La Usurpación, ¿de que cuadro es? ¿Del Civil o del Penal? (Derecho Comparado)

DANIEL ALEJANDRO ESCALANTE[1]

“Dedicado a mi señora Cecilia y mi preciosa hija Jazmín…”

 

 

COMENTARIO A FALLO – CAMARA DE ACUSACION DE SALTA.

USURPACIÓN

Procesamiento. Prueba de la posesión del denunciante a través del juicio de desalojo. Protección de la posesión y de la tenencia en el Cód. Civil y el Cód. Penal. Inexistencia de violencia para ingresar a la propiedad ajena.

Hechos: La sentencia de primera instancia dispuso el procesamiento de los imputados por considerarlos presuntos coautores responsables del delito de usurpación respecto de un inmueble rural de propiedad del denunciante. Apelado el decisorio por la defensa la Cámara lo confirmó.

  1. —     Si bien tanto la posesión como la tenencia están protegidas en el Cód. Civil mediante las acciones posesorias, también está resguardado en el art. 181 inc. 1° del Cód. Penal cuando el mismo es ejecutado por el agente con clandestinidad, entendida ésta como la acción subrepticia que se concreta a espaldas del propietario o legítimo tenedor, por lo general cuando nadie lo ve y por más que no se ejerza violencia alguna para ingresar en la propiedad ajena.
  2. —     Los argumentos vertidos por los procesados en orden al delito de usurpación en cuanto niegan la posesión del denunciante, deben ser desechados, en tanto esta ha sido debidamente probada en un proceso de desalojo regular y legítimo, de acuerdo a lo establecido en el art. 4015 del Cód. Civil cuyo pronunciamiento se encuentra firme y consentido por lo que adquiere el carácter de cosa juzgada.

#NroFallo# – CAcusación, Salta, sala III, 2012/02/09. – Montenegro, Lorenzo y Zigarán, Marta s/ usurpación a Sosa, Elio Reynaldo.

[Cita on line: AR/JUR/3670/2012]

[El fallo in extenso puede consultarse en Atención al Cliente o en laleyonline.com.ar]

2ª Instancia.— Salta, febrero 9 de 2012.

El doctor Albarracín dijo:

Que se suscita la competencia de la Alzada, como consecuencia del recurso de apelación deducido por la defensa técnica de los nombrados imputados (fs. 181/183 vta.), contra el auto resolutivo de Primera Instancia dictado a fs. 160/163, por medio del cual se decide el procesamiento de Lorenzo Justiniano Montenegro, Marta Leonor Zigarán, Oscar Ceferino Farías y Adrián Benito Farías, por considerárselos presuntos coautores responsables del delito de Usurpación, previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1º del Código Penal, respecto del inmueble rural denominado Finca Montenegro, Matrícula Nº 19, ubicado en San José de Orquera, Departamento Metán, Provincia de Salta.

El recurso fue producido en tiempo y forma, en consecuencia resulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión ventilada en estas actuaciones.

Para así decidir el juzgador entendió que existen suficientes elementos de convicción como para tener por acreditada la existencia del hecho investigado y que los prevenidos intervinieron en su comisión, en el marco de lo establecido por el art. 295 del C.P.P., correspondiendo, en consecuencia, calificar su conducta como constitutiva del delito de Usurpación, con arreglo a lo establecido en el art. 181 inc. 1º del Código Penal.

El decisorio traído en revisión asienta su razonamiento en la inteligencia que la acción ejecutiva del delito que se examina consiste en despojar a otro de un bien que se desplaza de la esfera de custodia de su titular, en el sentido de privar al sujeto pasivo de la ocupación del inmueble que se trata, o se le impide a éste que continúe realizando los actos propios de su ocupación en la forma que se venía ejecutando. Tratándose de un inmueble —con cita de doctrina añade el a quo— necesariamente debe producirse por invasión, permanencia o expulsión, ya sea que el propietario esté presente o ausente y se expulse a sus representantes, o finalmente, no se le permita su ingreso a dicho bien.

