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Ley de bases y algo más.

La Ley 19.300 más conocida como Ley de Bases Generales del Medio Ambiente fue promulgada en 1994. Si bien su fecha de origen propiamente tal data de 1992, tardó dos años en ser aprobada por el Congreso Nacional.

Anterior a ello, tenemos como único hito histórico tanto a nivel legal como constitucional el Artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la Republica que se refiere a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, dentro del apartado de las garantías constitucionales.

Puede haber algunos artículos del Código Civil que se refieran someramente al medio ambiente, pero ligado netamente al plano civil. O sea, solamente se lo relaciona dada ciertas circunstancias.

Si bien el Código de Aguas regula un recurso natural como es el agua, no se dedica a definir ni delimitar como se interrelaciona con el medio ambiente. Entendemos que es un Código que apunta a darle un tratamiento específico al derecho de aprovechamiento de aguas, y que de ninguna manera busca desarrollar el derecho ambiental.

Por lo mismo, antes de la dictación de la Ley 19.300 no existía una institucionalidad ambiental con todas sus letras. La dispersión de normas era tangible. La dualidad de funciones de los órganos de la administración del Estado denostaba falta de especialidad y especificidad. No habían conceptos duros que pudieran definir el sentido y alcance de una norma legal o infra legal ligada o al menos que se interrelacionara con el medio ambiente.

En sí, todo operaba supeditado a otras ramas del derecho.

El derecho ambiental solo estaba comprendido en tratados o convenciones internacionales como el de Estocolmo en 1972 o el de Río de 1992. Y nada más.

Con ello, queda de manifiesto que la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente marcaría un antes y un después en lo que respecta a nuestra institucionalidad ambiental.

A raíz de la creación de la Ley 19.300, se comenzó a hablar de un Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Se genera la obligación de parte del Estado de definir cuáles serán las directrices, responsabilidades y conceptos que abarcaran esta ley marco. El Estado deberá ir gestando una política ambiental orientada a regular las conductas humanas tanto en el plano público como privado.

El Estado ya está al tanto que los recursos naturales son finitos y por ende no se pueden estar mal utilizando ni menos condicionando para las generaciones futuras. Bajo la base que es necesario un desarrollo sustentable, donde la calidad de vida de la población y sus necesidades no se vean mermadas por la explotación de los elementos del ambiente, y pensando que se debe disponer de una cantidad similar o al menos la suficiente de recursos naturales para prolongar la existencia de la especie humana, los principios inspiradores de esta ley parecen ser los siguientes: principio precautorio, principio preventivo, principio el que contamina paga, principio de responsabilidad subjetiva como regla general, principio de gradualidad y principio de participación ciudadana.

No nos centraremos únicamente en los principios, pero es necesario entender y saber al menos en qué consisten cada uno de ellos.

El principio precautorio muchas veces se lo confunde con el preventivo. La gran diferencia radica en su aplicación práctica y en cómo es abordado según sus consecuencias. Del principio precautorio no tenemos una evidencia empírica o una alineación de la ciencia que nos asegure del todo que un resultado es generado producto de una determinada sustancia o compuesto que altere los elementos del ambiente. Un ejemplo claro al menos en nuestro país se da con los alimentos transgénicos, que en la propia ley se los denomina como organismos genéticamente modificados.

El principio preventivo en tanto, si resulta estar presente a lo largo de toda nuestra institucionalidad ambiental. Por algo existe un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por algo se prevén ciertos riesgos para determinados casos. Por algo se contempla incluso la responsabilidad objetiva cuando se trata de hidrocarburos o elementos radioactivos. Este principio condiciona nuestro actuar a fin de evitar ciertos daños ambientales futuros. No por nada está contemplado en el Principio 15 de la Convención de Rio de 1992.

