Las áreas protegidas y su regulación jurídica.

Bosque

Por: Paola Andrea Galindo

Las Áreas Protegidas (AP)

Las áreas protegidas son el patrimonio social, económico y natural, las cuales representan en la actualidad uno de los instrumentos más eficaces para la conservación de la riqueza natural, llámese especies, ecosistemas y servicios ambientales como el ecoturismo, entre otros.

Al respecto, los países de América Latina y el Caribe han realizado esfuerzos dirigidos a la reorganización administrativa, bajo el concepto de Sistemas Nacionales y al establecimiento de nuevas áreas protegidas en sus territorios respectivos. Con estas acciones se ha estipulado la protección jurídica y operativa a ecosistemas y especies de vida silvestre que se encontraban amenazados por el crecimiento demográfico, la ampliación de la frontera agropecuaria y por la sobreexplotación de los mismos.

Las Reservas Forestales y los Parques Nacionales fueron las primeras figuras legales para el establecimiento de áreas protegidas en la región de América latina decretadas en diferentes momentos a lo largo del siglo pasado.

Los países se fueron involucrando formalmente en la conservación de sus espacios naturales de manera muy desigual dentro de la región. Los que más temprano iniciaron el establecimiento legal de áreas naturales protegidas (ANP) fueron México (1899), Jamaica (1907), Panamá (1917), Argentina y  Belice (1922). Durante esta primera mitad del siglo XX, Chile (1926), Cuba (1930), República Dominicana (1933), Ecuador (1934), Brasil y Venezuela (1937), Bolivia (1940) y Colombia (1948) iniciaron también la protección de sus ecosistemas.

Una de las definiciones comúnmente aceptada por los países de la región es la de UICN que tiene su origen en el Taller sobre Categorías de Manejo organizado durante el Congreso Mundial de Parques Nacionales y  Áreas Protegidas en Caracas 1992:

“Una superficie de tierra y /o mar especialmente consagrada a la protección y al mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces” (UICN, 1994).

A partir de ello, la concientización por el cuidado y protección de las áreas protegidas fue en crecimiento, mejorando desde esferas internas bajo el marco de una gestión ambiental eficiente, con la creación de órganos y entidades que bajo la consigna pro Medio Ambiente, fueron abarcando mayores necesidades, como lo es la preocupación por las áreas protegidas; de igual forma la comunidad internacional no se quedó atrás, otorgando apoyo a través de la creación de foros, redes, y organismos de apoyo para el tema de áreas protegidas, con especial hincapié en bosques, fauna y flora silvestre.

Convención sobre la Diversidad Biológica (1992).

Toda esa preocupación y nuevo movimiento ambiental, trajo consigo que la comunidad internacional en pleno, manifieste su interés en la creación de nuevos instrumentos jurídicos internacionales, que permitan una adecuada regulación, o por lo menos el intento de así hacerlo.

Es así que en 1992 con motivo de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo llevada a cabo en Rio de Janeiro, Brasil, el año 1992; en el cual como mencionamos en un anterior artículo, se desarrollan los principios en materia de derecho ambiental, establecidos como parte de una Agenda con 21 puntos, denominada Agenda 21, en la cual, se dio paso a la formulación del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), que plantea como objetivos: la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización. Así como también pretende prevenir y detener las causas de reducción o pérdida significativa de la diversidad biológica, ello, debido a su valor intrínseco y sobre todo a los valores de sus componentes no sólo medioambientales sino también sociales, culturales, genéticos, económicos, científicos, y educativos. El Convenio trata igualmente de promover la cooperación entre los Estados miembros y las organizaciones intergubernamentales.

Por otra parte, el mencionado instrumento CDB[i], se preocupa por fomentar mecanismos para la conservación y al uso sostenible de la diversidad biológica mediante la provisión de un sustento alternativo con base en oportunidades de Biocomercio; y por tal propósito cuentan con su propia estructura orgánica y administrativa, disponiendo de una COP[ii] encargada de llevar adelante reuniones, a fin de no sólo expresar temas de preocupación actual, sino también de llevar adelante acciones propositivas en busca de gestión ambiental en los diferentes países, entre esas gestiones y preocupaciones, por ejemplo, se mencionó el uso de biotecnologías, que generó como complemento a éste acuerdo, el Protocolo de Cartagena, sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica es un Tratado internacional que regula los movimientos de organismos vivos modificados (OVM) resultantes de la biotecnología moderna de un país a otro.

El CDB además en materia de conservación, la Convención de Diversidad Biológica  incorpora la conservación in situ  entre sus objetivos y  señala la obligación de los países de elaborar  la Estrategia de País y el Estudio de País. Ello significó una mayor atención en la  administración y el manejo de las ANP e incluso  el establecimiento de nuevas áreas bajo protección, la creación en la mayoría de los países de una legislación ad hoc y el establecimiento de los sistemas nacionales de ANP.

Regulación normativa y Jurisdicción especial

Un elemento adicional que se debe mencionar, a fin de entender mejor la regulación jurídica existente en áreas protegidas (AP) es importante tomar en cuenta, que existen muchos países en los que las áreas protegidas, están bajo tutela del Estado y son de dominio de éste, sin embargo existe algunos países como Uruguay por ejemplo que consideran el dominio privado de un AP, llegando casi a constituir un 70% de las AP bajo dominio privado, frente a un 30% del Estado. Sin embargo, En  caso de que la tenencia de la tierra no sea de propiedad estatal, sino privada,  existe en todos los países algún tipo de normatividad para que el uso que los particulares pudieran hacer  de los recursos naturales no contravenga los fines de la conservación.