Asimismo, interpreta el tribunal de grado, no solo por la verificación del despojo se tipifica el delito de Usurpación, dado que el mismo debe haberse cometido necesariamente a través de uno de los modos comisivos taxativamente previstos por la ley, tal como por medio de violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad, siendo esta última característica la empleada por los encausados, tal como se desprende de los antecedentes judiciales arrimados a la causa (Expte. Nº 3775/04, caratulado “Sosa, Elio Reynaldo c. Zigarán, Marta Leonor; Montenegro, Lorenzo; Farías, Damián, y Farías, Ricardo s. Desalojo”, de tramite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 1ra. Nominación y Expte. Nº 3618/08 seguido contra “Marcelo Jesús Farías por Lesiones y Daños en perjuicio de Elio Reynaldo Sosa”, de trámite por ante el Juzgado en lo Correccional y de Garantías Nº 2, puesto que a raíz del desalojo concretado contra los intrusos, éstos invadieron nuevamente las tierras que venían irregularmente ocupando, aprovechando la ausencia del denunciante, quien, justamente, tomó conocimiento que transcurridos tres días del desalojo dispuesto por la Justicia los acusados usurparon nuevamente el inmueble, infiriéndose que el acto consumativo pudo verificarse merced a la ausencia del titular dominial antes aludido.

El apelante hace girar sus agravios en torno de estimar que sus defendidos han venido ocupando la propiedad que se controvierte en autos en carácter de poseedores a título de dueños por un término aproximado de 50 años y que el denunciante, o su padre Elio Reynaldo Sosa, nunca poseyeron la fracción de terreno que se reivindica en estos obrados, conforme surge con meridiana claridad del Acta de Constatación efectuada por el Escribano Dubois (fs. 40 a 57 vta.), la cual concuerda con la Inspección Ocular efectuada por la Policía de la Provincia (fs. 86/88).

En apoyo de sus argumentos, el recurrente hace referencia a que la acción de posesión interpuesta por el denunciante en ningún momento les fue notificada a esa parte, a pesar de ser sus asistidos los principales interesados en conocer el resultado de un proceso trabado sobre el inmueble que vienen ocupando desde hace mucho tiempo atrás; como así también que resulta inexacto aludir a algún tipo de despojo, pues en ese caso se requiere un desplazamiento, en el sentido de sacar total o parcialmente al sujeto pasivo de la ocupación del inmueble, quien inequívocamente debe encontrarse en posesión de éste, derecho posesorio que no ha llegado a acreditar el reclamante, más allá de su condición de titular registral del bien que se trata.

Del análisis del fallo traído en crisis y la línea argumental esgrimida por el apelante, surge con meridiana claridad el acierto del decisorio impugnado, que desvirtúa a priori cualquier cuestionamiento que pueda formulársele, en tanto el mismo se encuentra debidamente motivado y fundado por el Proveyente, lo cual pone a buen resguardo una resolución que permite superar con creces el respectivo control de constitucionalidad como acto jurisdiccional absolutamente válido por parte de la Alzada y así debe proclamarlo el Tribunal.

En primer lugar, resulta un imperativo inexcusable destacar que, se comparten plenamente las razones argüidas por el señor Juez actuante para justificar la posesión del denunciante, de suerte de no dejar dudas el art. 2351 del Código Civil, en cuanto a que “habrá posesión de las cosas, cuando alguna persona, por sí o por otro, tenga una cosa bajo su poder, con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad”, con independencia de la ocupación efectiva por parte de su titular.

En este razonamiento no puede soslayarse el hecho de haber probado judicialmente el señor Enrique Teobaldo Sosa la posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida, habitando el inmueble que se controvierte durante más de 20 años, conforme surge de las constancias del Expte. Nº 2.661/03, caratulado: “Sosa, Enrique Teobaldo vs. Albornoz, Leoncio y/o sus sucesores s/ Posesión Veinteañal”, que tramitara por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 2da. Nominación del Distrito Judicial del Sur y que se citan en la sentencia glosada a fs. 155/159 vta., por lo que deben desecharse de plano los argumentos vertidos por el recurrente en cuanto a negar la posesión del denunciante, la que ha sido debidamente probada en un proceso judicial regular y legítimo, en un todo de acuerdo con lo establecido en el art. 4015 del Código Civil, cuyo pronunciamiento se encuentra firme y consentido y, por tanto, adquiere el carácter de cosa juzgada, cerrando por ende toda discusión al respecto.

En segundo lugar, es dable destacar que, nos encontramos en presencia de una conducta irregular y repetitiva a través del tiempo por parte de los encausados que, si bien en una primera oportunidad fueron absueltos por idéntico hecho usurpante por el mismo juzgador (Expte. Nº 38852/01), habida cuenta de haberse valorado en aquella ocasión que los ocupantes del inmueble en cuestión lo hacían ante el convencimiento de ejercer un legítimo derecho (fs. 162 vta.), la nueva situación dada ofrece aristas diametralmente opuestas a las nombradas y los hace pasibles a sus autores del condigno reproche penal que la Ley Sustantiva pone al servicio de quienes han sido víctimas de un delito de índole penal.

