Legitimidad de los tribunales éticos

Autor: Millecer Bravo.

Todos hemos tenido la oportunidad de conocer la existencia de los Colegios Profesionales y más específicamente, el Colegio de Abogados. Como sabemos, la colegiatura de los abogados no es obligatoria, sin perjuicio de las discusiones y proyectos de ley existentes sobre el particular, sin embargo aquellos que se someten a esta institución quedan obligados naturalmente a ella bajo ciertos preceptos. En este punto, cabe señalar el que se ha facultado a dicho Colegio para conocer exclusivamente de las reclamaciones a que diere lugar el ejercicio de la profesión por parte de sus miembros, para lo cual se crean los Tribunales Éticos.

El punto es que ha surgido la interrogante en cuanto a si son o no comisiones especiales que vulneren los derechos y garantías contemplados en nuestra Constitución Política. Si se visualizara en un sentido amplio y sin más complejidades, parecería que vulnerara el art. 19 n° 3 de nuestra Constitución en lo respectivo a la garantía relativa al hecho de que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.

Es dable pensar que una comisión especial formada para el solo efecto de conocer, juzgar y hacer ejecutar los asuntos éticos respecto a los miembros de una institución voluntaria, vulneraría de manera casi inexcusable los preceptos constitucionales que protegen la igualdad ante la ley. Pero en un análisis un poco más recabado buscando la armonía entre las normas, puede entenderse que, con ocasión de la reforma constitucional del año 2005, se modificó el art 19 n° 16 de nuestra Carta Fundamental, dando reconocimiento a la facultad que tienen los Colegios para sancionar a sus afiliados en casos de infracción a normas éticas. Así lo dispone su inciso 5°, el cual señala que “los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley”.

De esta manera pareciera zanjarse la discusión sobre la legitimidad de los Tribunales Éticos. Pero la duda persiste, puesto que se requirió de una reforma para insertar la posibilidad de zanjar estas cuestiones por parte de los mismos Colegios Profesionales. Claro, como toda institución jurídica, debió ser insertada por medio de una modificación legislativa. Sin embargo, el punto es que pareciera que hubiese una contradicción por parte del constituyente que solo suple el aparente vacío con la frase “los tribunales que establezca la ley”. Es este el punto central de la discusión, puesto que pareciera ser una inserción insidiosa y no acorde a un sistema procesal legal y válido, respetuoso de sus principios y el debido proceso reconocido en un Estado Democrático de Derecho, aun cuando se dé la segunda instancia apelativa. Ahora bien, creo que esto es producto de la presión, generada por el lato conocimiento de las causas en el actual sistema del procedimiento civil, este último con un proyecto pendiente de reforma el constituye materia de un examen particular, al cual es menester referirse en una nueva oportunidad.

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