Ley 20.285, ¿es realmente utilizada?

bibioteca

Autora: Helen Rodríguez I.

16 Octubre 2011.


La transparencia constituye un elemento esencial de una democracia y Estado de Derecho, por lo que nuestro Estado, en virtud de una condena impuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros contra el Estado de Chile creó la Ley 20.285 que versa sobre el acceso a la información pública en el año 2008.

Ya hace tres años que entró en vigencia la respectiva ley y ha sido un gran cambio para nuestro país porque los órganos del Estado ya no pueden utilizar la gran excusa de reserva para no dar información respecto de cualquier materia que quisiera consultar el público, por lo que ahora es una obligación de los órganos administrar todo tipo de información que la ciudadanía solicite sólo con ciertas excepciones, como por ejemplo, si su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:

  • Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.
  • Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.
  • Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.
  • Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.
  • Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política, etc.

Con esta ley se crearon dos tipos de transparencia: la activa y la pasiva. La transparencia activa consiste en que el respectivo organismo debe tener integrada vía electrónica toda la información pública, con esta me refiero a estructuración orgánica, facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos (art. 7º letras a y b) entre otros.En cuanto a la transparencia pasiva esta se refiere a que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la administración del Estado, este acceso comprende el contenido de diversas resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, entre otros. Tiene un procedimiento para solicitar dicha información por medios electrónicos o por escrito.

Luego de la entrada en vigencia, al parecer se emplea en su totalidad la transparencia activa, lamentablemente no ocurre lo mismo con la transparencia pasiva puesto que en este caso es la propia ciudadanía quien debe requerir la información del tipo antes citado por lo que se puede desprender que: o no están mostrando mayor interés, o simplemente les da lo mismo lo que pase respecto con sus respectivos organismos ya sea comunales, provinciales, etc.

Pero también puede ser que se produzca un problema de falta de información o de conocimiento por parte de la ciudadanía respecto de los medios electrónicos en cuanto a cómo pedir la respectiva información para conocer de un determinado proyecto, resolución, etc. Es lo que suele ocurrir en materia ambiental respecto de los servicios de evaluación medioambiental, pero creo que no es excusa el no conocer los medios electrónicos sino que es la falta de interés y conocimiento de la ley para solicitar la información. Además esta ley, como toda otra se entiende conocida por todos, lo cual sabemos que no es efectivo en la práctica.

La experiencia nos señala que al estar disponible la información, en forma concreta y oportuna, se logra una disminución de los factores que posibilitan la comisión de hechos que afectan la confianza en el sistema público y que por ende terminan debilitando la democracia. Obviamente, esto va en directa relación con el principio de probidad que consiste en observar una conducta una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

1 Comentario
  1. base babes 10 meses

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