Va de suyo que la figura de Usurpación por clandestinidad que contempla el art. 181, inc. 1º del Código Penal, destinada a despojar al sujeto pasivo de la posesión o tenencia de un bien inmueble (o del ejercicio de un derecho real constituido sobre el inmueble), conforme a las prescripciones del Código Civil y cualquiera sea la forma que tome el despojo, el ordenamiento positivo tutela el derecho de propiedad, especialmente protegido por nuestra Constitución Nacional en su art. 17, imponiendo la norma penal señalada pena a quien transgrede tal dispositivo legal (Juz. Corr. Nº 1 Trelew, 18/12/1998 – C., S. E. y otros; C. Civ. y Com. Trenque Lauquen, 10/5/1991 – D., M.).

Así se ha dicho con razón que, tanto la posesión como la tenencia están protegidas en el Código Civil mediante las acciones posesorias, de donde puede deducirse que el despojo (verbo típico de la figura penal analizada) tiene su naturaleza jurídica en el derecho civil, está protegido en el Código Civil, pero también está resguardado en este art. 181, inc. 1º del Código Penal, cuando el mismo es ejecutado, como en el supuesto de autos, por el agente con clandestinidad, entendida ésta como aquella acción subrepticia que se concreta a espaldas del propietario o legítimo tenedor, por lo general cuando nadie lo ve y por más que no se ejerza violencia alguna para ingresar a la propiedad ajena, tal como aconteciera en autos (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 5º, 27/2/1981 – Duval de Solís, R. I.).

Un breve comentario que no puede dejar de hacerse, pasa por poner de relieve que no se explica cómo los encartados han vivido en la zona tanto tiempo sin normalizar la situación de ocupación de un inmueble que registralmente figuraba a nombre de Albornoz, Leoncio, que luego fue adquirido por el padre del denunciante Enrique Teobaldo Sosa, mediante el trámite de Posesión Veinteañal (Expte. Nº 2661/03), para finalmente prosperar un juicio de Desalojo en su contra (fs. 155/156 vta.), en el que previamente se han acreditado los derechos del demandante sobre la posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida por más de veinte años sobre el bien que nos ocupa, resultando a todas luces extemporáneo el propósito de iniciar una demanda de Prescripción Adquisitiva (acápite III, inc. e) del recurso de apelación), respecto de un inmueble que ha sido sometido a una multiplicidad de procesos judiciales para dirimir una situación dominial que hoy reposa en los derechos que le asisten al denunciante.

Por lo expuesto, soy de la opinión que debe confirmarse la resolución traída en crisis. Así voto.

El doctor Figueroa dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones. En mérito a ello y el acuerdo que antecede, la sala III de la Cámara de Acusación, resuelve: I) No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 181/183 vta. y, en su mérito, confirmar el auto resolutivo dictado a fs. 160/163. II) Regístrese, protocolícese, notifíquese y bajen, oportunamente, los autos al Juzgado de origen.

Doctrina: Usurpación.

El art. 2351 Código Civil, habrá sesión de las cosas, cuando alguna persona, por sí o por otro, tenga una cosa bajo su poder, con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad”, con independencia de la ocupación efectiva por parte de su titular.

Va de suyo que la figura de Usurpación por clandestinidad que contempla el art. 181, inc. 1º del Código Penal, destinada a despojar al sujeto pasivo de la posesión o tenencia de un bien inmueble (o del ejercicio de un derecho real constituido sobre el inmueble), conforme a las prescripciones del Código Civil y cualquiera sea la forma que tome el despojo, el ordenamiento positivo tutela el derecho de propiedad, especialmente protegido por nuestra Constitución Nacional en su art. 17, imponiendo la norma penal señalada pena a quien transgrede tal dispositivo legal (Juz. Corr. Nº 1 Trelew, 18/12/1998 – C., S. E. y otros; C. Civ. y Com. Trenque Lauquen, 10/5/1991 – D., M.).

Así se ha dicho con razón que, tanto la posesión como la tenencia están protegidas en el Código Civil mediante las acciones posesorias, de donde puede deducirse que el despojo (verbo típico de la figura penal analizada) tiene su naturaleza jurídica en el derecho civil, está protegido en el Código Civil, pero también está resguardado en este art. 181, inc. 1º del Código Penal, cuando el mismo es ejecutado, como en el supuesto de autos, por el agente con clandestinidad, entendida ésta como aquella acción subrepticia que se concreta a espaldas del propietario o legítimo tenedor, por lo general cuando nadie lo ve y por más que no se ejerza violencia alguna para ingresar a la propiedad ajena, tal como aconteciera en autos (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 5º, 27/2/1981 — Duval de Solís, R. I.).— Edgardo

INTRODUCCION[2]

La función del Magistrado en un proceso civil o penal, adquiere su mayor esplendor en el momento de decidir el caso concreto. Que ello sea mencionado deviene imprescindible, a fin de destacar la importante responsabilidad que tiene un Juez de Primera o Segunda Instancia.

