Ley 20.480

Lex debet esse justa, honesta, posibilis, secundum naturam.

Patriae consuetudinem, loco temporique conveniens, utilis,

Manifiesta, nullo privato commodo, sed pro communi civium

Utilitate conscripta.

 

En la presente columna reflexionaremos en torno al delito –cuyo rimbombante nombre no atrevo a escribir como titular – de Femicidio.

El delito de Femicidio se encuentra consagrado en el artículo 390 inciso segundo de nuestro código Penal, inciso introducido por la ley 20.480 de 18 de Diciembre de 2010 y como es de conocimiento público, figura típica creada debido a la presión mediático-social de aquel entonces.

La modificación reza ‘’ Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de Femicidio’’

Comenzaremos entonces con el análisis crítico del tipo penal  en cuestión

Primeramente, respecto de la pena; el otrora monodelictual articulo 390 albergaba la figura del delito de Parricidio que cuenta con las penas más altas que reconoce nuestro código penal, es decir penas que van hasta el presidio perpetuo calificado. Entonces, el Femicidio junto con darse cumplimiento a una promesa de campaña, viene también en maximizar la pena ya que hechos que antes respondían en base a Homicidio Simple, ahora lo hacen con penas de parricidio, es decir, antes cuando se asesinaba al ex cónyuge o ex conviviente básicamente se respondía por homicidio. Con la entrada en vigencia de esta ley ahora se responde por Femicidio o parricidio según sea el caso.

‘’Es o ha sido’’. Respecto de la duración del matrimonio, la nueva ley de matrimonio civil numero 19.947 establece en su artículo 55 que, de común acuerdo se puede solicitar el divorcio acreditando un cese de convivencia superior a un año, no obstante la existencia de más causales que al caso no interesan.

Es decir, una pareja que contrae matrimonio y cambia su estado civil (uno de los atributos de la persona) de soltero a casado puede disolver ese vínculo (y modificar el elemento del atributo de la persona estado civil) en un plazo de un año.

No obstante, la integración de la normativa parece nula en nuestro ‘’armónico’’ ordenamiento jurídico, puesto que, lo que en Derecho de Familia se disuelve, en Derecho Penal es indisoluble lo cual es inaceptable, puesto que quien puede lo más, puede lo menos, si el Derecho titular de las relaciones de familias, el ‘’Derecho de Familia’’ disuelve el vínculo pareciera lógico que un Derecho que regula materias de otra índole también reconociera la disolución de dicha situación.

La situación de cónyuge es manifiesta, sin embargo la de ‘’conviviente’’ no.

Esta es la situación más equivoca al determinar la responsabilidad Penal, cabe destacar que aún no se reconocen Derechos Civiles para los convivientes, pero si esta ‘’carga’’, u obligación ¿Cuál? La de no matar al ex conviviente. El Derecho siempre debe imponer Derechos, obligaciones también pero no carentes de Derechos. En la práctica no se sabe a qué acudir para determinar si ha habido convivencia o no ni tampoco el lapsus de tiempo de esta por lo que el hecho factico quedara a criterio del juzgador.

La calidad de Ex cónyuge o Ex conviviente apunta a determinadas personas, a determinados autores. Se castiga a personas con una especial condición, claro, la de ‘’ex’’, es por esto que afirmamos que el tipo Penal en cuestión responde a lo que en doctrina se conoce como Derecho Penal de autor.

 Para Roxin, existe Derecho Penal de autor ‘’cuando la pena se vincule a la personalidad del autor y sea su asociabilidad y el grado de la misma lo que decida sobre la sanción. Lo que hace culpable aquí al autor no es ya que haya cometido un hecho, sino que solo el que el autor sea tal se convierte en objeto de la censura legal’’[1]

De la definición desprendemos que, si bien la persona comete homicidio, el aumento en el castigo y su clasificación en este nuevo tipo penal lo hace acreedor de una nueva categoría por su sola calidad personal, condición de ex cónyuge o ex conviviente.

Abundando un poco, esta concreción de derecho penal de autor contraviene el concepto de persona art 55 del cuerpo civil, ya que no se está considerando persona a un individuo de la especie humana con una especial condición, justamente al no tener un tratamiento igualitario frente al derecho penal respecto de las demás personas que no poseen esa condición-requisito del tipo.

Es por esto que se le trata como Enemigo. Si bien, no es materia de esta columna referirse al Derecho Penal del Enemigo ni su eficacia como política criminal es necesario señalar que entre Derecho Penal de autor y Derecho Penal del enemigo existe una relación de género a especie, el Derecho Penal de autor es la especie, mientras que Derecho Penal del Enemigo es el género.

Esto atenta gravemente contra el principio de igualdad constitucional establecido en el artículo 19 numero 2 de la constitución política del Estado.

Articulo 19 numero 2 inciso primero parte final ‘’Hombres y mujeres son iguales ante la ley’’. Si la víctima es mujer, toma el término Femicidio, y en el caso que la víctima sea de sexo masculino no toma termino especial como ‘’Masculinicidio’’. Esta diferencia, por muy ínfima que parezca ya es una diferencia respecto de la misma situación.

Articulo 19 numero 2 inciso segundo ‘’Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias’’. La ley, en este caso, estableció –como ya fue analizado – una diferencia abismal, tratando a los ‘’femicidas’’ como también a las féminas asesinas de sus ex en forma desigual al agravar la pena tipificando de forma diversa una conducta en virtud de argumentos no válidos.

El Femicidio afecta por su imprecisión –sobre todo respecto del tiempo de separación y de que se entiende por convivencia – uno de los principios generales del Derecho, la Seguridad Jurídica, que en síntesis se basa en la certeza del Derecho, es decir, la seguridad de que se conoce, o puede conocerse lo previsto como prohibido, mandado y permitido.

Es más, lo difuso del tipo en cuanto al tiempo y el significado de convivencia será fuente de error en cuanto el tipo por parte del transgresor, no tendrá oportunidad de conocer algo que ni siquiera está resuelto por la ley y ante el vacío de la ley es plenamente aplicable el principio nullum crimen, nulla poena sine lege consagrado a nivel Constitucional en forma explícita por el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos de 1989.

Para finalizar, el poder mediático se plasma en estos monstruos jurídicos, la justicia mediática no reconoce garantías ni debidos procesos. Lo más alarmante de todo es que la casta política está comenzando a implantar estos vejámenes jurídicos, escuchando el clamor popular muchas veces u otras dictando normas a conveniencia sin detenerse siquiera un instante en la seriedad de lo que el Derecho Penal significa.

[1] Roxin, Claus, ‘’Derecho Penal, Parte General’’, Tomo I, 2° Ed., 199, pág. 176

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