LAS LECCIONES DEL CASO CELCO.

A fines del mes de julio de este año, se ha dado término en primera instancia civil, a uno de los casos más bullados a lo que a materia medioambiental se refiere, el denominado caso celulosa CELCO de Valdivia.

El caso civil data del año 2005, cuando el Consejo de Defensa del Estado, interpuso una demanda en contra de la planta de Valdivia de celulosa CELCO, fundada en la responsabilidad extracontractual de la empresa por el actuar negligente, desprolijo y reiterado de CELCO que, desde la misma entrada en operación de su Planta de Valdivia, realizó descargas ilegales y tóxicas al Río Cruces.

La sentencia de instancia fue categórica. Se determina la existencia del desastre, condenando a la empresa al pago de millonarias sumas de dinero tendientes a la recuperación de los sectores afectados por los derrames deliberados de sustancias toxicas al cauce del Río Cruces.

Muchos se preguntaran que tiene que ver esta introducción que netamente se refiere a materia civil en nuestra columna de penal. Tiene que ver, y mucho.

Solo por citar respecto de este caso emblemático. El año 2010 la Fiscalía Local de Valdivia en consulta al Fiscal Regional, llegaron a la conclusión, después de 5 años de investigación, de no perseverar en la investigación por no existir los antecedentes necesarios para fundar una acusación penal en contra de los responsables del desastre. Por otro lado, los querellantes sustentaban su libelo acusatorio en el poco conocido Art. 291 del Código Penal, el cual dice: “Los que propagaren indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos, o de cualquier otro orden que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal, o el abastecimiento de la población, serán penados con presidio menor en su grado máximo”.

Si bien existían sesgos de criminalidad en este caso, la falta de una legislación penal seria en materia medioambiental, hizo mermas de consideración en nuestro Estado de Derecho. Paréntesis aparte, merece el hecho de que el Ministerio Publico, valientemente logró llevar una investigación, que si bien no llego al puerto que uno desea, sobre todo en materia de criminalidad organizada contra los más poderosos, evito que la forma más detestable de extinción de responsabilidad penal, como lo es la prescripción, hiciera sus efectos.

Lamentablemente, la falta de criterios político-criminales, procesales y sustantivos sobre esta materia, hicieron permeable nuestro sistema persecutor, político y administrativo, debido a que la intromisión penal estaba dirigida a uno de los holdings más poderosos del país, ergo, se discrimina de forma estructural a un órgano que ostenta suficiente influencia, lo cual, aun existiendo formas de persecución efectivas de este tipo de criminalidad, jamás aparecerán en el banquillo de los acusados.

¿Qué lecciones nos da este caso? Muchas. Principalmente, la falta de criterios legales óptimos para sancionar de forma eficaz esta forma de criminalidad, debido a que, si bien nuestro Código Penal, tipifica el derrame indebido de sustancias toxicas, la penalidad sigue siendo baja en relación al daño causado. También súmese, el variopinto elenco de infracciones u omisiones administrativas y delitos cometidos contra la Administración Pública y de Justicia, como pueden ser la prevaricación judicial y administrativa, la omisión de perseguir y aprehender delincuentes y todo tipo de obstrucciones a la Justicia, y el deficiente sistema sancionatorio administrativo en materia medioambiental. Otra lección emana de los órganos auxiliares de la persecución penal, los cuales a la hora de encausar una investigación, se ven entrampados en su curso por la acción maquiavélica de las clases poderosas en pos de defender sus intereses.

Este caso, como lección jurídica, nos deja muchas tareas pendientes por hacer, sobre todo en pos de reforzar nuestro Estado de Derecho, a la hora de evitar nuevos atentados al medioambiente. Contribuir al debate político-criminal, en esta materia, es esencial para aportar a lo sumo un grano de arena y dar soluciones fluidas a un tema que sigue siendo “la pata coja” de nuestro ordenamiento jurídico.

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