Efectivamente me propondré analizar la decisión tomada en un caso que versa su análisis sobre el tipo penal del delito de Usurpación de Propiedad. En mi experiencia vivida hasta el momento en el Juzgado Correccional, se tramitan varias actuaciones de esta índole, pero con la particularidad que varios profesionales letrados confunden los procesos, y radican su petición haciendo real hincapié en los títulos que acreditan su propiedad, cuando en realidad el esfuerzo debería apuntar a otro extremo, es decir al hecho de la posesión[3].

Que a los fines de probar mi tesis, debo en primer lugar denotar que existen importantes diferencias entre los procesos tanto penales como civiles. Que si bien la regla apunta a la diferencia entre ambos procesos, deviene una excepción a ello. Ello consiste en la conexión que advierto en la influencia de la sentencia penal en el proceso civil, contemplado expresamente en el Código Civil. Pero lo peculiar radica en que existe poca o casi nada en relación de la influencia de la sentencia civil en el proceso penal.

La incidencia que fue permitida en primera instancia, y posteriormente en Cámara de Acusación, revela una grave afectación de las Garantías del Debido Proceso Penal. Efectivamente, uno de los fines de la Instrucción Formal o del Procedimiento Sumario, según el sistema adoptado, consiste en recolectar todas las pruebas necesarias a los fines de determinar si existió el hecho investigado y quienes fueron sus autores, ello como premisa básica. En este trayecto toma intervención, el Fiscal, Juez y hasta Defensor.

 PROCESOS DISTINTOS…

En este análisis, se denota una importante manera de encarar la investigación. Según mi sincera opinión en el proceso civil se tiende a una mirada hacia la víctima, en tanto que en el camino penal se tiende al imputado de un delito investigado. El derecho penal, un demandado culpable es castigado por (1) el encarcelamiento en una cárcel o la prisión, (2) multa pagada al gobierno, o, en casos excepcionales, (3) ejecución del demandado: la pena de muerte. La ley civil en contraste, un demandado en el pleito civil nunca es encarcelada y nunca se ejecuta. En general, un demandado perdidoso en el pleito civil rembolsa solamente al demandante por las pérdidas causadas por el comportamiento del demandado. Los daños punitivos supuestos nunca se conceden en un caso civil bajo ley del contrato.

Además en el proceso penal se vuelca la atención en la búsqueda de la verdad material o histórica, es decir, en cuanto a la verdad material, (la forma en que se cometió el hecho delictivo y las personas que participan el mismo) y en cuanto a la verdad histórica ( son los hechos o actos realizados con antelación al acaecimiento del hecho delictivo), el castigo de los culpables y la absolución de los inocentes conforme a la realidad de los hechos y como consecuencia de una investigación total y libre de perjuicios. La reintegración del autor y la seguridad de la sociedad.

Que la presente discusión no fue planteada en este escrito, ni siquiera hace unos años. En realidad esto se ha planteado entre los estudiosos, grandes polémicas acerca de la unidad a dualidad del proceso, y en especial en lo referente al civil y al penal, ya que se trata de establecer si son de dos variantes de un mismo conocimiento o si entrañan concepciones diferentes.

Existe una doctrina, en la cual me encuentro, llamada dualista, sostiene la impasibilidad de la unidad conceptual del derecho procesal, y de que puedan ser sometidos sus problemas a un tratamiento científico unitario.

Florián, al efecto enseña como principios que justifican la dualidad, los siguientes:

  1. a) El objeto del proceso penal afecta una relación de Derecho Público; el civil se dirige de un modo predominante a una relación jurídica privada.
  2. b) El proceso penal es instrumento normalmente indispensable para la aplicación de la Ley penal en concreto, mientras que el civil, no siempre es de necesidad para solucionar relaciones de Derecho privado.
  3. c) El poder de las partes es harto restringida en el proceso penal, cosa que no sucede en lo civil.
  4. d) En el proceso civil, el procedimiento se rige por criterios jurídicos; en el proceso penal, el magistrado tiene que juzgar a personas y muchas veces ha de inspirarse en criterios éticos sociales.

