Las Partes en el Proyecto de Reforma al CPC: críticas desde el Derecho Civil.

 Autor: Michelle Latka

1.- Breves aproximaciones preliminares al contexto del conflicto.

El Proyecto de Reforma al actual Código de Procedimiento Civil, como bien sabemos, se encuentra desde hace bastantes años en discusión tanto legislativa como doctrinaria. Y no podría ser para menos, puesto que lógicamente, constituye un cuerpo normativo que viene a regular el mecanismo para exigir la amplia gama de Derechos establecidos por el ordenamiento jurídico sustantivo vigente. Como tal, es un instrumento de vital importancia, dado que permite a las personas el ejercer su “derecho a pedir” –por medio del planteamiento de sus Pretensiones Procesales– ante el órgano del Estado llamado a decidir sobre las controversias que a este respecto se suscitaren, evitando –al menos en teoría- que los Derechos que establecen nuestras leyes, queden cristalizadas como meras proposiciones de carácter programático y tengan auténtico resguardo en los hechos, ante el surgimiento de un conflicto respecto de ellas.

En este contexto, resulta natural pensar que través de su larga tramitación, el Proyecto presente diversos puntos que llamen ampliamente la atención de estudiosos de esta rama del Derecho, tanto por la importancia que tiene el Proceso en un ordenamiento jurídico –ya esbozada brevemente-, como por el hecho de que la presente reforma pretende realizar cambios sustanciales en el proceso, desincrustando ideas ampliamente ceñidas al entender colectivo de todos quienes han entendido el proceso civil de la forma que el actual código lo plantea.

Precisamente, una de las temáticas que ha generado debate, es la relativa a las partes del proceso. De acuerdo al profesor José Quezada Meléndez, podemos entender por Sujetos Procesales a “Las personas que están facultadas por la ley para desarrollar el complejo de actos jurídicos que lo constituyen”. Siguiendo esta definición, y según nuestra actual legislación, los sujetos procesales son entonces, el Juez y las Partes. Guiseppe Chiovenda nos entrega un concepto de esta última, señalando que “Es la persona que pide o en cuyo nombre se pide la actuación de la voluntad de la ley, o la persona contra quien se pide”. Casarino por su parte las conceptualiza como “aquellas personas que sostienen ante el tribunal una contienda jurídica y actual acerca de sus propios derechos”.

Uno de los presupuestos para actuar dentro de la vida del Derecho, es la Capacidad, la que podemos definir como “la aptitud legal para adquirir derechos y ejercerlos. Es en esta segunda parte del concepto, en aquella relativa al ejercicio del Derecho en cuestión, que nos encontramos dentro del ámbito del Derecho Procesal, dado que será necesario concurrir ante un tribunal de justicia, una vez que se produzca un incumplimiento de aquellos a los que el ordenamiento jurídico les otorga la cualidad de conllevar un derecho de los que pueden ser ejercidos por medio del órgano jurisdiccional.

Dentro del ámbito procesal, la capacidad presenta dos puntos de vista desde los cuales puede ser analizada:

  1. a) La capacidad para ser parte: Denominada por algunos como “Personalidad Procesal”, se ha entendido en el sentido de ser una especie de “aptitud genérica de una persona para ser demandante o demandado en un proceso”. Esta, se ha entendido, es asimilable a la capacidad comprendida por el derecho común, como sinónimo de capacidad jurídica en general.
  2. b) La capacidad procesal: La cual se relaciona más bien con la capacidad para comparecer en juicio y ejecutar actuaciones dentro del proceso, sea a nombre propio o en representación de otro.

Actualmente, les reglas relativas a la personalidad y la capacidad, están determinadas por las normas sustantivas generales, y si bien podemos sostener de las definiciones entregadas que fluye la conclusión de que, para ser parte, necesariamente –como factor común y regla general- se debe ser persona, existen algunas excepciones respecto de las cuales, entidades sin personalidad, en los hechos, pueden ser considerados como parte en un procedimiento.

Estos son los llamados por la doctrina “Casos intermedios”, constituidos por aquellas ocasiones en las que, entidades que no gozan de personalidad jurídica como entes independientes e individualmente considerados, deben tener de todas formas la capacidad necesaria para demandar y ser demandados, para pedir y ser objeto de pretensiones procesales, en razón de que sus propios derechos y los de quienes entran en contacto con ellos, sean correctamente tutelados. Aquellas que conforman los casos intermedios, pueden ser tanto masas de bienes, como agrupaciones o entidades de carácter colectivo. Estos, fueron adicionados por la doctrina a las partes que tradicionalmente se han considerado como tales por nuestro ordenamiento jurídico –personas naturales y personas jurídicas-.

 

2.- Las partes en el Proyecto de Reforma al Código de Procedimiento Civil.

El Proyecto de Reforma al Código de procedimiento civil, introduce expresamente en su artículo 15, una aproximación a la idea de Parte del proceso, señalando que “La calidad de partes en el proceso la tendrán quienes intervengan en él como demandantes, demandados o terceros, en la forma prevista en este Código”. Preliminarmente de la lectura, podemos notar que no se hace referencia alguna dentro del artículo, a la personalidad como requisito para poder ser considerado en calidad de parte del proceso, a diferencia de los conceptos entregados por diversos profesores de Derecho Procesal, previamente citados.

Acto seguido, el artículo 16 procede a efectuar una enumeración respecto de quienes son considerados como partes para efectos de comparecer ante los tribunales civiles, efectuando la siguiente enumeración:

“Capacidad para ser parte. Podrán ser partes en los procesos ante los tribunales civiles:

1°. Las personas naturales;

2°. Las personas jurídicas;

3°. Las masas patrimoniales, los patrimonios separados, las comunidades, las sociedades de hecho, y en general, las entidades sin personalidad jurídica.”

