Las facultades concedidas al juez del trabajo al depurar la prueba y sus efectos en el proceso. “Beneficio o inconveniente”.

La reforma al proceso laboral[1] trajo consigo una serie de innovaciones en nuestro ordenamiento, principalmente amparados bajo la idea de crear mecanismos de tutela jurisdiccional idóneos y eficientes en la protección de los derechos de los asalariados, sin embargo, en miras a obtener dicho objetivo existen ciertos problemas o inconvenientes que se han generado -en la práctica- respecto de las potestades de los jueces laborales. En mérito de lo anterior, el presente trabajo se ha enfocado a vislumbrar una de las tantas facultades que se le confirieron a los jueces del trabajo, específicamente, al momento de ponderar sobre pertinencia de la prueba ofrecida por las partes y las consecuencias que de ello deviene en el iter procesal adelantando, desde ya, nuestra posición en el sentido que dicha potestad atenta directamente contra el derecho a la prueba, propio de todo debido proceso legalmente tramitado.

Bien sabemos que el proyecto de reforma a la judicatura laboral en su mensaje contenía dentro de sus principales características o postulados el contacto directo del juez con las partes, con el objeto del juicio y con las pruebas a rendir, pudiendo incluso decretar las pruebas necesarias para la correcta resolución del asunto y aunque no las hayan solicitado las partes, rechazando aquellas que considere inconducentes[2]. Lo anterior se fundaba, principalmente -de acuerdo al mensaje del proyecto- en que el reconocimiento sustantivo de una serie de derechos no era suficiente para alcanzar un sistema de relaciones laborales equitativo y justo, requiriéndose, además, contar con los mecanismos adecuados de tutela y protección jurisdiccional. En esta dirección, el proyecto buscó materializar, en el ámbito del proceso laboral, un sistema de garantías procesales que se orientaran a dar efectividad al derecho sustantivo en que el proceso laboral busca materializar en el ámbito jurisdiccional las particularidades propias del derecho del trabajo, en especial su carácter protector y compensador de las posiciones disímiles de los contratantes. De ahí, que se estableció la necesidad de contar con un sistema procesal diferenciado claramente del sistema procesal civil, cuyos objetivos son no sólo diversos sino en muchas ocasiones antagónicos[3].

Es de destacar que dentro de las  tendencias modernas del proceso, el aumento de los poderes del Juez constituye uno de sus elementos más constantes, apareciendo en casi todos los sistemas de nuestro ordenamiento nacional. Ha sido una transformación de la posición del juzgador en cambio de Juez sentenciador al de Juez sustanciador y fallador (director).

Es menester señalar que ese incremento de los poderes del Juez no solamente se relaciona con la técnica de dirección del proceso, sino que también concierne a la adecuada búsqueda de la verdad.  Por lo anterior, nuestro legislador sujetólos procedimientos laborales al principio de impulso de oficio o si –como he afirmado en otro lugar-  fue mucho más allá, hasta “la negación del carácter esencialmente privado de la pretensión laboral y del proceso laboral mismo” mediante el expediente de exhumar la figura sombría del inquisidor[4].

Dado el objetivo del proceso de llegar a la verdad procesal conforme a la prueba, se asignaron al juez diversos deberes y facultades, es así como desde el examen de admisibilidad de la demanda que debe practicar, pasando por las facultades de procedencia y determinación de la prueba y de las que dicen relación con aquellos otros antecedentes que estime necesarios para su decisión, es que el juez tiene el carácter de rector del proceso, sin perjuicio del debido fundamento de sus resoluciones, en los casos que así lo dispone la ley. De esta manera, las facultades del juez se orientan a la decisión que debidamente motivada deberá pronunciar. Asimismo y dada la estructura y finalidad del proceso, se le confirieron amplias facultades en lo relativo a la corrección del procedimiento, en términos de que éste se desarrolle conforme a las normas y principios que lo rigen, de modo que cuenta con los medios para impedir vicios que afecten su prosecución. En un segundo ámbito, sus facultades se orientan a la cautela del proceso mismo, orientadas a la pronta administración de justicia. En un tercer ámbito y de acuerdo al objetivo de efectiva tutela de los derechos, se le reconocen facultades conservadoras destinadas a la determinación de aquellos en contra quienes se dirige la acción o de su patrimonio, a objeto de asegurar el resultado de la acción que se ha ejercido, cuando se reconoce el derechos cuya declaración se solicita, a fin de que pueda su titular hacerlo efectivo, obteniendo la satisfacción de los derechos que emanen de la sentencia que así lo establezca[5].