La doctrina moderna se pronuncia por la teoría unitaria del proceso, ya que como lo dice Guasp, no se trata de una mera etiqueta común a realidades distintas en su esencia, sino de una sola e idéntica noción fundamental. Y como lo enseña Carnelutti, el proceso civil y penal son ramas que se separan a buena altura de un mismo tronco.[4]

Algunos autores, consideran que la unidad lo está en que ambos procesos son expresión de la función jurisdiccional, que viene a ser única; pero sin embargo, la aspiración definitiva de formular una teoría unitaria del proceso se halla muy lejos de obtenerse en tanto no se logre la estructuración de una parte general común, lo que es muy difícil de construir, ya que deben de tenerse en cuenta los aspectos privativos y propios de cada uno de ellos.

La necesidad de evitar sentencias contradictorias sobre los mismos hechos impone tener por acreditada la materialidad de los que se han tenido por ciertos en sede penal.- Pero cabe la posibilidad de que al receptarse el sustento fáctico desde una óptica diversa – la atribución de culpa penal o la de responsabilidad civil – los mismos hechos puedan ser interpretados de manera diversa, dando lugar a diferentes soluciones. Y ello es así fundamentalmente en razón de la distinta finalidad de ambos procesos.- El objeto del proceso penal es imponer una sanción, mientras que el del proceso civil es condenar a una reparación.- Pueden darse conductas que son insuficientes para fundamentar una condena penal, pero pueden considerarse suficientes para fundar la obligación de resarcir, puesto que en este último caso juega la atribución objetiva de responsabilidad que impone el art. 1113 del C. Civ.

El punto en común entre ambas ramas radica en que reglamentan el derecho de fondo, es decir el civil y el penal. Los Códigos de Procedimiento son los que las regulan, dictados por las provincias.

En el Derecho Procesal Penal la investigación está en cabeza del Estado -Derecho Público- siendo o un juez de instrucción o un fiscal, según el sistema que se adopte, el  que lleva la investigación, prescindiendo de que las partes actúen o no. En el fuero civil, las partes deben impulsar el proceso, demandando, contestando, citando, presentando, aportando y produciendo prueba.

En el proceso penal las bases son inquisitivas, el estado acusa y condena.
En el civil las bases son acusatorias, el juez falla según lo que las partes aportan.

LA CARGA DE LA PRUEBA

En la parte penal dicho deber está siempre en manos del Estado. El estado debe probar que el demandado es culpable. El demandado se asume que es inocente; el demandado no necesita probar nada. En el ámbito civil la carga de la prueba está inicialmente en el demandante. Sin embargo, hay un número de situaciones técnicas en las cuales la carga cambia de puesto al demandado. Por ejemplo, cuando el demandante ha hecho un caso del prima facie, la carga cambia de puesto al demandado para refutar o para refutar la evidencia de demandante. En el pleito civil, el demandante gana si la preponderancia de la evidencia favorece a demandante.

 La prueba del juicio penal y su influencia en el juicio civil

Lo interesante de la presente investigación radica que existe profusa bibliografía respecto a la influencia inversa, es decir la sentencia penal en el proceso civil. Pero muy poco de lo contrario. Quizás es por lo expuesto precedentemente, o más bien que al ser la principal meta penal la verdad real de los hechos, surja como elemento legitimo para servir de elemento en otros procesos. Que a los fines de conocer la opinión de la Jurisprudencia en torno a lo referido, se dijo que:

 La absolución en sede penal no empece a la apreciación de la misma prueba para determinar la existencia o concurrencia de la culpa del demandado en la justicia civil, no resultando indispensable el aporte de nuevos elementos de juicio.[5]

Con los mismos elementos de prueba, se puede absolver al demandado por no haberse probado su responsabilidad penal en un accidente de tránsito y adoptarse una decisión inversa en orden a la responsabilidad civil del mismo, ya que la responsabilidad penal y la civil no se confunden, porque se aprecian con criterio distinto y por consiguiente puede afirmarse la segunda aunque se haya establecido la inexistencia de la primera.[6]

La responsabilidad penal y la civil no se confunden, porque se aprecian con criterio distinto y, por consiguiente, puede afirmarse la segunda aunque se haya establecido la inexistencia de la primera.[7]

La responsabilidad penal y la civil no se confunden, porque se aprecian con criterio distinto y, por consiguiente, puede afirmarse la segunda aunque se haya establecido la inexistencia de la primera, por lo que con los mismos elementos de prueba se puede absolver al demandado por no haberse probado su responsabilidad penal y adoptarse una decisión inversa en orden a la responsabilidad civil del mismo.[8]