De esta forma, el Proyecto por medio del tercer numeral del artículo citado, busca dar reconocimiento positivo a una situación que, si bien había sido reconocida por diversos cuerpos normativos de manera fraccionaria, se encontraba reconocida tan solo por la doctrina.

 

3.- Críticas al reconocimiento de la calidad de parte a entes no personificados.

A raíz de lo anteriormente expuesto y la intención de dar reconocimiento de la calidad de parte a entidades no personificadas por parte del Proyecto de Reforma al Código de Procedimiento Civil, es que un grupo de profesores de Derecho Civil plantearon algunas observaciones y críticas relativas a este aspecto. Estos, en diversos documentos elaborados con la intención de dar a conocer sus impresiones sobre el proyecto de Reforma desde el punto de vista del Derecho Civil, expusieron distintas observaciones sobre este y otros puntos, tales como la eliminación del recurso de casación, la modificación de las reglas de la carga probatoria, y la omisión de un procedimiento preventivo de urgencia, además de la crítica que nos convoca, relativa al reconocimiento como parte de entidades no personificadas.

Estos profesores argumentan que el Proyecto fue principalmente redactado por estudiosos relacionados con el mundo del Derecho Procesal, mas no del Derecho Civil, y al estar ampliamente relacionadas ambas materias, sobre todo considerando la complejidad del Derecho Civil, ello llevó a que se incurriera en grandes violaciones a principios básicos del mismo, entre ellos, el reconocimiento jurídico a entidades no personificadas, lo cual restaría seguridad jurídica al sistema de reconocimiento de personas y constituiría una violación a todo el sistema vigente relativo a las personas.

Los profesores sostuvieron en su Carta a la Comisión de Constitución Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, que el Proyecto, al establecer la norma señalada, “rompe la coherencia hasta ahora existente en nuestro sistema en lo que se refiere a las reglas sustantivas sobre personalidad y capacidad”. Ello por cuanto la regulación de las personas obedece a razones de seguridad jurídica, que más allá de implicar un quiebre a las instituciones de Derecho Civil en la materia, supondrían una serie de consecuencias procesales que generarían una especie de caos que impediría en el caso de estos entes no personificados, desde saber a quien se debe notificar la demanda, hasta el tener claridad de con qué bienes se responderán de la obligación que se pretende exigir.

Los profesores además argumentaron en este sentido, que nuestra legislación contempla una amplia gama de posibilidades en diversos cuerpos normativos, relativas a las asociaciones (Ley 20.500), Ley de constitución de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (Ley 19.857), y aquella que fija las normas relativas a las empresas de menor tamaño (Ley 20.416), ello, sin contemplar la reciente entrada en vigencia de la Ley que Simplifica el Régimen de Constitución de Empresas –también conocida como Ley de Empresas en Un Día-, lo que haría cuestionable la necesidad de una regla que le reconociera capacidad procesal a entidades que no constituyen persona natural ni jurídica alguna, y que lejos de significar un aporte, significaría un peligro para la seguridad jurídica y los intereses de terceros.

4.- ¿Es realmente esta una innovación legislativa, o solo es el reconocimiento de una situación que se da en los hechos?

Mientras los profesores de Derecho Civil que analizaron el Proyecto de Reforma, sostienen que el reconocimiento de la calidad de parte a entidades no personificadas atenta contra la seguridad jurídica y la totalidad de la estructura tradicional de la regulación de las personas, otra parte de la doctrina responde a dichas observaciones señalando que en ningún caso lo planteado por el numeral 3º del artículo 16 del Proyecto podría ser considerado una innovación, sino más bien obedecería al reconocimiento de una situación fáctica preexistente y debidamente regulada inclusive en cuanto a las reglas de la correspondiente representación –como es el caso, según citan, de los Fondos de Inversión, los Fondos de Pensiones y los Patrimonios Separados Securitizados-. Inclusive, señalan, la Ley de Copropiedad Inmobiliaria reconoce cierta capacidad a las comunidades que regula, llegando a ser considerados por el Servicio de Impuestos Internos como sujetos tributarios.

En definitiva, para quienes sostienen esta postura, el artículo 16 número 3 del Proyecto, no obedecería a criterios innovativos, sino más bien de reconocimiento en el código de la materia, de situaciones existentes aun con la legislación actual.

5.- Consideraciones finales: abierto espacio a debate.

En relación a lo anteriormente expuesto, el escenario en esta materia es el siguiente: por una parte, los profesores de Derecho Civil sostienen que tanto la seguridad jurídica sufriría importantes deterioros con una regulación como la propuesta, como las instituciones del Derecho Civil –de las cuales no existe Proyecto de reforma- que regulan las materias relativas a la personalidad, mientras que por otra, detractores de la postura señalada argumentan que dicha situación no obedecería sino a un afán del legislador por dar auténtico reconocimiento jurídico a una situación que en los hechos –y en diversos cuerpos normativos dispersos- tiene asidero y sustento.

Cabe entonces preguntarse ¿por qué camino resultaría más prudente transitar? ¿Estamos preparados para un reconocimiento expreso de entidades intermedias no personificadas como partes en el proceso, considerando todo lo que aquellos conlleva? ¿Por cuál solución debiésemos inclinarnos, considerando el afán utilitarista y simplificador que envuelve a la iniciativa de generar una nueva codificación en materia de nuestros procedimientos civiles?

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