En este entendido, y respecto de la dirección o conducción del iter procesal, el legislador no quiso dejar dudas, declarando que, en los procedimientos del trabajo, primará el “impulso procesal de oficio” (artículo 425 CT) e insistiendo, unos pocos artículos más adelante, que “el tribunal, una vez reclamada su intervención actuará de oficio…” (artículo 429 inc. 1° CT). Impuso al juez el deber de adoptar “las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso o su prolongación indebida”, de manera que las partes quedan exoneradas de la responsabilidad por el avance de la litis “y, en consecuencia, no será aplicable el abandono del procedimiento” (artículo 429, inciso 2°, CT). Además, el juez “…corregirá de oficio los errores que observe en la tramitación del juicio y adoptará las medidas que tiendan a evitar la nulidad del procedimiento” (artículo 429, inciso 3°, CT). La prodigalidad del órgano legislador sobrepasa incluso lo constitucionalmente admisible al delegar en el juez laboral potestades legislativas nada menos que para normar las actuaciones procesales. Así, el tribunal ha sido expresamente facultado para disponer la forma en que se practicará una determinada actuación, cuando no se pueda aplicar supletoriamente los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil, por ser sus normas contrarias a los principios del procedimiento laboral (artículo 432, inciso 1°, CT)[6].

Ahora bien, se nos ha enseñado –tradicionalmente– que todo proceso satisface, esencialmente, una doble finalidad, que respectivamente llamaríamos represiva y preventiva, a saber: restaurar el orden (jurídico) alterado por el litigio y evitar que se perturbe el orden (público) por obra de la autodefensa. En otros términos: el proceso sirve a un tiempo un interés  individual y específico, que se circunscribe a cada uno de los litigios que resuelve, y un interés social y genérico, que se extiende a cuantos litigios puedan someterse a la jurisdicción de un Estado[7].

En concordancia con lo anterior, uno de los principales actos jurídicos del proceso son las resoluciones que emanan de los tribunales de justicia, siendo éstas aquellas declaraciones de voluntad emitidas por el juez con el fin de determinar lo que se estima como justo. No obstante, además de ellas existen otros actos del juez, a saber: meras comunicaciones (por ej. oficios) y actos reales (por ej., suministro de documentos y devolución de documentos exhibidos). Al lado de estos «actos constitutivos» judiciales, existen los de ejecución de pruebas, a consecuencia de la aportación de las mismas por la parte, los actos de instrucción (en cuanto impere el principio inquisitivo) y, finalmente, los debates (audiencias) y la exclusión de las pruebas[8].

En el ámbito del proceso laboral, debemos señalar que la audiencia preparatoria o preliminar cumple una triple finalidad, a saber: establecer los hechos que son parte de la controversia que deberá ser decidida por el juez; procurar la solución de la controversia por el acuerdo de las partes a través de la conciliación, y establecer las pruebas que rendirán las partes en el juicio[9].

Respecto de esta última finalidad, el juez tiene dentro de sus deberes realizar una depuración de la prueba a rendir en la audiencia de juicio posterior, para ello en la primera resolución que dicta el juez debe indicar que las partes, en
la audiencia preliminar, deben señalar al tribunal todos los medios de prueba que pretendan hacer valer en la audiencia oral de juicio, como así también requerir las diligencias de prueba atinentes a sus alegaciones, para que el
tribunal examine su admisibilidad[10] (artículo 451 inciso 2° CT), siendo una práctica usual que las partes deban acompañar materialmente y exhibir la prueba documental que pretendan incorporar posteriormente, sin embargo, respecto de los testigos se ha llegado al exceso en que, algunos jueces, exijan a la parte indicar cuál es el grado de conocimiento de éstos o de qué forma se vinculan con los hechos materia del juicio, hecho que no nos parece que se ajuste al sentido de la norma citada, ya que la  valoración sobre lo conteste o no que puedan estar los testigos es un asunto que debe ser necesariamente analizado y ponderado en la sentencia definitiva, no correspondiendo al tribunal hacer una apreciación a priori sobre la eventual declaración de los mismos. Claramente ese no es el sentido de dicha disposición, más aun si pensamos que pueden ser  testigos presentados por el trabajador y en virtud de esta errada interpretación se deje sin una prueba fundamental, como lo es en aquellos casos en donde se persigue que se reconozca y se declare la existencia de una relación laboral no escriturada o reglada.

Tal como se señaló anteriormente, en la audiencia preliminar el juez laboral debe resolver fundadamente[11] sobre la pertinencia de la prueba ofrecida por las partes, pudiendo éstas valerse de todas aquellas reguladas en la ley e incluso ofrecer cualquier otro elemento de convicción que, a juicio del tribunal, fuese pertinente. No obstante, sólo se admitirán las pruebas que tengan relación directa con el asunto sometido al conocimiento del tribunal y siempre que sean necesarias para su resolución (artículo 453 N° 4 CT)[12] [13].