No impide en esta sede merituar los alcances de la responsabilidad que cabe a los protagonistas del accidente. Ello es así por el principio de que la culpa civil y penal no se confunden. Conductas que en sede penal no son causas de imputación de un delito o cuasidelito, en el orden civil, pueden originar responsabilidades[9].-

La prueba testimonial producida en el juicio civil no puede tenerse en cuenta en el proceso penal si no fue legalmente incorporada a  éste, dado que equiparar jurídicamente testimonios producidos en un juicio civil con los que debieron recibirse en autos en función de distintas normas procesales, con diferentes partes, objetos y controles, sería violatorio del sistema de los arts. 136 y siguientes y 242 y siguientes -y concordantes- del C.P.P..[10]

Dictada sentencia penal condenatoria, no se puede discutir en el juicio civil, la existencia del hecho principal que constituye delito, ni impugnar la culpabilidad del condenado (art.1102 del Código Civil), sólo es posible dosificar su responsabilidad, si a su vez, hubo negligencia de la otra parte, configurándose culpa concurrente. El hecho principal, no se refiere exclusivamente al accidente en sí, y la figura se complementa con todos los detalles fácticos que fueron valorados en sede penal, fundando la condena del imputado[11].

La ACTIVIDAD fiscal, ¿porque no se la tuvo en cuenta y si a un expediente civil?

Dice la Ley de rito que: La Instrucción[12] tendrá por objeto:

1) COMPROBAR SI EXISTE UN HECHO DELICTUOSO, MEDIANTE TODAS LAS DILIGENCIAS CONDUCENTES AL DESCUBRIMIENTO DE LA VERDAD;

 2) ESTABLECER LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO CALIFIQUEN, AGRAVEN, ATENÚEN;

3) INDIVIDUALIZAR A LOS PARTÍCIPES;

 4) VERIFICAR LAS CIRCUNSTANCIAS Y CALIDADES PERSONALES DEL IMPUTADO EN EL SENTIDO DE LOS ARTÍCULOS 40 Y 41 DEL CÓDIGO PENAL;

5) COMPROBAR LA EXTENSIÓN DEL DAÑO CAUSADO POR EL DELITO, AUNQUE EL DAMNIFICADO NO SE HAYA CONSTITUIDO EN ACTOR CIVIL:

 6) IMPEDIR QUE LOS DELITOS COMETIDOS SEAN LLEVADOS A CONSECUENCIAS ULTERIORES.”

Ubicado el momento procesal en el que se pronuncia el Tribunal de Apelación, es decir en el momento de Procesamiento, es decir momentos previos a la iniciación del camino para elevar a Juicio, llama la atención el hecho de que no se halla destacado la opinión del Fiscal sobre la prueba del expediente civil. SI bien estamos hablando de un proceso de Instrucción Formal[13], en donde el Juez se constituye investigador, como así también las partes, Fiscal y Defensor pueden proponer pruebas, se baso como determinante en un solo elemento. Cada delito debe ser investigado mediante el proceso penal cuyos fines se hallan adscriptos precedentemente. Por ello no puedo soslayar ninguno de ellos. Imagínese que se hubiese olvidado alguna agravante o atenuante. EL inc. 1° define lo principal del problema. Hubiese sido recomendable que el tribunal de impugnación se expidiera sobre la forma de investigar por parte del Juez de Primera Instancia, es decir la forma de llegar a la convicción de que se configuraría los extremos requeridos por el delito de Usurpación de propiedad[14].

El nuevo papel del Fiscal Penal, en el Nuevo Código Procesal Penal que entra en vigencia el próximo 6 de Junio del 2012, resolverá en gran parte este problema. Al ser el dueño de la acción, dentro del escenario del Sistema Acusatorio, será el exclusivo investigador de todos los hechos traídos a su conocimiento. Que por ello, la única tarea del Juez será simplemente decidir.

Considero que el Derecho es solo uno, y que a los fines de un mejor tratamiento de cada problemática es recomendable la división en ramas, desembocando en la especialización. Cada proceso, sea civil, penal, administrativo, etc. tiene diferentes tiempos, principios y regulaciones. Que al momento de considerar una Resolución obtenida en alguno de los procesos mencionados, no debe considerarse como verdad absoluta en los otros, sino que deberá ser corroborada y ser adecuada a los fines de ser insertada en el proceso de otra especie. Que ello es simple, al hablar de fracciones aritméticas, un chico de nivel primario no se encontraría en condiciones de comprender de lo que hablo a diferencia de un adolescente de educación secundaria. Para ponerlos en condiciones de igualdad deberé volcar mi mirada en el infante y por ende, trabajar con el mismo para establecer las bases a los fines de que pueda comprender el tema.

