Legalización de la Mariguana en México

cañamo

Autor: Edgar Sánchez T.

9 de Enero de 2013


 

Agradezco de forma muy especial el apoyo para la investigación e integración de este ensayo a Paulina Pedroza Obregón y a Olga Neri Montiel.  Mi cariño y admiración.

 

El crecimiento y fortalecimiento del crimen organizado, y de todos los fenómenos destructivos que genera la producción, el procesamiento, el tráfico, la venta y el consumo ilegal de sustancias prohibidas, como son la violencia, la fármaco dependencia y adicciones, la desarticulación de las familias y del tejido social, la cooptación de las personas, sobre todo hombres y mujeres jóvenes a las filas de las bandas criminales, la penetración de la delincuencia organizada en las estructuras gubernamentales a todos los niveles; así como de los circuitos financieros locales, nacionales y globales; y ante la evidencia de que la llamada guerra contra el narcotráfico no sólo ha dado los resultados que el gobierno federal esperaba, sino que esta fallida estrategia ha disparado la violencia y la inseguridad como lo demuestran las más de 60 mil muertes registradas durante la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa; se hace evidente y urgente el cambio de paradigma para enfrentar el problema del tráfico ilegal de drogas, haciendo énfasis en la educación y la necesidad de promover el ejercicio responsable de la libertad, en lugar de la política punitiva y meramente represiva que, como es notorio, ha fracasado (Belaunzarán Méndez, 2012).

Por ello, es de suma importancia plantearnos como una de las rutas estratégicas alternas la regulación de la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo de la Cannabis y sus productos derivados, para sustraer de manos criminales un importante mercado, y minimizar y reparar los daños sociales que genera esta actividad ilegal, en virtud de ser actualmente la sustancia ilegal de mayor consumo en México y en el mundo y que más recursos económicos genera al crimen organizado, ya que según en palabras del ex zar antidrogas de Estados Unidos John Walters de los 13 mil 800 millones[i] de dólares que genera a los narcos la comercialización de estupefacientes, 8 mil millones corresponden a la venta de mariguana (Jiménez & Arvizu, 2010).

El poderío económico del crimen organizado le permite infiltrar estructuras gubernamentales y financieras en todo el mundo, y han mostrado en nuestro país y en otras regiones de América Latina tener una capacidad bélica superior a las policías y, en algunos casos, equiparables a los ejércitos regulares, incluido armamento ligero y pesado de última generación.  Un análisis del desarrollo de las sustancias prohibidas durante el siglo XX y lo que va del XXI, sabiendo por supuesto, que muchas de ellas son milenarias y han acompañado a las sociedades desde épocas remotas, podemos concluir que los gobiernos optaron por la misma estrategia restrictiva y punitiva de todas las sustancias psicoactivas, tanto para la producción de los opiáceos en 1909, en la Comisión sobre el Opio en Shangai y en la Conferencia Internacional en La Haya que resultó en la Convención Internacional del Opio de 1912, hasta para la producción química de enervantes, las famosas “piedras”, a finales del mismo siglo XX.  Así se fueron orientando las políticas de los diferentes países del mundo, a través de Convenciones antes de 1946 y ya con el auspicio de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial.  La Organización de Naciones Unidas asumió la responsabilidad del control de las drogas ilícitas, al crear la Comisión de Estupefacientes en el marco del Consejo Económico y Social. Esta tardó hasta 1961 en consolidar una normatividad internacional a través de la Convención Única sobre Estupefacientes, mientras derogaba gran parte de las convenciones que le antecedieron. Los esfuerzos de esta Comisión a lo largo de sus 50 años de vida han consistido en limitar los usos de las drogas clasificadas a aquellos “médicos y de investigación científica”. Con ello se ha pretendido eliminar cualquier otra razón o forma de uso, incluso si este es tradicional en alguna localidad o pueblo originario. Para 1988 la política punitiva anti uso de drogas se recrudecía con la firma de la Convención contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Drogas psicotrópicas que tipificó penalmente y obligatoriamente la posesión de drogas para el consumo personal alrededor del mundo. Hoy, en el primer tramo de nuestro siglo, podemos afirmar que justamente la prohibición, como política de Estado, no ha podido acabar con este flagelo, y al parecer, atendiendo a la estadística del mercado y de los estudios mundiales de adicciones, en los hechos, ha contribuido para el desarrollo exponencial del negocio ilícito, los países con industria bélica se han beneficiado del negocio (Belaunzarán Méndez, 2012).