En cuanto a la pertinencia y/o admisibilidad de la prueba por parte del tribunal, este no es un tema de reciente discusión y en todos los ordenamientos este problema se resuelve mediante la aplicación combinada de dos criterios: uno, típicamente lógico, es el de la relevancia de la prueba; el otro, típicamente jurídico, es el de su admisibilidad[14].

Entre esos dos criterios hay un orden lógico según el cual la prioridad corresponde al de la relevancia: así, si una prueba es irrelevante no tiene sentido preguntarse si es o no jurídicamente admisible, ya que su adquisición sería en todo caso inútil: en consecuencia, el criterio de admisibilidad opera únicamente en el sentido de excluir del proceso pruebas que serían relevantes para la determinación de los hechos[15].

Para Taruffo, una vez planteado el tema de forma general, se debe clarificar  en particular respecto de la naturaleza y el ámbito de operatividad de los dos criterio . En cuanto al criterio de la relevancia de la prueba, parece claro que plantea una exigencia de orden generalísimo, vinculada al principio de economía procesal, que está bien expresada por la regla tradicional según la cual frusta probatur quod probatum non relevat[16].

No es casualidad que esté presente, con pocas y no significativas variantes terminológicas,  en todos los ordenamientos, dado que ninguno de ellos admite el derroche de actividades procesales consistentes en la intrroducción de pruebas que a priori se presentan inútiles para la determinación de los hechos[17].

Señala el citado autor que la relevancia no es propiamente una cualidad de la prueba sino una característica constitutiva de la misma, en el sentido de que sólo lo que es relevante puede ser definido como «prueba» en un proceso. Agrega el autor que, sin embargo, debe precisarse que la valoración sobre la relevancia de la prueba es preliminar y se basa en una anticipación hipotética del juicio sobre la prueba en relación con el hecho. La valoración es preliminar en el sentido de que sirve para excluir ex ante del proceso las pruebas irrelevantes, evitando así que se realicen las actividades procesales necesarias para adquirirlas y que resultarían inútiles a los efectos de la determinación de los hechos. Por otra parte, se trata de una anticipación hipotética en un doble sentido: por un lado, se toma en consideración la posibilidad de que la prueba tenga un resultado positivo (ya que si se conjeturase un resultado negativo sería obviamente inútil a priori) y de que, por tanto, sea capaz de producir elementos de conocimiento sobre el hecho a determinar[18].

Para Couture  el precepto complementario en materia de objeto de la prueba es el de que si bien sólo requieren demostración los hechos controvertidos y no se admitirá prueba, en ningún caso, sobre los hechos que no son objeto de ella, las que no pertenezcan (al litigio) serán irremisiblemente desechadas de oficio al dictarse sentencia[19].

El problema se plantea, entonces en los siguientes términos:

a) la prueba que no corresponde al debate, ¿puede ser desecharla in limine, desde el momento mismo de su  producción? ;

b) por el contrario, ¿debe ser admitida, sin perjuicio de no apreciar su eficacia sino en el momento de dictarse sentencia?[20].

La importancia de la solución que se adopte, radica en que ambas fórmulas entrañan peligros de verdadera consideración dentro del desenvolvimiento del juicio. De elegirse la primera de ambas soluciones, creando la posibilidad de que el juez rechace de plano la prueba  que considere innecesaria, se crea el grave riesgo del prejuzgamiento; el magistrado, guiándose por impresiones superficiales, sin un conocimiento real y profundo del asunto, privaría a una de las partes de demostrar la exactitud de sus afirmaciones. Pero si se adopta la solución contraria, se consagra la posibilidad de que los litigantes aporten al juicio un cúmulo de pruebas inapropiadas, inútilmente costosas, hasta ofensivas del derecho del adversario o de la propia autoridad de la justicia; se adjudicaría, así, al magistrado, dentro de esta etapa del juicio, un papel pasivo e inerte, impropio de su función[21].

Para abordar el estudio de este problema Couture señalaba que era menester anticipar una cuestión de léxico, es decir, distinguir la pertinencia de la admisibilidad de prueba.

Para el destacado tratadista uruguayo prueba pertinente[22] era aquella que versa sobre las proposiciones y hechos que son verdaderamente objeto de prueba. Prueba impertinente era, por el contrario aquella que no versa sobre las proposiciones y hechos que son objeto de demostración. Una prueba sobre un hecho no articulado en la demanda o en la réplica por el actor, o en la contestación y en la dúplica por el demandado, es prueba impertinente.