CONCLUSION

A esta altura de la exposición, me sobran bastantes argumentos como para poder concluir que en el fallo analizado no se respetó el proceso penal desde dentro del contexto del respeto a las garantías del Debido Proceso. Que analizando si corresponde atribuirle el grado de convicción a la prueba del expediente civil en el proceso penal, desembocamos y denotamos que el problema de fondo se basa en la concepción del proceso penal.

Que al traer desde el ámbito civil la conclusión acerca de cómo ocurrieron los hechos para el Juez Civil indirectamente se recortó el camino investigativo del procedimiento penal, sin siquiera considerar las demás pruebas que hubiesen presentado la Defensa.

No obstante que la Cámara de Acusación, habiéndose pronunciado sobre un procesamiento y ratificando lo decidido por el juez de primera instancia, debió antes de analizar el fondo de la cuestión, indagar sobre el cumplimiento de los objetivos que debe tener una investigación en un proceso instrucción formal contemplada expresamente en el Código Procesal Salteño.

Creo que la Defensa incurrió en el error de tratar de rebatir los argumentos que traía el expediente de desalojo civil. En vez de asentirlos, hubiere en sí mismo cuestionado la validez de esta prueba, como así también haber presentado otros datos que sirvan en apoyo de su postura. Otra vía hubiese sido haber rebatido la convicción otorgado por el magistrado a la prueba del expediente civil.

Con ello y habiendo demostrado las grandes diferencias existentes entre los procesos penales y civiles[15], sobre todo en el descubrimiento de la verdad real de los hechos, la prueba de un expediente civil no debiera ser de un grado definitivo al momento de comprobar un hecho, sino más bien que debe ser complementado con otros elementos. Quizás ser un indicio, o bien un poco más que ello en el momento de confeccionar la decisión.

Sin ánimo de ser extremista, las Garantías Penales habrían sido menospreciadas al dar por cierto un hecho que debería haber sido trabajado, a fondo, desde el ámbito penal. Debo aclarar que hago hincapié en ello, ya que no se menciona otra prueba más. El Derecho de Defensa Constitucional resulto menospreciado al haber demostrado, en sede penal el hecho de si existió o no la usurpación. ¿Qué hubiera ocurrido si el hecho no hubiera sido así? ¿Y si falto agregar unas pruebas más, que no se alcanzó a adjuntar? ¿Entonces, debo asignar con un total valor de verdad lo dicho por el Juzgado civil?

Con esto no se degrada el proceso civil, sino que son campos de juegos diferentes con reglas diferentes. Es como si a una persona lo invito a jugar futbol, y empieza a tocar la pelota haciendo remates propios del vóley.

¿Que es lo “debidamente probado en un proceso de desalojo regular y legítimo”[16]? Efectivamente, probado pero en un proceso civil de acuerdo a sus reglas. Es necesario, pero no suficiente como para ingresar al proceso penal.

Que de la experiencia recabada por quien escribe, noté que en la mayoría de las veces los letrados penales se preocupan más por demostrar el derecho a la posesión, que a la posesión misma. En tanto que en el proceso civil se apunta más a la presentación de títulos que justifiquen la posesión.

Que la clandestinidad se desprende de los expedientes civiles arrimados a la causa… Pregunto ¿y las pruebas arrimadas por las partes? ¿El Fiscal encargado de recolectar pruebas?

En varias partes del fallo[17], se observa que se está formando una convicción desde el ámbito civil. Cuando lo que en realidad debería llevarse adelante es completar cada escalón de la teoría del delito, es decir conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad[18].

Unas mínimas palabras al párrafo que reza “Artículo 2351. Habrá posesión de las cosas, cuando alguna persona, por sí o por otro, tenga una cosa bajo su poder, con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad”. En tanto que la Cámara agrega: “con independencia de la ocupación efectiva por parte de su titular”. Creo que es una cuestión de hecho, es decir que se refiere con efectiva. Precisamente, cortando el pasto? Cercando el lugar? O comprarlo mediante bolete de compraventa e irme de vacaciones por varios meses?