Con independencia de los propósitos de la prohibición como política de Estado que se impulso desde hace un siglo, el consumo de sustancias prohibidas no ha dejado de incrementarse y se han generado males sociales muy perniciosos como el de la violencia desbordada. Por lo anterior se hace indispensable cambiar de paradigma como punto de partida para construir políticas de Estado más eficaces en la lucha contra las adicciones y contra el manejo ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Desde hace más de 25 años, 84 países como Alemania, Australia, Brasil, Canadá, España, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suiza, han promovido políticas alternativas al enfoque prohibicionista que generalmente son conocidas como de reducción de daños.  Es urgente un cambio de paradigma, que implique adoptar un nuevo enfoque y un cambio cultural profundo, el cual debe ser concebido desde la ética de la responsabilidad y con un alto rigor científico y jurídico; ya que la política de la prohibición no resuelve el problema del incremento de las adicciones y del tráfico ilegal de las sustancias prohibidas.

En 2008, ya los ex presidentes de México, Ernesto Zedillo, de Colombia, César Gaviria, y de Brasil, Fernando Enrique Cardoso impulsaron la creación de la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia, promoviendo la despenalización – no la legalización- de la Marihuana.  En años recientes varios estados de la Unión Americana han dado importantes pasos para la despenalización y la regulación de la Marihuana y ya son 18 estados que han decidido establecer la llamada cannabis médica, como es el caso de California.  Pero la reciente decisión de los ciudadanos de Colorado y Washington representa un parte aguas, pues en ellos se reconoce la posibilidad de consumirla legalmente con fines recreativos.  Vale la pena preguntarse si es pertinente mantener la “guerra” para que la cannabis no ingrese a Estados Unidos, cuando en ese país ya está permitida y regulada.  Recordemos que la mayor parte de la marihuana que se produce en México se consume en dicho país.  Las regulaciones a la cannabis aprobadas en el país vecino son muy estrictas, pero están intentando promover una nueva conciencia y una nueva cultura para atender el problema de las adicciones con fondos generados a partir de impuestos y diversos trámites necesarios para normar la producción, el procesamiento, la distribución, la venta y el consumo del Cannabis y sus productos derivados, sin duda se ha dado un gran paso que marcará un precedente en las políticas prohibicionistas mundiales.

En nuestro país a pesar de que Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado, es importante recordar que también fue él quien impulsó las reformas a la Ley General de Salud, los Códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales, para establecer un tope máximo de portación de narcóticos para consumo personal y para promover mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno y precisar la corresponsabilidad del Gobierno Federal con los gobiernos locales en materia de prevención, sanción e investigación en el combate al narcotráfico.  Actualmente el recién erguido Presidente de la República Enrique Peña Nieto, a pesar de no estar en lo personal en dicha legalización, ha asumido una postura demócrata y republicana y ha optado por abrir el debate y escuchar las distintas posturas en torno al tema, esperemos que no quede solo en una propuesta.

Según datos de la Encuesta Nacional de Adicciones de 2011, la última que se ha publicado, en donde se establece con claridad que la marihuana es la droga más usada. La han consumido el 4.2%de las personas entre los 12 y 65 años.  La encuesta revela que en los últimos años, la adicción a la Marihuana ha crecido sobre todo entre los hombres de 1.7 a 2.2%.  En las mujeres se ha mantenido prácticamente igual, en el rango del 1.1 %.  La población consumidora representa en México el 1.2% sobre la población general, duplicando la adicción a la cocaína y otras drogas que está en el rango del 0.5% de la población.  La evidencia es contundente para poder afirmar que la Cannabis es la sustancia psicoactiva que más se consume en nuestro país y de la cual existe el mayor número de adictos y adictas.

La mejor política frente a las drogas es la que busca reducir el consumo mediante la persuasión racional basada en información científica. La educación como base y el convencimiento siempre serán mejores y más efectivos que la represión y la coacción. Finalmente, el ser humano decide con acuerdo a su conciencia qué hacer con su vida y su organismo.  Por ello mismo, el gran reto cultural que tenemos es el de promover el ejercicio responsable de la libertad, algo que ninguna ley puede suplir.


Bibliografía:

Belaunzarán Méndez, F. (2012). Iniciativa para regular la Cannabis y atender adicciones. México: H. Cámara de Diputados.

Jiménez, H., & Arvizu, J. (21 de Abril de 2010). El Universal. Recuperado el 06 de Diciembre de 2012, de Presentan Iniciativa para Legalizar la Mariguana: http://www.eluniversal.com.mx/notas/674666.html

Mosso, R. (07 de Abril de 2012). En México, el “narco” “lava” 10 mil mdd al año. El Universal .


[i] Según un estudio de la Cámara de Diputados los cálculos sobre las ganancias del crimen en el país van de 19 mil a 59 mil mdd, mientras que en EU asciende hasta 196 mil mdd. Lo que equivaldría entre el 3.6 y 5% del PIB de México y el 1.3 del PIB de EU. (Mosso, 2012).

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