En cambio, de prueba admisible o inadmisible se habla para referirse a la idoneidad o falta de idoneidad de un medio de prueba determinado para acreditar un hecho. No se trata ya del objeto de la prueba, sino de los medios aptos para producirla. Así, puede sostenerse que es prueba inadmisible, por ejemplo, la de testigos para acreditar la pericia de un sujeto en un arte u oficio determinado; las cartas misivas dirigidas a terceros, cuando se trata de acreditar obligaciones; la exhibición general de los libros de comercio fuera de los casos previstos en la ley mercantil; la prueba de documentos que debió haberse presentado con la demanda y no se presentó; la prueba de posiciones a cargo de un menor de edad; para la apreciación si los vicios ruinosos de una edificación son de suelo, de dirección o de construcción, se propone la prueba de inspección[23], etc. En estos casos, como se ha dicho, no se halla en juego la pertinencia o impertinencia de la prueba, sino la idoneidad del medio utilizado para producirla[24].

Para Ortells la admisibilidad se trata de un requisito distinto a la pertinencia, aquí lo que se pretende probar es relevante para la resolución, pero el juez puede pronosticar con seguridad –según reglas y criterios razonables y seguros- que el medio de prueba podrá alcanzar el fin que con él se persigue[25].

En definitiva, lo que la norma legal (artículo 453 N° 3 CT) posterga para el momento de la sentencia es la apreciación de la pertinencia o impertinencia de la prueba; no su admisibilidad. Propuesta una prueba aparentemente impertinente, no corresponde debatir in limine sobre su incorporación o su alejamiento del proceso. El juez debe postergar siempre esa calificación para la sentencia definitiva.

Sin embargo, el Código del Trabajo ha reservado a los jueces una especie de válvula de seguridad, para aquellas pruebas notoriamente impropias, o escandalosas, o cuyo costo desproporcionado excede de las exigencias del litigio o escritos improcedentes, etc. Pero estas soluciones no pueden considerarse inherentes a la prueba, sino de verdadera disciplina judicial, tendientes a evitar los excesos de litigantes notoriamente maliciosos. Fuera de esos casos, y aun en la duda, la conducta que corresponde asumir, conforme al derecho vigente, es reservar el pronunciamiento para el instante del fallo.

Couture nos enseña un ejemplo de la solución precedente, destinado a aclarar su alcance, siendo este el siguiente: en un juicio de responsabilidad civil, se solicita prueba de testigos para acreditar la falta de aptitud del demandado para el manejo de un automóvil; esa prueba puede adolecer de dos vicios: uno, consistente en el hecho de que tal falta de habilidad no fue invocada por el actor ni en la demanda ni en la réplica; otro, derivado del hecho de que la ineptitud para manejar automóviles sólo puede ser apreciada por peritos. El primero de esos defectos constituye un problema de pertinencia; el segundo, un problema de admisibilidad. El juez no podrá rehusarse a admitir la prueba invocando su impertinencia, pero podrá denegar su diligenciamiento aduciendo la inadmisibilidad del medio elegido para demostrar el hecho[26].

Esta solución, constante en los códigos del tipo liberal redactados en el siglo xix[27], parece ser abandonada en los más recientes, que dan al juez amplios poderes en materia probatoria[28].

Ahora bien, frente a lo anterior existen también otras dos posiciones y que se manifiestan, por un lado, en las facultades del juez laboral y, por el otro, en el derecho a la prueba[29] de las partes. Esto último implica, en primer lugar, el derecho a que se admita toda aquella prueba que, propuesta por alguna de las partes, respete los límites inherentes a la actividad probatoria y los debidos a los requisitos legales de proposición y, en segundo lugar, supone que el medio probatorio admitido sea practicado pues, en caso contrario, estaríamos en presencia de una denegación tácita del mencionado derecho. Ciertamente, no puede hablarse de un efectivo y real derecho a la prueba si no incluimos en su contenido la necesidad de que se practique el medio probatorio inicialmente admitido[30].

No obstante lo anterior, tal como podemos apreciar de la simple lectura del artículo 453 N° 4 CT, el legislador laboral
ha optado por darle preeminencia a las facultades del juzgador por sobre el derecho a la prueba. Derecho éste último que forma parte de todo debido proceso legal amparado por nuestra Constitución. En efecto, se ha sostenido que el legislador no puede, mediante una irrazonable restricción de formas para la defensa del derecho, privar a una parte del atributo que la Constitución le asigna, de poder defender su derecho mediante un adecuado método de debate, sosteniéndose la inconstitucionalidad de las leyes procesales que priven de la posibilidad de accionar, defenderse, de producir prueba, de alegar, de impugnar la sentencia y ser juzgados por jueces idóneos[31].