Sobre el principio el que contamina paga, hay fuertes influencias de la legislación norteamericana como de las soft law a nivel internacional. Hay una estrecha relación de este principio con el preventivo, ya que la idea en si es obligar al productor a prever ciertas situaciones para no tener que reparar una vez causado un daño ambiental. En las normas de emisión se imponen multas en caso de incumplir con lo estipulado en la ley. O sea, si contaminas, pagas.

Respecto del principio de gradualidad, es necesario hacer ciertos reparos. Como antes de la Ley 19.300 prácticamente no había nada en materia ambiental, difícilmente se podrán graduar ciertas conductas o flexibilizar ciertas responsabilidades. La lógica con la cual operaba el mundo empresarial y el propio Estado apuntaba a la explotación indiscriminada de los recursos naturales a cambio de ciertas reparaciones económicas en caso de ser un impacto considerable en la población. Ni si quiera en la flora, fauna y recursos naturales.

Por lo mismo, si se viene teniendo una práctica habitual y no existe un reproche mayor, ya sea en el plano judicial e incluso a nivel social no se podía de la noche a la mañana subir los estándares y generar cambios conductuales y operacionales de las actividades o proyectos una vez que se pusieran en marcha. Puede que hoy en día nos parezca ilógico que la normativa del material particulado no se adecuara a los estándares internacionales, sino más bien partió bajo un mínimo fácilmente de cumplir. Pero insisto, si antes no había una institucionalidad ambiental, no puedo actuar en forma implacable y pretendiendo que todos se apegaran a la norma.

Son procesos y eso toma años. Lamentablemente, solo hace 20 años surgió el interés por preocuparse del medio ambiente o de la calidad de vida de la comunidad cercana a un proyecto o actividad.

En directa conexión con lo antes mencionado, está el principio de participación ciudadana. El Artículo 4 de la Ley de Bases señala que “es deber del Estado facilitar la participación ciudadana”. Para que sea aplicable lo expresado por la ley, se deben incorporar una serie de criterios que permitan la participación efectiva de la ciudadanía. Criterios que aún están en tela de juicio, pero algo por ahí hay. Se establece que la comunidad tendrá derecho a estar al tanto sobre proyectos o actividades que se circunscriban bajo su entorno adyacente. La información será útil siempre y cuando sea oportuna y sea tal que no queden dudas al respecto.

Así podrán formularse reclamaciones y/u observaciones.

Sabemos que aún existen imperfecciones en esta materia, y que las comunidades muchas veces se han visto afectadas por decisiones arbitrarias que no contemplaron su voz. Pero es parte de un proceso.

Las inquietudes y problemáticas ya están visibilizadas. Falta mucho por hacer. Pero si la institucionalidad ambiental no funciona como uno quisiera, no es por falta de voluntad o porque se ha apuntado en la senda incorrecta.

Es porque antes de la Ley de Bases no teníamos regulación en materia ambiental.

Cuesta aceptar que países de la OCDE se rigen bajo criterios mucho más elevados. Que recién en el año 2010 con la dictación de la ley 20.417 y fuertemente influenciados por el ingreso de Chile al selecto grupo de la OCDE, se contempló la creación de los tribunales ambientales, de una superintendencia en medio ambiente, de un servicio de evaluación ambiental y de un ministerio de medio ambiente.

Solo hace 4 años tenemos una institucionalidad en parte moderna.

Hace 8 años la CONAMA era un órgano omnipotente y omnipresente. Todo quedaba en manos de sus criterios y a pesar que ya teníamos una Ley de Bases que si bien puede irse mejorando con el pasar del tiempo, no lograba descomponer las funciones para que operara de mejor forma el sistema.

Somos un país que por muchos años se desentendió del derecho ambiental. Ojalá fuéramos con mejor tranco y alcanzáramos en el corto plazo a los países realmente desarrollados en materia ambiental.

Pero ahora al menos existe algo que se puede mejorar o modificar. Antes era una incógnita como se podía preservar o conservar el patrimonio ambiental.

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