, y está comprobado que las medidas de medio libre son más efectivas en ese sentido. Además la ley contempla que si un adolescente no cumple una sanción de medio libre, inmediatamente se aplicará una sanción más dura, incluyendo su paso por programas privativos de libertad.

Dentro de los nuevos derechos de los adolescentes y que se protegen destacan: el derecho a ser informado sobre el motivo de la detención a ser informado con respecto a los derechos que otorga nuestra carta magna de 1980, a permanecer en silencio y no ser obligado a declarar, ser llevado ante un juez de preferencia de forma inmediata, a un abogado de su confianza a su disposición desde el momento de la detención pasando por la etapa del proceso culminando con su condena o absolución. Así mismo a ser tratado con dignidad y recogiendo un principio penal a ser tratado como inocente hasta que el tribunal declare lo contrario. Es así como se van configurando los pequeños grandes cambios normativos. Hoy, un adolescente que es privado de libertad tiene el derecho a permanecer separado de la comunidad penal adulta y a tener el contacto con su familia. Esto dentro de la lógica del mal, en donde cada vez que entraban a un centro carcelario mezclándose con adultos; aparte del inminente riesgo de ser “pajaritos nuevos” era una verdadera universidad delictual en donde en vez de buscarse como el fin dl derecho restablecer el orden social; solo lograba empeorar la situación y ganar experiencia delictual en todo ámbito.

Para garantizar la seguridad y permanencia de los infractores en los centros de privación de libertad e internación provisoria, se estableció una guardia armada de carácter externo, a cargo de Gendarmería de Chile. Permaneciendo fuera del recinto, estando autorizado para ingresar en caso de motín o en otras situaciones de grave riesgo para los adolescentes y revisar sus dependencias con el solo objetivo de evitarlas.

Esta ley, se preocupó del derecho que posee el joven a pedir término o cambio de una pena privativa de libertad por otra a cumplirse en un medio libre, siempre que favorezca su reinserción social y que cumpla con los requisitos exigido para ello.  Y ¿cómo así? Teniendo el derecho expresamente escrito en torno a que se le proporcionen las oportunidades sociales, educativas, y de trabajo para su reinserción social.

Esteban Orellana.

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