Es más, los medios adecuados para la preparación de la defensa, incluye, entre otros, el derecho a confrontar pruebas y a presentar pruebas, por cuanto el derecho a la defensa contradictoria de las partes en un proceso, mediante la oportunidad de alegar y probar sus derechos e intereses constituye una exigencia de los principios de contradicción y audiencia bilateral, que son manifestaciones de carácter básico del derecho a la protección jurisdiccional de los derechos de las personas. Así un órgano judicial que no permite a una parte de un proceso alegar lo que crea oportuno en su defensa o aportar prueba, en los términos considerados en la norma procesal, viola el principio de contradicción y, con ello, incurre en denegación de tutela jurisdiccional y derecho a defensa[32].

En mérito de lo anterior, resulta útil traer a colación lo que sostenía Devis Echandía, en el sentido que existen principios generales aplicables a la prueba, como el principio de igualdad de oportunidades para la prueba. Sostenía dicho que para que hubiese esa igualdad era indispensable la contradicción; con todo, este principio significaba algo más: que las partes dispongan de idénticas oportunidades para presentar o pedir la práctica de pruebas, persigan o no contradecir las aducidas por el contrario. Pero esa igualdad de oportunidades para probar no significa que exista un trato procesal similar en materia de pruebas, en el sentido de que se exija a las partes por igual la prueba de los diversos hechos que interesan al proceso y de que ellas tengan idéntica necesidad de aducir su prueba, pues, por el contrario, la condición de demandante o demandado influye en esa situación, como se observa en el principio fundamental de la carga de la prueba. Aquí se tiene en cuenta el efecto jurídico concreto perseguido por cada parte, sus pretensiones y excepciones, lo mismo que la condición intrínseca del hecho cuando se trata de negaciones indefinidas o cuando goza de notoriedad general o de presunción legal. Puede decirse que, en principio, la actividad probatoria recae sobre el demandante, en el sentido de que si éste nada prueba su demanda será rechazada sin que signifique esto que al demandado no le interese demostrar sus excepciones y que no esté también sujeto a la carga de la prueba; pero ambos deben disponer de iguales oportunidades para hacer practicar o aducir las pruebas que estimen favorables a sus intereses[33].

Otro principio que señala el citado autor colombiano, es el de la imparcialidad del juez en la dirección y apreciación de la prueba. La dirección del debate probatorio por el juez impone necesariamente su imparcialidad, esto es, el estar siempre orientado por el criterio de averiguar la verdad, tanto cuando decreta pruebas oficiosamente o a solicitud de parte, como cuando valora los medios anegados al proceso.

La imparcialidad del juez debe presumirse,a menos que exista alguna causal contemplada por la ley como motivo de
impedimento y recusación, en cuyo caso su competencia subjetiva y moral para el proceso, no sólo para las pruebas, lo obliga a dejar su conocimiento voluntariamente, o lo somete a que sea separado por otro juez[34].

Ahora bien, sabemos que entre las manifestaciones de los poderes materiales de dirección[35], encontramos la potestad del juez de inadmitir prueba ofrecida por las partes por considerarla inconducente, impertinente o innecesaria para la resolución  del asunto, la atribución del juez de impedir la rendición de prueba antes admitida que a su juicio constituyan una inútil reiteración sobre los mismos hechos (artículo 454 nº3 y nº5 CT)[36].

Sin embargo, el juez al ser protagonista en materia probatoria no lo hace acreedor, no necesariamente le permite tutelar la igualdad de condiciones, al contrario lo contamina de tal forma, que lo hace perder objetividad y produce el efecto inverso de cegamiento y parcialidad por abanderarse, quizás sin intención, con una posición de las partes del proceso. El juez no es el protagonista del proceso. Quien protagoniza esta película son las partes y el guion se basa en
la resolución del conflicto de interés por medio de una aplicación correcta del derecho y por ende una aplicación correcta de justicia que llevará a la plena satisfacción de las pretensiones de las partes en igualdad de condiciones y
bajo estándares de imparcialidad muy rigurosos[37].

En efecto, la declaración de pertinencia del juez, en la audiencia preliminar, sólo puede ser considerada como una
intromisión indebida, constitutiva de una infracción de una infracción al debido proceso, al perder su imparcialidad[38].

No puede el juez el juez suplir la negligencia de una parte, en el cumplimiento de sus cargas procesales de afirmar y probar, aunque el juez esté consciente en este momento de que esto le impedirá llegar al estado de certeza positiva y que se le haya planteado la “duda” acerca del fundamento de la pretensión[39].