Las áreas protegidas cuentan desde hace algunos años con una regulación legal que les permite ejercer jurisdicción en territorios reconocidos oficialmente como áreas protegidas, las cuales contemplan parques naturales y reservas forestales; en tal sentido los Estados, en su mayoría y por la importancia del caso han creado oficinas o en algunos casos órganos descentralizados que funcionan sólo para ver dichos temas.  En materia medio ambiental, la mayoría de las Constituciones en Latinoamérica, reconocen el derecho al medioambiente como una garantía y valor supremo; sin embargo la mención específica a las áreas protegidas, no está presente en todas las Constituciones, por ejemplo, en el caso de Chile, si bien, existe normativa ampulosa y extensa sobre diversidad y protección, la Constitución en sí no menciona en específico el término de áreas protegidas, desde luego hay que reconocer que desde mediados del siglo XX, la Constitución de Chile, ya reconocía la importancia y protección al medio ambiente, sin embargo hay que comprender que las áreas protegidas son un espacio en el cual se concentran las grandes riquezas naturales, que permitan que la pureza del aire, y la continuidad de las reservas forestales, con todos sus recursos tanto renovables como no renovables, por ello, la importancia de incluir en un texto constitucional el término de áreas protegidas, tal el caso por ejemplo, de Bolivia, cuya Constitución reformulada en el año 2009, contempla la protección al medio ambiente, y menciona además la protección a las áreas protegidas. Esto permite de alguna forma u otra, otorgar la jerarquía o importancia que amerita las áreas protegidas, y que al ser consideradas como patrimonio natural, social y económico, sean motivo de mayor cuidado por parte de aquellos quienes llevan adelante actividades explorativas o de explotación, pero también para cualquier estante o habitante que pretenda llevar acciones sean comunitarias, empresariales, o personales, en el área protegida.

En tal sentido, al establecerse un derecho que regule dicha materia, con normas y procedimientos para tal efecto, y desde la perspectiva de considerar siempre ésta materia como jurisdicción especial, vale decir, creada con órganos y tribunales específicos para tal efecto, de hecho la mayoría de los países en Latinoamérica ya cuenta con Tribunales especiales encargados de solucionar conflictos ambientales, siendo Chile, país que recientemente incorporó bajo mandato legal, la creación de Tribunales ambientales.

Ahora bien, como jurisdicción especial contempla normas y principios inherentes, los cuales deben ser analizados bajo el entendimiento legal de que el medio ambiente es el sujeto pasivo, que al igual que en materia penal, es entendido como el sujeto más vulnerable o sobre quien podría recaer mayor daño.

Bajo esa comprensión, los principios que se tiene, permiten en el caso de regulación normativa para áreas protegidas, que ante cualquier conflicto o duda en la aplicación normativa; la ley entienda siempre a favor del medio ambiente.

En el tema de áreas protegidas los Estados, por lo general contemplan oficinas con jurisdicción propia, capaz de velar por el cuidado de las áreas protegidas, órgano que funciona en muchos casos, como el caso de Bolivia, como jueces de primera instancia, pues se encargan de llevar a cabo el procedimiento mediante el cual se exija el cumplimiento de normas ambientales, así también éstas oficinas se encargan de la protección y cuidado a la diversidad biológica existente, y también se encargan de observar que las actividades sean mineras o hidrocarburíferas que puedan llevarse a cabo excepcionalmente en un área protegida, no pongan en riesgo la sostenibilidad de los parques bajo su tutela, en éste caso por ejemplo, las normas en materia hidrocarburífera o minera, son alegadas por la mayoría de empresas cuyas actividades principales son precisamente las mencionadas, y pretenden bajo un entendimiento tal vez poco cabal, que el Estado favorezca éstas actividades y facilite sus procedimientos, aún por encima de los principios ambientales; extremos equívocos, puesto que si estuviesen en conflicto dos normas, sea una minera y la otra ambiental, en las que aparentemente expresen lo mismo, el Estado debe interpretar siempre en pro del medio ambiente, o en el caso de áreas protegidas bajo el principio in dubio pro bosque, o bien in dubio pro natura.

Por tanto, es necesario, que tanto normas mineras, hidrocarburífieras, y otras, puedan convivir en armonía con normas ambientales, específicamente hablando, sobre el tema de áreas protegidas, puesto que el entendimiento, no es el causar perjuicio, y por tanto generar daño económico a las industrias y por tanto al país, por la no autorización de actividades que vayan en desmedro de las áreas protegidas; sino por el contrario, es asegurarnos de que esas actividades sean llevadas adelante sin causar daños irreparables para las áreas protegidas que no olvidemos constituyen los pulmones del mundo.

[i] Convenio sobre Diversidad Biológica, firmado en 1992 en ocasión de la Conferencia de Naciones Unidas sobe Medio Ambiente y Desarrollo.

[ii] Conferencia de Partes, promueve la aplicación del Convenio a través de las decisiones que adopta en sus reuniones periódicas.

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