La violencia penal frente a la pasividad de los derechos

El ya avanzado proyecto de ley sobre fortalecimiento al resguardo del orden público ha generado numerosas reacciones. Entre ellas, la que parece más ingenua, es aquella tendiente a denunciar que el actual gobierno criminaliza la protesta social, reduciendo al mínimo el ejercicio del derecho a manifestarse.

Algunas aclaraciones;

1) La criminalización es un fenómeno de suyo normalizado en democracia, y más allá, en toda la historia de la organización institucional “occidental”. Se percibe como natural y apolítico. En términos sencillos; los ciudadanos (esos siempre inocentes, sumisos, obedientes y pacíficos) no saben, por ejemplo, que cuando comenzó la tala industrial de bosques en el territorio dominado por el Estado alemán se penalizó la conducta consistente recoger la madera que sobrase de la tala -los restos- efectuada por las industrias (para más historia más Bustos y menos Etcheberry). Luego, a través de la historia, el aumento de la penalización de conductas -obvio- se relaciona con la forma de administración y control social vigente; véase lo ocurrido con el aborto y el consumo de drogas (sea alcohol, sea cocaína, sea marihuana).

En síntesis, que un Estado criminalice una conducta no vuelve a ese Estado en un mal Estado. Es simplemente lo que el Estado hace ante situaciones que generan un desorden en la administración que éste ejecuta a modo de controlar la sociedad sobre la cual impera (ya bueno, que los demócratas estudiantes de derecho hablen y lloren su teoría de los bienes jurídicos protegidos; éxito).

2) La noción de protesta social; parece incluir, a primera vista, la idea de que la manifestación o protesta social es aquella que cabe dentro de los márgenes de un “derecho a manifestarse”. En éste sentido la protesta social es aquella manifestación pacífica en repudio a una determinada situación con relevancia social (política). Por lo tanto, bajo este entendimiento, son los ciudadanos quienes no quieren ser tenidos por delincuentes los que se oponen a un proyecto como este. Son los twiteros, los revolucionarios de facebook quienes pretenden mantener la legitimación de sus actividades. En síntesis, son aquellos quienes le piden al Estado que haga algo que el Estado no va a hacer; tolerarlos.

3) Finalmente, respecto de la reducción del ejercicio de la manifestación política que a toda persona se le permite “en democracia” podemos entender la oposición a la “ley hinzpeter” reviste un carácter esencial e ingenuamente democrático; los que ejercitan paz frente a lo que ellos mismos consideran y denuncian como violento no pueden sino esperar más violencia; sea sufriéndola, sea respondiendo a ella.

Sufriéndola parecen reproducir una máxima al parecer cristiana reflejada por la idea de “poner la otra mejilla” (al Estado, a sus policías, a su violencia institucional, etc).

Reaccionando a ella ejercitan un mínimo de dignidad al enfrentarse a algo mucho más poderoso que todos y cada uno de ellos.

Y claro, esta decisión debe ser enfrentada por cada cual a quien le afecte.

Pretendo así dar cuenta de una indignidad entendida como una conducta sometida a principios que no han sido cuestionados; respeto, diálogo, tolerancia (por ejemplo)

Esta columna pretende plantear la indignidad de esgrimir derechos frente al Derecho, de reaccionar con paz frente a quien te violenta.

Y como siempre, el derecho penal (y quienes lo administran) es violencia.

Pablo Rojas

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