Por lo anterior, las herramientas de depuración de la información en nuestro sistema procesal laboral, son bastante
exiguas, por cuanto si bien existen algunas normas que se refieren a este tema, no existen mecanismos entregados directamente a las partes para controlar la actuación del juez en este proceso de depuración de la calidad de la información. De hecho, en el Código del Trabajo, las normas sobre control del  rol del juez son prácticamente inexistentes, porque el legislador quiso  entregarle al juzgador profesional, y supuestamente competente, un rol sin
contrapesos, lo que a nuestro juicio, sin lugar a dudas, afecta una noción de proceso que sea verdaderamente respetuosa de los postulados elementales antes enunciados, y que dan cuenta de un debido proceso real[40].

En efecto, tal como señalan los profesores Palomo y Matamala las partes en el proceso laboral no tiene las herramientas de control necesarias, para depurar la información y dejar dentro del proceso la información de mayor y mejor calidad posible. Por lo que el juez en el proceso laboral oral chileno tiene un rol activo en exceso, mostrando en la realidad ese reforzamiento de poderes, incluso sustituyendo a las partes, como ha sido el caso de la sentencia que se cita. Sostienen dichos autores que la configuración de un juez activo por parte del legislador no puede significar el reconocimiento de un juez cuyas potestades no tengan límites. La reciente reforma procesal laboral le ha conferido amplios poderes de dirección formal y material  (donde destacan los poderes en materia de prueba). Con todo, es necesario que  se entienda por todos los operadores del nuevo sistema procesal laboral que ninguno de los poderes conferidos a los jueces es absoluto, sino que están sujetos a límites. Este debe ser el punto de partida a la hora de analizar el problema que genera el renovado papel activo de los jueces y proponer una re-lectura de estas potestades que, estableciendo cuales son los límites, sea efectivamente compatible con derechos y postulados procesales fundamentales, impidiendo desbordes[41].

Conclusiones.

Tal como se enunció a lo largo del presente trabajo, la reforma procesal laboral amplió las facultades del juez en la búsqueda de la verdad con el objeto principal de proteger a la parte débil de la relación laboral, la ampliación de estas facultades del juez en este proceso se hizo en definitiva necesaria –según la historia de la ley– para cumplir con
el objetivo fundamental del mismo, que no es otro que la aplicación de la justicia, a través de la búsqueda de la verdad material; no obstante, bajo ningún modo significa que se puede alejar al juez de los principios que forman parte del debido proceso, entre ellos, el derecho a la prueba.

En efecto, las facultades sobre la declaración de pertinencia de las pruebas ofrecidas –de acuerdo a la norma analizada– parecieran a primera vista estar al borde de los límites de la constitucionalidad al impedir a los litigantes aportar o acreditar sus alegaciones.

Por lo anterior, resulta idóneo mencionar que la exigencia de un debido proceso no constituye un requisito inocuo, por el contrario, en el proceso laboral aparte del requisito temporal (previo) requiere de un requisito adjetivo (debido) en que se materialicen los derechos de las partes en juicio, especialmente, en lo que dice relación con la prueba.

Por ello, el proceso laboral para poder ser debido, requiere que esta aportación de prueba de las partes constituya un
elemento fundamental dentro del proceso, de lo contrario ¿Cómo se podría acreditar los supuestos fácticos que integran la defensa de los litigantes?.

Por lo anteriormente expuesto, todo debido proceso incluye el derecho a probar los hechos alegados y este derecho supone la facultad de aportar elementos probatorios por cualquiera de los medios permitidos por la ley (principio de la libertad de los medios probatorios), el cual está consagrado en el artículo 453 N° 4 CT.

En efecto, el requerimiento de un juzgador imparcial e independiente también está en sintonía con la idea de un debido proceso, el cual debe permitirle al litigante probar su teoría del caso, es decir, tener la oportunidad de acreditar sus defensas a fin de aclarar todo lo que considere pertinente.

Por esto es que el valor de la justicia dentro del proceso laboral tiene que estar siempre equitativamente equilibrado
en favor de todas las partes litigantes, situación que no se está cumpliendo en lo relativo al ofrecimiento y aportación de la prueba por parte de los intervinientes.

Por todo lo anterior, nos adherimos a lo sostenido por Pinochet en el sentido que  la incumbencia del juez respecto de la pertinencia y eficacia probatoria, referida tanto al medio de prueba como al objeto de prueba, sólo puede ser en la etapa de sentencia, es ahí donde se debe desplegar esta actividad plenamente, ya que se trata del cumplimiento de su labor jurisdiccional[42].