Por todo ello es que considero que, y atento el mayor de mis respetos a los magistrados de la Cámara de Acusación Penal, que no debe incorporarse con un valor absoluto lo resuelto en una sentencia civil. Curiosamente existe bastante legislación respecto de la incidencia del proceso penal al civil, pero no a la inversa. Intenté demostrar la división que existe entre los procesos y considerando que por algo se regulan por vías diferentes. Además existen otros tipos de pruebas contundentes en el momento de la decisión de un magistrado, un documento de identidad, una escritura, una pericia, entre otras todas son consideradas pruebas contundentes. Pero las presunciones, declaraciones testimoniales, entre otras requieren de otras vías confirmatorias. Creo que cada vía debe ser respetada y por separado su tramitación. En la provincia de Salta, dentro de la acción penal, la victima puede constituir una actoría civil, pero ojo!, ello respetando el camino trazado por el Código Procesal Civil Salteño.

[1] Abogado. Funcionario Judicial en el Poder Judicial.

[2] Que a los fines de una mejor ilustración de lo ocurrido en el hecho investigado, se inició mediante el Procedimiento llamado de Instrucción formal que tiene la particularidad de ser investigado principalmente por el Juez de Instrucción. Que el momento culmine de esta parte reposa en el llamado Procesamiento, siempre y cuando exista elemento de convicción suficiente para concluir en tal sentido. Que luego tal Resolución Judicial fue apelada por la Defensa del imputado. Art. 295 CPP: “En el término de quince días a contar desde la indagatoria, el juez ordenara el procesamiento del imputado, siempre que haya elementos de convicción suficiente para juzgar que existe un hecho delictuoso y que aquel, es culpable como partícipe del mismo. En el caso en que hubiere varios imputados, el termino se contara desde la última indagatoria”

[3] “Será reprimido con prisión de seis meses a tres años: 
1) el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a sus ocupantes;
2) el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo; 
3) el que, con violencia o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble”.

[4] No obstante esta postura, sostengo que si bien comparten un mismo tronco existe una separación en definitiva, por algo se separan.

[5] (Suprema Corte de Bs.As. 1-7-86, “Pierdom‚nico, Nelson Roberto c/ Pawicich, Daniel Alberto y otros s/ Daños y perjuicios”).

[6] (Suprema Corte de Bs. As. 21-9-84, “Aspron, José‚ Hernán c/ Magaña de Coppola, Hebe Rosario y otro s/ Daños y perjuicios”).

[7] (Suprema Corte Bs. As., 30/10/1984, – “Juárez de González, Zenona V. v. Bustos, José L. y otra”).JA 1986 – I – 175.

[8] (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 20/11/1996, “Santillán, Omar E. c. Banco Local Cooperativo Ltdo.”, LLBA, 1997-12.

[9] (Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala 1º, “Aguirre Tomas c/ Cerra, Silvia s/ Daños y Perjuicios” ).

[10] (Suprema Corte de Bs.As., “M., J. s/ Inf. arts. 1 y 2 ley 13.944”).

[11] (Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, 0102, 3/11/1989, – González, Sergio C. v. Di Iorio, Juan J. A. y otros s/ Daños y perjuicios).

[12] Art. 189 Código Procesal Penal de la Provincia de Salta.

[13] Hasta el día 6 de Junio del año 2012 se encontraba en vigencia un Código que contenía un sistema mixto: por un lado la instrucción Formal, comandada por el Juez, y por otro lado el Procedimiento Sumario, que tenía como director de investigación al Sr. Fiscal Penal, y que una causa tenia recepción en una u otro modo, en base al monto de pena genérico del delito investigado, el limite lo constituía la pena de cinco años de prisión.

[14] Soler, Sebastián: Derecho Penal Argentino, Tomo IV, Ed. Tea, Buenos Aires, 1963.

[15] Espero haberlo logrado.

[16] Frase extraída de los fundamentos de la Cámara Penal.

[17] Un breve comentario que no puede dejar de hacerse, pasa por poner de relieve que no se explica cómo los encartados han vivido en la zona tanto tiempo sin normalizar la situación de ocupación de un inmueble que registralmente figuraba a nombre de Albornoz, Leoncio, que luego fue adquirido por el padre del denunciante Enrique Teobaldo Sosa, mediante el trámite de Posesión Veinteañal (Expte. Nº 2661/03), para finalmente prosperar un juicio de Desalojo en su contra (fs. 155/156 vta.), en el que previamente se han acreditado los derechos del demandante sobre la posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida por más de veinte años sobre el bien que nos ocupa, resultando a todas luces extemporáneo el propósito de iniciar una demanda de Prescripción Adquisitiva (acápite III, inc. e) del recurso de apelación), respecto de un inmueble que ha sido sometido a una multiplicidad de procesos judiciales para dirimir una situación dominial que hoy reposa en los derechos que le asisten al denunciante.

 [18] Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro, Derecho Penal. Parte general, 2ª ed. Ed. Ediar, Buenos Aires, 2002.

1 Comentario
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