Es por esto que, con total acierto afirma el profesor Zinny que “no cabe duda alguna que no hay otra oportunidad procesal para que el juez se pronuncie acerca de la eficacia de la prueba que al dictarse la decisión que pone fin al “thema decidendum”, esto es, que resuelve definitivamente la cuestión sometida a su decisión, sea de naturaleza procesal, sea de naturaleza sustancial”. Esto es así porque “la eficacia de la prueba depende de la valoración que el juez practique de los elementos de prueba válidamente colectados, considerados individualmente, primero, y en su conjunto, después, toda vez que en función de ella pronunciará las condenaciones y absoluciones que constituyen su decisión”[43].

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TARUFFO, Michele (2005): La prueba de los hechos (Traducc. Jordi Ferrer Beltrán, Madrid, Editorial Trotta).
TAVOLARI, Raúl  (1994): Tribunales, Jurisdicción y Proceso (Santiago, Editorial Jurídica de Chile).
WALTER, Rodolfo y LANATA, Gabriela (2009): Régimen legal del nuevo proceso laboral chileno (Santiago, Legal Publishing).Para Hunter el proceso laboral se sitúa en el rótulo “proceso civil”, ya que esta expresión debe entenderse en oposición al proceso penal, por lo mismo, es comprensivo de todo proceso donde se tratan materias no ligadas al ejercicio del ius puniendi estatal. El proceso de familia, laboral o administrativo forman parte, entonces, del proceso civil. HUNTER (2007), p. 206.

[2] Véase Historia de la Ley N° 20.087 disponible en www.bcn.cl

[3] Historia de la Ley N° 20.087, pp. 10 y 12. Disponible en www.bcn.cl

[4] Véase PALAVECINO (2007), p. 3.

[5] TAPIA et al. (2008), p. 13

[6] PALAVECINO (2007), p. 4.

[7] ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO (2000), p. 198.

[8] GOLDSCHMIDT (1936), p. 300.

[9] TAPIA (2008), p. 90.

[10] Por ejemplo: “La  Serena, veinticinco de julio de dos mil catorce. A LO PRINCIPAL: Por interpuesta demanda, traslado. Vengan las partes personalmente a la audiencia preparatoria para el día 03 de septiembre de 2014 a las 12:30 horas, la que se celebrará con las partes que asistan, afectándole  a la que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella sin necesidad de ulterior notificación y debiendo contar con abogado patrocinante y mandatario judicial.

En la audiencia preparatoria los litigantes deberán indicar los medios de prueba que pretendan valerse en el juicio oral y requerir las diligencias probatorias atingentes a sus alegaciones. Asimismo, la parte que quiera valerse de la prueba instrumental deberá en la audiencia preparatoria exhibir los documentos en cuestión para su examen de admisibilidad. (……) RIT O-305-2014”.

[11] No obstante, en la práctica dicha fundamentación se traduce en un simple “se excluye por impertinente”.

[12] En dicho artículo, inicialmente, se establecía que el juez resolvería en el acto sobre la pertinencia de la prueba ofrecida y, además, sobre las preguntas formuladas por las partes, así como de toda objeción o protesta planteada a este respecto, ya que en el Proyecto se establecía la posibilidad de que conjuntamente con la demanda se acompañaran instrumentos y se solicitaran diligencias. Véase Historia de la Ley Nº 20.087, p. 413 y 492.

[13] Para Tapia la facultad del juez en materia de calificación de la pertinencia de la prueba es amplia es amplia, pues puede, además, rechazar la prueba que estime inconducente conforme a lo establecido en el artículo 429 CT. La modificación a la Ley N° 20.087 ha establecido que en el caso en que el juez desestime la prueba ofrecida, debe hacerlo fundadamente, esto es justificando su resolución. En términos generales, puede hacerlo en cuanto la ofrecida no dice relación con los hechos a probar o que, siéndolo, no resultan necesarias para a resolución, así como cuando lo estimara inconducente. Asimismo, en el caso de la petición de oficios, cuando no se trata de información objetiva,
pertinente y específica sobre los hechos materia del juicio. TAPIA (2008), p. 96.

[14] En la legislación española se  reguló expresamente sobre la impertinencia o inutilidad probatoria, estableciéndose como criterios determinantes los siguientes: 1) No deberá admitirse ninguna prueba que, por no guardar relación con lo que sea objeto del proceso, haya de considerarse impertinente; 2) Tampoco deben admitirse, por inútiles, aquellas pruebas que, según reglas y criterios razonables y seguros, en ningún caso puedan contribuir a esclarecer los hechos controvertidos, y 3) Nunca se admitirá como prueba cualquier actividad prohibida por la ley (artículo 293, Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

Por su parte, en el Código General del Proceso uruguayo en su artículo 24 se dispone: “Facultades del Tribunal. El tribunal está facultado: 6) Para rechazar las pruebas inadmisibles, así como las manifiestamente inconducentes e impertinentes;….”, y en el artículo 144.2: “Asimismo y al dictar sentencia, desechará las pruebas impertinentes”.

En tanto, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina en su artículo 364 señala: “Pertinencia y admisibilidad de la prueba… No podrán producirse pruebas sino sobre los hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos. No serán admitidas las que fueran manifiestamente improcedentes o meramente dilatorias”.

[15] TARUFFO (2005), p.367

[16] Los hechos admitidos quedan fuera del contradictorio y, como consecuencia natural, fuera de la prueba. Es inútil probar los hechos no relevantes.

[17] TARUFFO (2005), p. 368.

[18] TARUFFO (2005), p. 369.

[19] COUTURE (1958), p. 238.

[20] En otras palabras, el inconveniente no es si el juez tiene o no la facultad de pronunciarse acerca de la  pertinencia o eficacia de la prueba, que sin lugar a dudas la tiene, puesto que esto es parte esencial de labor jurisdiccional, específicamente la tarea de la sentenciar. El problema lo constituye la oportunidad procesal para en que puede ejercitar esas facultades. PINOCHET (2010), p. 295.

[21] COUTURE (1958), p. 240.

[22] También se ha señalado que un medio de prueba es pertinente si lo que con él se persigue probar es relevante para a resolución sobre la pretensión procesal, bien de un modo directo –por ser un hecho constitutivo, impeditivo, extintivo o excluyente legado-, bien de un modo indirecto –por ser un hecho que sirve para la construcción o para la impugnación de presunciones respecto de hechos de la clase anterior, o por ser hecho importante para apreciar la fiabilidad de otro medio de prueba. ORTELLS (2009), p. 357. Por parte, Montero Aroca nos afirma que la pertinencia atiende al hecho que se fija como objeto de la prueba en relación con las afirmaciones que se hicieron por las partes en su momento, y puede llevar a la no admisión de los medios de prueba que se propongan. MONTERO (2007), p. 165. Por otro lado, el profesor De La Oliva, luego de definir a la prueba inútil o inconducente como aquella que, según la experiencia,,cabe razonablemente conjeturar que no logrará el resultado esperado, porque existe “la prueba impertinente, en cambio, es aquella prueba no relativa a hechos que guarden relación con el objeto del proceso. Pertinente pues es lo que pertenece al ámbito objetivo del proceso: lo que tiende a producir la certeza negativa o positiva de los hechos, que, siendo controvertidos, son relevantes. DE LA OLIVA (2000), p. 293.

[23] ORTELLS (2009), p.358.

[24] COUTURE (1958), p 242.

[25] ORTELLS (2009), p. 359.

[26] COUTURE (1958), p. 242.

[27] CAPPELLETTI (1972), p. 122.

[28] COUTURE (1958), p. 239; BUSTOS
(2010) p.190.

[29] Aquel que posee el litigante consistente en la utilización de los medios probatorios necesarios para formar la convicción del órgano jurisdiccional acerca de lo discutido en el proceso. PICÓ I JUNOY (1996), p. 19.

[30] PICÓ I JUNOY (1996), p. 21 y 22.

[31] OVALLE (2007), p. 214.

[32] NOGUEIRA (2008), p. 300 y 301.

[33] DEVIS ECHANDÍA (1976), p. 124.

[34] DEVIS ECHANDÍA (1976), p. 129-130.

[35] Aquellas que afectan el contenido de la decisión final o en el mérito de la causa.

[36] PALOMO y MATAMALA (2012), p. 253.

[37] DE LA FUENTE (2010), p. 221-222.

[38] La imparcialidad del juez, “desinteres objetivo” en la feliz expresión acuñada por De La Oliva, constituye, a la luz del procesamiento procesal contemporáneo, un determinante elemento de la jurisdicción, elevado a la más alta categoría de exigencia por la legislación supranacional, y de traduce en una disposición intelectual y volitiva del juez, que le permite resolver el conflicto sometido a su decisión con entera prescindencia de todo antecedente, como son los fundamentos jurídicos y facticos que cada uno de los litigantes esgrime a su favor.
TAVOLARI (1994), p. 29.

.[39] PINOCHET (2010), p. 298.

[40] PALOMO y MATAMALA (2011), p. 493.

[41] PALOMO y MATAMALA (2011), p. 495.

[42] PINOCHET (2010), P. 300.

[43] PINOCHET (2010), P. 300.
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